Las críticas a la idea del Gobierno de despenalizar el consumo de drogas siguieron acumulándose ayer. Los sacerdotes de las villas miseria metropolitanas dieron a conocer una carta que le enviaron a la presidenta Cristina Fernández en la que cuestionan la iniciativa y señalan que “al no haber una política de educación y prevención de adicciones intensa, reiterativa y operativa se aumenta la posibilidad de inducir al consumo”.

La carta fue entregada el 1° de septiembre, antes de la polémica, tras un acto por la firma convenios que permitirán que los centros comunitarios de las villas reciban fondos. El texto se conoció ayer, tras el debate que abrió el coordinador de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina, cuando señaló que se debería “habilitar el consumo de todo”, en relación a la tenencia personal de estupefacientes.

En diálogo con Clarín, Gustavo Carrara, uno de los 19 sacerdotes que firmaron la carta entregada a Cristina por la Pastoral de las Villas de Emergencia, aclaró que el texto no se propuso polemizar sino aportar al debate, y que de ninguna manera ocupa el lugar que tiene la palabra de la Conferencia Episcopal Argentina. “Nos pareció necesario mostrar cómo se ve la problemática desde nuestros barrios”, explicó Carrara, al frente de la parroquia Santa María Madre del Pueblo del Bajo Flores.

En el documento, que también lleva la firma de José María Di Paola, el padre Pepe, se señala que “las drogas no dan libertad, sino que esclavizan. La despenalización a nuestro parecer influiría hoy en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”. En esa línea, el documento se pregunta: “Antes de plantear una ley así: ¿no sería mejor que para ese momento hayamos concientizado a la sociedad que no está bueno ni es saludable consumir drogas? ¿Que hayamos tejido una red asistencial?”.

En esa línea, el texto afirma que “al mismo Estado le cuesta hacer pie en nuestros barrios”, si bien reconoce que están poniendo en marcha algunas políticas como la creación de las Casas Educativas Terapéuticas (CETS) y los Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CEPLAS). Pero los curas dejan en claro que las redes de contención recién se están empezando a desplegar y que muchas veces el narcotráfico se aprovecha de la precariedad en los asentamientos.

La ONG “Madres guiando la vida contra el paco”, que trabaja en barrios de emergencia, también salió al cruce de la iniciativa del oficialismo. “Argentina no está preparada para cuidar a nuestros hijos. A nadie les importan los chicos y esta decisión de Molina es la palabra de un Estado que está ausente”, cuestionó María Isabel Rego, titular de la ONG.

También se conocieron declaraciones de la presidenta del bloque de diputados nacionales del GEN, Margarita Stolbizer: “Argentina no tendría el grave problema de drogas (...) si no fuera por la falta de controles y las complicidades en los más altos niveles del Gobierno, al punto de haber recibido aportes de campaña de los empresarios de la efedrina”.