Las negociaciones por un terreno de 32 hectáreas entre el intendente de Cafayate, Fernando Almeda, y la empresa Pernod Ricard todavían generan controversia (ver link). En ese marco, en las últimas horas Radio Cafayatedifundió un comunicado de la Unión Cívica Radical, con las respectivas firmas de su presidente, Miguel Nanni; de la senadora provincial por el municipio, Ana Guerra; y por los tres concejales cafayateños, Sergio Saldaño, Ana Quintela y Rodrigo Chocobar.

De esta forma, el radicalismo cuestiona la usurpación de los terrenos por parte de Pernod Ricard y exige el retorno de las tierras al municipio. Por otra parte, la Carta Abierta de la UCR significa una derrota política para Almeda, ya que necesita dos tercios de los votos del Concejo Deliberante para aprobar la maniobra, y sólo cuenta con cuatro ediles que le responden.

El comunicado:

Al pueblo de Cafayate y a la opinión pública en general

Ante los sucesos de dominio público, relacionados con las 32 hectáreas, denominadas pista de aviación, y pertenecientes a la Municipalidad de Cafayate, la Unión Cívica Radical Departamental y quienes ostentan cargos legislativos en su representación, creen necesario dejar aclarada su posición al respecto, atendiendo a la importancia y magnitud de la situación.

 -En primer lugar y en total apego a las leyes y al derecho, entendemos, tras un largo y exhaustivo análisis de la documentación existente, que no existe duda alguna de la legítima propiedad de la Municipalidad de Cafayate sobre el predio identificado con la matrícula 2078, cuya Cédula Parcelaria así lo indica al día de hoy.

 -Entendemos también, que hasta aquí, existe de manera clara y evidente una usurpación de esas tierras municipales desde hace 16 años por parte de la empresa Pernod Ricard, lo que la deja en una posición de irregularidad y de ocupación ilegal de lo que expresamente no le pertenece, según toda la documentación existente.

 -El hecho de invadir un espacio que no le pertenece, por parte de cualquier persona o entidad, posiciona al invasor por fuera de la ley. En este caso, esto está claramente demostrado en el hecho de que no existe ningún reclamo judicial por derechos sobre las 32 hectáreas realizado por la empresa Pernod Ricard, ni amparo dado por la justicia en este sentido, por lo que no se entiende bajo qué pretexto o argumento, la empresa se posicionó en el lugar, clausurando, además, un camino provincial, generando un despojo del patrimonio municipal y provincial y evidentes daños al levantar el cercado perimetral que poseía el espacio público. Junto con ello, procedió al plantado de viñedos en el lugar, iniciando una explotación ilegal que agrava su posición de total desapego al Estado de Derecho.

 -Que ante esa ocupación ilegal, las actuales autoridades municipales incumplieron y desoyeron expresos mandatos del Concejo Deliberante de Cafayate en el sentido de intimar a la usurpación a desalojar las tierras y tomar posesión real del predio, esto primero en el año 2013 y luego ratificado en abril del presente año, lo que vulnera seriamente el funcionamiento de las instituciones democráticas legítimamente constituidas, ingresándose en el terreno del incumplimiento de los deberes de funcionario público, al hacer caso omiso y más grave aún, actuar en sentido contrario de los dispuesto legalmente.

 -Que en el marco de la situación de conflicto social existente en nuestra ciudad por las 32 hectáreas, se han conocido públicamente acciones poco claras tendientes a subvaluar las tierras municipales y sobrevaluar tierras privadas, claramente de menor valor, con el ánimo de un canje desfavorable a los intereses públicos cafayateños. Que de ninguna manera pueden aceptarse o avalar acciones o intenciones espurias que tiendan a la enajenación de bienes municipales en condiciones que lleven a la pérdida de valor del patrimonio municipal.

 -Que no pueden aceptarse “negociaciones amigables” mientras exista un total estado de ilegalidad de una de las partes, en este caso Pernod Ricard. Entendemos que solo podría llegarse a esa instancia de negociación, existiendo un ánimo de sinceridad conciliatoria que, a nuestro entender, comienza por salir del estado de ilegalidad y usurpación existente, reponiendo de pleno derecho y uso las tierras a su legítimo propietario, en este caso la Municipalidad de Cafayate, para que luego, en un marco de normalidad y regularidad juridica, se puedan analizar propuestas de canje o venta del patrimonio público.

-Actuar en contrario a lo expresado anteriormente es avalar el atropello a derechos, garantías y obligaciones que cabe a cada integrante de la sociedad. No puede legitimarse un delito “con acciones de buena voluntad” ante un manifiesto y flagrante estado de irregularidad juridica de quien toma ilegítimamente lo que no es suyo, lo que en el lenguaje cotidiano se denomina “robo”. Menos aún puede darse apoyo a  negociaciones que afectan el interés colectivo, el patrimonio municipal y este caso puntual,a los sectores más desprotegidos de la sociedad cafayateña.

 -Desde el inicio de nuestro partido, hace más de 100 años, las banderas y ahora legado doctrinario de sus fundadores, Alem e Irigoyen, fue actuar en defensa del Estado de Derecho, de apego a las leyes y de encaminar toda acción dando prioridad a los “desposeídos”, a los desprotegidos. En ese camino la Unión Cívica Radical de Cafayate actuará en estas circunstancias.

-Por todo ello:

Las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical de Cafayate y quienes en su representación ostentan cargos legislativos, señalamos que no avalamos ni apoyaremos negociaciones de ningún tipo, mientras existan estados de ilegalidad manifiestos y que tiendan a la pérdida del patrimonio municipal bajo condiciones desfavorables al interés público, que afecta y afectaría a las actuales y a las futuras generaciones, instando a la empresa Pernod Ricard a abandonar el estado ilegal de usurpación de una propiedad municipal, restituyéndola, de pleno derecho, a su legítimo propietario , para recién entonces, iniciar acciones de buena voluntad que permitan analizar canjes o ventas, salvaguardando siempre el capital público de la Municipalidad de Cafayate, sin desvalorizaciones ni pérdidas que afecten el patrimonio de todos los cafayateños.