Según las normas que regían hasta el jueves, difundir las condiciones en las que vive un integrante del Plan de Protección de Testigos era considerada una irregularidad grave. Las leyes sobre el tema determinaban que ni los funcionarios a cargo de esas personas que aportaron información valiosa para develar casos de narcotráfico, trata de personas, delitos de lesa humanidad, lavado de dinero, o corrupción, debían ser custodiadas para que sus vidas no corran peligro.

Son decisiones de la Justicia que el Estado tenía la obligación de cumplir. Ya no. O no se sabe. Esas mujeres y hombres, muchos de ellos delincuentes confesos, arriesgaron su vida, y la de su familia, para ayudar a los investigadores judiciales a develar tramas de crímenes, tal como corroboró la Justicia. Esos procesos tuvieron deselances delicados. Gente que terminó presa. Otros que podrían ir a prisión. Y muchos más a los que las declaraciones de los “arrepentidos” les arruinaron sus negocios clandestinos.

Los riesgos potenciales de los delatores, que por pasar a ser “arrepentidos” o por simples testigos de delitos de otros, obtienen beneficios otorgados por Justicia. Por ejemplo, pagos para vivir una nueva vida, aunque restringida y bajo vigilancia y con poco control de las libertades personales, y las de los familiares directos, entre otras variables. Uno de ellos se mudó al extranjero. Así estaría más seguro que viviendo en el mismo país que sus enemigos. Los gastos corren por cuenta del Ministerio de Justicia.

Esta semana, en Argentina se demostró una vez más que el Gobierno es también el Estado. Entre los testigos en peligro se encuentran muchos de los “arrepentidos” que afectaron la situación procesal de la ex y actual gestión K. Chocaron intereses. No prevaleció el que determinaba la responsabilidad de las autoridades de turno para evitar que otras vidas corran potenciales riesgos. Pesó más la molestia que significa para un Gobierno cuidar a quienes atestiguaron en contra de “compañeros” hoy presos. Esta acción se concatena a otras que apuntan al mismo fin. Ante información divulgada que debería ser confidencial sobre la nueva vida de parte de los integrantes del “Programa de Protección de Testigos e Imputados”, sumadas a operaciones de prensa y judiciales para, según los afectados, perjudicarlos, decidieron cuidarse por sus propios medios que quedar bajo resguardo de vigiladores que no son imparciales. O, como mínimo, ineficientes.

El “Programa de Protección de Testigos”, tal como se lo conocía, no existe más. Varios arrepentidos “célebres” prefirieron anunciar que se cuidarían solos antes de seguir bajo amparo de un Estado al que consideran amenazante. El ala cristinista del Gobierno derogó un decreto que nunca se puso en práctica. Había sido elaborado por la gestión de Macri, para que el Programa fuera autónomo del Ejecutivo. Sigue ahora bajo control del Ministerio de Justicia.

Todo pasó luego de que un sitio web autoidentificado con Cristina Kirchner publicara primero información que por ley debiera ser confidencial de dos “arrepentidos” célebres. Se dieron a conocer datos secretos del supuestamente protegido Leonardo Fariña, imputado colaborador que ayudó a develar la trama de la causa de lavado de dinero conocida como La Ruta del Dinero K. También se publicó información clasificada, y hasta fotos, de uno de los domicilios “seguros” en los que pasó a vivir el ex remisero Oscar Centeno, autor de las anotaciones que fueron el esqueleto crucial del caso conocido como Los Cuadernos de las Coimas​.

El desenlace final ocurrió cuando la misma web K divulgó el legajo -también reservado- de Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido en las causas judiciales que complican al ex vicepresidente Amado Boudou. Esa web acusó a Vandenbroele de haber declarado en contra de Boudou instigado por un pago ilegal de la gestión macrista que le permitió comprarse un hotel boutique. En diálogo con Clarín, Vandenbroele negó que sus dichos como “imputado colaborador”, aceptados por el juez federal Ariel Lijo, sean producto de una ambición financiera basada además en pagos ilegales. “Declaré sin ser coaccinado por nadie, y nadie me compró un hotel boutique. Alquilé con ayuda de mi familia un terreno que tenía una casa y una posada con dos habitaciones”, se quejó.

El arrepentido sí aceptó haber cobrado plata del “Programa de Protección de Testigos” porque así lo estipula la ley que creó ese plan. Vandenbroele anunció ante la Justicia, el jueves, que dejaba el Programa de Protección de Testigos e Imputados. Impulsará una denuncia para saber quién y cómo se filtró su legajo confidencial. Considera que todo su infortunio es parte de un plan más amplio para atemorizar al resto de los arrepentidos, desacreditarlo a él en forma personal para beneficiar al reo Boudou, y también para intentar evitar qeu nuevos testigos o imputados en casos de corrupción decidan contar lo que saben a cambio de beneficios procesales.

Vandenbroele fue condenado en el juicio oral del caso Ciccone, en el que confesó durante cuatro horas miles de detalles de las operatorias que realizó para generarle negocios ilegales a Boudou vía su mejor amigo y socio, el millonario súbito y también preso José María Núñez Carmona. Además de las filtraciones de su legajo secreto, Vandenbroele fue acusado, sin pruebas, de ser un arrepentido comprado por el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, el camarista federal Alberto Lugones.

Al día siguiente de que Vandenbroele se defendiera en los medios de las acusaciones en su contra, el Gobierno derogó un decreto de Macri que cambiaba ese plan para independizarlo del Poder Ejecutivo. Ese mismo día, el secretario de Justicia, Juan Mena, entró con un escribano público a las oficinas en las que funcionaba el Programa, que siempre siguió bajo control del ministerio, y despidió al director que estaba a cargo del cuidado de testigos y arrepentidos. También desplazó al resto de los empleados. Ahora el lugar lo ocupan leales a él, afirmaron fuentes del ente en el que trabaja Mena. Cuando irrumpió en la central del Programa, lo acompañaban personas que solo se identificaron con su nombre de pila. Mena ordenó “lacrar” las computadoras donde estarían guardados los legajos secretos que ya se demostró no eran tales, y tomó el control total de esa dependencia.

En declaraciones públicas que no parecen ser producto del azar, ni tampoco de información judicial que no se produjo sobre el caso, Mena aseguró a una radio que el caso de Vandenbroele había violado las normas del Programa, y adelantó que revisaría cada legajo de los 233 arrepentidos y testigos que antes protegía el Estado. “Es una amenaza”, devolvió Vandenbroele. Mena no explicó cómo sentenciaba de forma indubitable que Vandebroele y las ex autoridades del ministerio cometieron un delito. Dijo que el Programa se había transformado en “una agencia de inversiones”. Y agregó que toda la dependencia funcionó "mal", “irregular” e “ilegal”.

Las normas derogadas por su propio Gobierno estipulan que los “delatores” o testigos de casos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas, secuestros extorsivos, delitos de lesa humanidad y narcotráfico podían recibir dinero por seis meses, doce meses, o treinta y seis meses.

Al día siguiente, la web El Destape volvió a ventilar detalles de un arrepentido que el cristinismo detesta, Oscar Centeno, el ex remisero del ex subsecretario de Coordinación de Planificación Federal, Roberto Baratta, autor de las anotaciones y filmaciones que fueron esqueleto de los Cuadernos de las Coimas, por la que Cristina terminó procesada y espera un juicio oral acusada de ser jefa de una asociación ilícita que usó medios del Estado para cobrar sobornos.

Eso pasó ya con el Programa intervenido por Mena. Ex subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el funcionario hizo más hincapié en los supuestos delitos cometidos por Vandenbroele que en la divulgación de la información que puso en riesgo la vida del imputado. Nada dijo aun de Centeno ni de Fariña. Desde hace meses, en causas judiciales diversas, el cristinismo intentó desacreditar a los arrepentidos del caso Cuadernos y también a Fariña. Ahora el apuntado es Vandenbroele. El escenario coincide con la insistencia pública para que Boudou abandone la cárcel debido a que se lo considera, desde la óptica del ala CFK del Gobierno, como un “preso político”.

Clarín está en condiciones de afirmar, gracias a fuentes que conocen cómo vive Centeno, que desde diciembre, en coincidencia con el cambio de Gobierno, el Programa dejó de pagarle el dinero que acordó que se le daría para enfrentar una nueva vida. Lo mismo le pasó a otro integrante del mismo plan gubernamental, del que no se dará a conocer su nombre: de golpe, y sin aviso, le dejó de llegar la plata que usaba para alquilar un local para trabajar bajo custodia. El operador del Programa que estaba a cargo de su seguridad no atendió más los llamados. Y a eso se sumó la quita del celular que se le había asignado, que incluía un GPS para la sede central supiera siempre donde se encontraba.

La Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, hizo llegar un mail a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un correo que luego se formalizará en un envío postal, en el que alertó a ese tribunal sobre lo que pasaba con los testigos de casos de corrupción en el nuevo gobierno peronista. Ante la descripción de varios hechos narrados en esta nota, a los que se podrían sumar otros que no fueron incluidos en esa misiva, el texto aduce que lo que ocurrió con el Programa “podría configurar un riesgo inminente para los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país”. Y agregan: “Estamos frente a un claro proceso de desactivación o vulneración del Sistema de Protección de Testigos e Imputados colaboradores”. Vandenbroele adelantó a este diario que él mismo enviará otra carta a la CIDH por su caso.

Cuando Cristina dejó el poder, el Programa de Protección de Testigos e Imputados vigilaba solo a 41 personas, con tres autos en mal estado, computadoras desactualizadas y fáciles de intrusar, e incluso se “vigilaba” a un testigo que había muerto en el 2012. Mena tal vez descubra que el financiamiento legal para los ayudantes de la Justicia incluyó la mudanza de uno de ellos al exterior. Con gastos a cuenta del Estado. E incluso también se instaló un negocio para que un testigo pudiera ganarse la vida: una heladería. El Gobierno que representa produjo la extraña paradoja de que arrepentidos del crimen organizado, o testigos de delitos graves, abandonen un programa de protección estatal porque se sienten más seguros sin custodia del poder.