"Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil", señala el fallo judicial.
En los legajos de quienes terminaron detenidos durante las manifestaciones de junio frente al Congreso, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) anotó que pertenecen a "organizaciones criminales". Esa conclusión surgió luego de interrogatorios para que dijeran si integraban alguna fuerza política, al estilo de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado. El dato, al que accedió Página/12, figura en un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que fue presentado en el juzgado de Servini.
Se trata de la medida de prueba más importante en la etapa previa a la convocatoria al debate. Una eventual constatación de irregularidades podría acarrear la nulidad total o parcial del expediente
Por: Joaquín Morales Solá. Nunca imaginó que sería presidente de la Nación, pero menos imaginó que su vida pública terminaría reducida a pobres escombros de la historia.
La investigación preliminar del fiscal Stornelli expone como solicitantes a Santa María, Baradel, Furlán y la CGT, entre otros; también investigan al exjefe de Gabinete Agustín Rossi
La elección de los supremos se acelera y el poder muestra las cartas. Comodoro Py activa nuevos desmanes en la causa Cuadernos. Un engranaje sórdido que encontró su apogeo en el Gobierno de Macri.
Por: Joaquín Morales Solá. Es probable que la mayoría de los empresarios acusados en la llamada causa de los cuadernos pida el beneficio que le dieron a Calcaterra.
Por: Joaquín Morales Solá. La reciente resolución de una sala de la Cámara de Casación Penal sobre la causa de los cuaderno, contribuyó a ratificar el excepcional trabajo del periodista Diego Cabot publicado en LA NACION y las posteriores pesquisas del fiscal Stornelli y del juez Bonadio.
La jueza María Servini dictó la falta de mérito a 28 personas que este martes terminaron de ser liberadas y reconoció la ausencia probatoria que hubo para detenerlas en el marco de las protestas contras la Ley Bases. El rol de la Policía de la Ciudad y de la Federal. La complicidad de la justicia porteña y del fiscal Carlos Stornelli. Quiénes son las 5 personas que siguen detenidas y por qué debieran ser liberadas. Los delitos comunes que buscan vincular a delitos federales. El papel de Comodoro Py, que de forma inédita absorbió un caso de criminalización de la protesta.
La jueza federal dictó la falta de mérito y liberó el martes a 11 de las 16 personas que habían sido detenidas seis días atrás en el marco de una manifestación contra la ley Bases. Aseguró que no hay pruebas ni registros visuales que respalden los delitos graves que les atribuyó el fiscal Stornelli.
Si bien la cúpula de la central gremial no estará, distintos sindicatos dirán presente en Plaza de Mayo por las 16 personas que continúan detenidas tras la represión del miércoles pasado por la protesta contra la Ley Bases.
La funcionaria recibió un nuevo respaldo del mandatario tras denunciar presuntas intimidaciones; Caputo sumaría elementos para ampliar la denuncia por el FISU y para el presupuesto alimentario
El Gobierno apuesta a cambiar el orden judicial legado por Macri de la mano de estructuras de Inteligencia que pueden entrar en colisión y ponen en guardia a estamentos que apoyan el “cambio” ultra. Stiuso y Yofre, antiguas enemistades. El fracaso de la operación negacionista.
Por: Joaquín Morales Solá. Pudo haber sido una casualidad. O pudo haber sido simplemente lo que parece: que la dirigencia política (dejémosle el apelativo de “casta” a Javier Milei) haya decidido resguardar una de las cajas negras que usa para financiarse.
La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, en una denuncia que presentó el fiscal Carlos Stornelli a raíz de declaraciones periodísticas en relación a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas.
En el expediente de la causa Cuadernos consta un documento que prueba que que las declaraciones de los supuestos arrepentidos del caso, instruido por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, fueron obtenidas bajo coerción. El empresario Mario Rovella consignó ante un escribano público, antes de ser indagado en la causa, que iba a decir que había pagado coimas vinculadas con obras públicas porque, si no lo hacía, sería privado de su libertad. El Tribunal Oral Federal 7 tenía el acta desde hace un año, pero recién ahora la hizo pública.
Por: Joaquín Morales Solá. La ideología pintarrajea con trazos dramáticos la realidad. Que el oficialismo se quiere llevar puesta la Constitución. Que también se propone cerrar el Congreso. O que tal vez el gobierno de Javier Milei no pueda cumplir su mandato.
El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a líder de los Pilotos (APLA), Pablo Biró, por la denuncia que le abrió el fiscal Carlos Stornelli. Lo había denunciado por «coacción agravada, instigación de cometer delitos, intimidación pública». El dirigente había asegurado en una entrevista radial que si el Gobierno «se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar».
El juez Marcelo Martínez de Giorgi corrió al fiscal del caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, un expediente de alto volumen político en el que Stornelli fue designado como acusador público luego de que su colega Gerardo Pollicita se excusara. Había pedido ser querellante por considerar que fue víctima del sargento retirado.
Por: Joaquín Morales Solá. Cuando el jueves pasado, el último día hábil de la gestión del dueto Alberto Fernández-Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia incorporó al Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez y expulsó al kirchnerista Martín Doñate, le asestó una definitiva derrota a la aristocracia política que gobernó el país durante 20 años.
Las cinco causas más importantes que afronta la expresidenta. La persecución política, las chances de una prisión domiciliaria y el antecedente de Lula.
Por: Joaquín Morales Solá. Ya es hora de pedirle a la Justicia que rinda cuentas. Por ejemplo: ¿qué espera el juez Marcelo Martínez de Giorgi para secuestrarle el teléfono al diputado Rodolfo Tailhade? ¿Qué espera, en todo caso, para pedirle a la Cámara de Diputados que autorice ese secuestro?
Como lo hizo antes de la elección general, cuando polarizó con el líder de LLA, el candidato de UP profundiza la confrontación de ideas y planes de gestión, más allá de la emocionalidad o la gestualidad. Apunta a un examen de idoneidad del libertario
Rechazó un recurso de De Vido en el caso de los “cuadernos”; es un fallo clave porque respalda las declaraciones de los funcionarios kirchneristas que admitieron haber recibido sobornos
Un informe de 569 páginas que comenzó a elaborarse en 2018 a pedido del gobierno macrista echa por tierra uno de los pilares de la acusación. Asegura que no hay indicio del supuesto reparto de licitaciones entre las empresas investigadas. Los testimonios de Iguacel y el "arrepentido" Clarens, descartados.
A cuatro meses del fin del mandato, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de Economía, clausuró la pesquisa abierta a partir de las revelaciones de la causa de los cuadernos: afirmó no haber encontrado evidencias contundentes
El magistrado convocó a Jorge Bacigalupo, cercano al ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, en la investigación sobre probables adulteraciones o reescritos por una mano distinta a la de Centeno, tal como denunció el empresario Armando Loson.
Es en la causa por espionaje ilegal y extorsiones en la que estaba acusado junto al falso abogado Marcelo D'Alessio.
El magistrado federal, vinculado a Marcelo D'Alessandro a través de los chats filtrados, no solo rechazó el recurso de la IGJ sino que también ordenó un allanamiento en las oficinas que investigan la asociación civil de Bullrich.
La investigación sobre el uso irregular del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Bullrich para financiar la campaña de la precandidata comenzó con un allanamiento ordenado por Stornelli a la Inspección General de Justicia, denunciante en la causa. La IGJ había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con el PRO.