De convertirse en ley el proyecto cornejista de agravar la prisión preventiva, es de esperar que se incremente notoriamente el número de presos alojados en las cárceles mendocinas, que ya están superpobladas.Según los números que manejan en los dos juzgados de ejecución penal –ahí se definen los beneficios carcelarios de cada interno–, actualmente en Mendoza hay 3.100 plazas carcelarias y son 3.900 los presos alojados, por lo que la superpoblación es ya de 800 internos.

"En los últimos 4 meses a la población carcelaria se sumaron 120 internos, con lo que la proyección es que en las condiciones actuales a fines de año tengamos 360 internos que se adosan a la superpoblación, algo que se incrementará si esto se convierte en ley. Lo que creo que no han tenido en cuenta en este proyecto es el impacto que tendrá en el sistema carcelario, porque nadie dice dónde alojarán a todos aquellos a los que se les dictará la prisión domiciliaria", evaluó el juez del Primer Juzgado de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien hasta hace un año fue director del Sistema Penitenciario de Mendoza.

Como respuesta, desde el oficialismo deslizaron que cuentan con $125.000.000 para la refacción de las penitenciarías mendocinas y $35 millones más para ampliar la cárcel de San Rafael, y se esperanzaron con la pronta culminación de la cárcel federal, que descomprimiría las unidades provinciales, pero se sabe que la obra de esta penitenciaría está interrumpida y que de reanudarse necesita de 18 meses aproximadamente para estar habitable.

De acuerdo con las estimaciones que ya se hicieron en la gestión anterior, construir una cárcel nueva para unos 400 internos tiene un valor aproximado de $500 millones.

Si en cambio se pensase en una unidad penitenciaria para 1.000 personas, obviamente el monto superaría los mil millones de pesos y se estiman que se invertirían 3 años de construcción.