Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe, se generan cerca de 231 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Al menos un 20 por ciento corresponde a materiales que pueden reciclarse, como cartón, papel, metal, vidrio y plástico, pero sólo se recupera un 5 por ciento.

De acuerdo al diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, elaborado por el Banco Mundial, los distritos que más basura generan son Buenos Aires (19.665 Tn/día), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.792 Tn/día), Córdoba (3.780 Tn/día) y Santa Fe (3.525 Tn/día). En promedio, hablamos de entre 1 y 1,5 kilo de basura por día por habitante.

Los distritos que más basura generan son Buenos Aires (19.665 tn/día), CABA (5.792 Tn/día), Córdoba (3.780 Tn/día) y Santa Fe (3.525 Tn/día).

Desde su espacio de difusión, la agencia de noticias Tierra Viva, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena compartieron lo que se viene trabajando en el Cogreso en relación al debate de esta nueva legislación de reciclado de envases con una mirada de inclusión social de los recuperadores urbanos.

El proyecto propone recomponer el daño ambiental que producen los envases que no son reciclados, entendiendo que la problemática de la basura afecta no sólo al suelo y al agua sino también a la salud de las personas.

El proyecto prevé la conformación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases (Sinage), dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente, que será la autoridad de aplicación de la norma. El Sinage implementará programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases y la articulación y coordinación con los Sistemas de Gestión Local (SGL) para la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo.

Establece un plan de integración social de recuperadores, y será Ambiente quien lleve adelante un registro nacional de trabajadores recicladores.

“La responsabilidad extendida del productor vuelve a discutirse al calor de la organización del movimiento cartonero, que cuenta además con el apoyo de organizaciones ambientalistas y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), apoyados por organizaciones como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, presentaron este martes un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y envases post consumo”, aseguran desde Tierra Viva.

Entre otros aspectos, por la ley se espera que los Sistemas de Gestión Locales, que serán elaborados por municipios u otras entidades, deberán contemplar un plan de integración social de recuperadores, mientras que será el Ministerio de Ambiente quien lleve adelante un registro nacional de trabajadores recicladores.

Además, establece que todos los sistemas de gestión de envases son “servicios públicos esenciales” y propone crear el Registro de Envases o Embalajes donde se inscribirá el tipo de recipiente y su material, para evaluar su impacto sobre el ambiente. Esta inscripción será obligatoria para los productores tanto para envases y embalajes nuevos, como para los que ya existen en la cadena de comercialización. De esta manera, la ley promueve la reducción de la fabricación de envases nuevos y al mismo tiempo, la revalorización del material reciclable.

La introducción de un Registro de Envases es el primer punto para establecer en la norma el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero además se propone crear una tasa ambiental sobre los productos alcanzados por la ley, que no supere al 3% del precio de venta del producto envasado y logre una protección mínima ambiental. Lo recaudado por esa tasa ambiental creará un fondo destinado a solventar los Sistemas de Gestión Local.

La particularidad del proyecto es que propone la integración prioritaria en la cadena de gestión de los residuos a las y los trabajadores cartoneros y recicladores, y que vuelve a poner en agenda el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este principio está presente en la Ley General del Ambiente, que establece que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición”.

Destacado

Entre otros aspectos, por la ley se espera que los Sistemas de Gestión Locales, que serán elaborados por municipios u otras entidades, deberán contemplar un plan de integración social de recuperadores, y será el Ministerio de Ambiente quien lleve adelante un registro nacional de trabajadores recicladores.

El Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FGE) tendrá carácter de fideicomiso y quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, que será el encargado de distribuir los fondos para financiar el circuito de reciclado a nivel local. El fondo se nutrirá de la tasa ambiental, de las sumas asignadas por el Presupuesto nacional y aportes que genere la cartera de Ambiente, a través de programas internacionales, donaciones u otras estrategias de financiación.

El incumplimiento de la norma por parte de la industria (no registrarse en el REP o no cumplir con el pago de la tasa ambiental) sería sancionado con apercibimiento o multa de entre 1 y 200 sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, la suspensión de la actividad entre un mes y hasta un año o el cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones.