El único condenado por el homicidio de María Marta dice que se vulneraron sus derechos en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia.
La demanda, presentada el pasado 8 de febrero y comunicada por esas fechas por su abogado a las autoridades judiciales argentinas, está registrada con el número P-162-10 en la CIDH, que aun debe decidir si la admite a trámite.
Carrascosa, que en 2009 fue condenado por una corte de casación a prisión perpetua por el homicidio de su esposa, después de haber recibido una condena por encubrimiento por el mismo hecho en 2007, alega que muchos de los derechos y garantías del "debido proceso legal" contemplados en la Carta Interamericana han sido violados en su caso.
El único condenado por el homicidio de María Marta García Belsunce, que aguarda en prisión el resultado de un recurso presentado ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, dice que se vulneraron sus derechos en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, la libertad personal, el proceso público, la impugnación del fallo condenatorio y el requisito de independencia e imparcialidad exigido al tribunal, entre otros.
"La actuación de la justicia argentina en este caso ha sido definitivamente mala", sostuvo en una conversación telefónica con Efe el abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón.
Los dardos de la demanda apuntan principalmente a la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y al fiscal Diego Molina Pico, al que se acusa de haber utilizado los medios de comunicación para volcar a la opinión pública contra Carrascosa y de ese modo presionar a los jueces.
UN CASO NOVELESCO. El crimen de María Marta García Belsunce, registrado en octubre de 2002 en su casa del selecto "country" Carmel, en las afueras de Buenos Aires, sigue siendo un misterio, pese a la condena de su viudo.
Está demostrado que García Belsunce, hallada muerta por su esposo y una masajista en la bañera de la casa, fue atacada por varias personas y recibió cinco balazos en la cabeza, pero poco más.
En un principio el caso se presentó como una muerte accidental.
La autopsia se realizó un mes después de su muerte y muchas de las pruebas de los peritos también tuvieron lugar con mucho retraso. Hasta hoy no se ha hallado el arma homicida y ninguna de las manchas de sangre que quedaron en el lugar del crimen, que indican la presencia de varias personas no identificadas, corresponde al hoy condenado.
La demanda es un relato en primera persona de Carrascosa, de 66 años, quien acusa a Molina Pico de "tergiversar pruebas" y "ensayar conjeturas" sobre el supuesto móvil del crimen y hace seis peticiones a la CIDH, empezando por la de declarar admisible la demanda.
También le pide que "oportunamente" declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en cincos artículos de la Carta Interamericana, y que "ordene cesar las violaciones de los derechos humanos" y reparar los derechos conculcados.
"En consecuencia", reclama que se ordene "inmediatamente" su libertad, la anulación de la sentencia condenatoria y la absolución de culpa y cargo, así como "una adecuada reparación económica por los daños y perjuicios sufridos".
En la demanda, Carrascosa menciona que Molina Pico llegó a sembrar la sospecha de que él tenía vínculos con el cartel de Juárez a partir de un anónimo que dijo haber recibido.
Tal hipótesis, luego retirada por el propio fiscal, dejó "su huella indeleble en la opinión pública, a la que los jueces argentinos no son para nada indiferentes", señala el demandante.
Las acusaciones contra el fiscal se refieren además a cuestiones de procedimiento, como el hecho de que al final del juicio mantuviera dos hipótesis alternativas: que Carrascosa fue el homicida y al mismo tiempo el encubridor del homicida.
Finalmente, el tribunal del juicio oral, con el voto en contra de uno de los tres jueces, que defendía la absolución, condenó a Carrascosa como encubridor, pero el fiscal presentó un recurso a la cámara de casación, que tiene como función velar porque no haya errores en la aplicación del derecho.
La cámara acabó condenando a prisión perpetua al viudo de García Belsunce como homicida con el agravante del vínculo matrimonial.
"Esperamos que ésto (la demanda) sea un acicate para hacer las cosas bien. Argentina siempre suele respetar los criterios de los organismos internacionales", dijo el abogado.
Díaz Cantón manifestó su confianza en que "la gravedad y la índole" de las denuncias incluidas en la demanda lleven a Argentina a buscar una solución amistosa en el marco de la Comisión.
"Carrascosa tiene 66 años y no tiene mucho tiempo para esperar", subrayó.
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