¿Ocultamiento o simple equivocación? Muchos vecinos de Carlos Paz se preguntan por estas horas quién tendrá la verdad. ¿Encontraron droga en una tradicional escuela privada de la villa serrana o el comisario de la zona se obnubiló con los micrófonos y dijo cosas que no eran ciertas? Un escándalo mediático por presunto hallazgo de estupefacientes en una escuela dejó muy mal parado al jefe departamental. 

El inicio. Todo comenzó el viernes de la semana pasada. Un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se desplegó sobre el tradicional Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (IESS) de Villa Carlos Paz.

La movida fue originada por una denuncia (no está claro si fue de un padre o de la misma escuela) en la que se aseveraba que los dueños de la cantina estaban relacionados con la venta de drogas. La orden corrió por cuenta del fiscal de Ricardo Mazzuchi.

Los índices apuntaban a un joven del comedor, perteneciente a la familia que presta los servicios de alimentación en la escuela mediante un contrato por concesión. El allanamiento se concretó el viernes por la noche, sin presencia de estudiantes según indicaron fuentes de la escuela. Pero ese mismo día, también hubo otro procedimiento en la casa del sospechoso. 

El tema es que en un procedimiento se encontró droga y en el otro no. ¿A qué lugar le tocó cada ficha? Aquí es donde las aguas se dividen. 

¿Información chequeada? Temprano en la mañana de ayer, los noticieros abrían sus programas con la escuela privada de Villa Carlos Paz. Mariano Zárate, jefe de la Departamental de Punilla, denunciaba que un operativo antinarcótico había detectado sustancias “compatibles” con la cocaína y la marihuana en la cantina del colegio. 

“Tras chequear la información se realizó un procedimiento. Se produjo a allanar la cantina con resultado positivo. Está todo en manos de la Fiscalía. Se encontraron sustancias compatibles con clorhidrato de cocaína y cannabis sativa (marihuana)”, decía el comisario ante las cámaras de televisión. 

Inmediatamente, la escuela emitía un comunicado negando la información brindada por Zárate. Decía que todo se trataba de una confusión. Según la institución, la droga se encontró, pero en la casa del empleado. Nunca en la cantina, aclaraba el representante legal Javier Mancini. Agregaba, además, que pedirían un sumario administrativo en contra del jefe departamental. Y que para “cuidar la imagen del colegio” se suspendió la concesión con la familia que estaba a cargo de la comida. 

La tensión fue en aumento a lo largo de la tarde y las dos versiones pusieron en “orsái” hasta el periodista más experimentado. ¿Quién tiene la razón? Y para eso está la Justicia, seguramente habrá opinado Doña Rosa. Y la Justicia se expidió. 

la voz del fiscal. A las 16.10 llegó un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Su titular, Alejandro Moyano, jefe de los fiscales provinciales, le daba la razón a la escuela. Por si no quedaba claro, detallaba: “No se secuestraron estupefacientes en el interior del establecimiento escolar mencionado”. Y agregaba que había quedado detenido el empleado de la cantina. 

Con la sentencia final, ¿caso cerrado? En la villa no son pocos los que desconfían. 

Un 0800 para recibir denuncias

Las escuelas están obligadas a avisar a la fiscalía más cercana en caso de detectar o sospechar de la presencia de alguna sustancia adictiva en la institución. Según la Guía de Intervención Escolar en caso de Tenencia o Consumo de Drogas, el maestro tiene que avisar al director y éste, al supervisor.

La cadena continúa de la siguiente manera: Ministerio de Educación provincial y la Subsecretaría de Prevención de Adicciones de la Senaf. “Los docentes tienen que avisar siempre. Ya sea cuando encuentran droga en la escuela como cuando detectan que se vende en las inmediaciones”, indicó Juan Carlos Mansilla, a cargo de Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social. 

En caso de detectar la posible venta de estupefacientes cerca de la escuela, hay que denunciar al teléfono 0800 888 3764. La llamada debe ser anónima. En Capital, en la Dirección General de Policía Judicial, ubicado en la calle Duarte Quirós 650, cuarto piso y segundo nivel. O llamar a los teléfonos (0351) 448-1016, internos 16142 y 16162. En el interior, dirigirse a las fiscalías y secretarías especializadas.