Por David Cufré.

La senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que impone penas de cárcel de dos a cuatro años a trabajadores, “sindicalizados o no”, que participen de bloqueos en empresas. La acompañan en la embestida una decena de legisladores de esa fuerza, como Alfredo Cornejo (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Eduardo Vischi (UCR) y Guadalupe Taglarierri (PRO). Advierten que “nos encontramos en un escenario de conflictividad sindical creciente”, que tiende a agravarse por “la inminente recesión económica”, ante lo cual consideran necesario anticiparse con la aprobación de leyes represivas.

“Es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver los conflictos, restablecer el orden y la paz social y prevenir la futura vulneración de dichos bienes jurídicos”, considera en los fundamentos de la iniciativa la senadora por Santa Fe que antes era panelista de Intratables, quien condensa con su presencia en la Cámara alta y por los proyectos que eleva la alianza entre el aparato mediático, político y judicial.

Una característica predominante de ese conglomerado de poderes fácticos es la persecución política. Como planteó Cristina Fernández de Kirchner, la búsqueda de su encarcelamiento viene de la mano de la persecución para los trabajadores y la vulneración de derechos para las mayorías populares.

El proyecto

“Será reprimido con prisión de dos a cuatro años al que impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicios”, plantea el artículo 1 de la ley.

La sanción será para aquellos que “bloqueen por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas”. Y si los bloqueos afectaran una relación laboral o comercial con un tercero, como podría ser un proveedor de la compañía en conflicto, “corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”. En ese caso, las condenas ya serían de cumplimiento efectivo.

Para dar un ejemplo, una empresa que adeuda salarios, aguinaldos, aportes jubilatorios y demás, con un historial de incumplimientos de ese tipo y maltrato al personal, si un día tiene que soportar un bloqueo de los trabajadores afectados, y en esa circunstancia se echa a perder un producto perecedero de un proveedor que no puede ingresar a la planta, como podría ser leche, entonces los empleados que participaron de la protesta serían pasibles de ir a la cárcel hasta seis años.

Y si “participara de las acciones o fuere promotor un representante gremial, además de la pena privativa de la libertad tendrá una inhabilitación especial por el doble del tiempo para ejercer su representación sindical”, completa.

Otros proyectos

La criminalización de trabajadores y sindicalistas que postulan los senadores de Juntos por el Cambio forma parte de un plan más amplio para reformular las relaciones laborales.

El ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Luis Ramírez, explica que ese plan apunta a producir “una triple flexibilización laboral: al ingreso a la empresa, con la reducción o eliminación de las cargas sociales; durante el desarrollo del contrato de trabajo, sujetando las condiciones laborales a las necesidades de la empresa, y al egreso, abaratando el despido”.

Eso se traduce en distintos proyecto de ley que vienen presentando referentes de la oposición. Horacio Rodríguez Larreta propuso terminar con el actual sistema de indemnizaciones por despido. Lo hizo por primera vez antes de las PASO de 2021, en el programa Intratables: “Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, donde el empleador aporta todos los meses a un fondo para cubrir los despidos.

Si se aprobara esa ley, quedaría consagrada la inestabilidad absoluta para el trabajador, ya que al empresario le costaría lo mismo despedir que no despedir, dando lugar además a todo tipo de arbitrariedades.

Ramírez alerta en su artículo “La reforma laboral de la oposición” que “para los trabajadores la estabilidad laboral es la madre de todos los derechos y condición sine qua non para poder tener un proyecto de vida”. ”Sin estabilidad laboral el futuro siempre es incertidumbre y angustia para el trabajador”, completa.

Banco de horas

En esa línea de establecer como normalidad la inestabilidad en el trabajo, María Eugenia Vidal publicó esta semana en redes sociales una serie de posteos para instalar la consigna #ReformaLaboral. “El sistema está roto y vamos a arreglarlo. Hablemos de #ReformaLaboral”, escribió en Twitter.

Una de las propuestas es establecer un banco de horas para que las empresas dejen de pagar horas extras y puedan disponer sin más costos de los trabajadores en períodos de mayor actividad y “compensarlos” cuando baja la intensidad de las tareas.

“La reforma laboral de Juntos por el Cambio busca cosificar al trabajador, quien es considerado como un factor de la producción y un objeto del mercado de trabajo. Un ejecutor silencioso de órdenes, sumiso y sin voluntad propia. Un simple engranaje, fácilmente sustituible, ya que tendrá una inserción precaria en la empresa”, analiza Ramírez.

De los CEOS a Brasil

Los antecedentes del gobierno de Mauricio Macri, con grandes empresarios al frente de los principales ministerios, y de lo que ocurrió en Brasil con la reforma laboral de Jair Bolsonaro, obligan a los trabajadores a estar alertas sobre lo que ocurrirá en caso de que la oposición regrese al poder.

“El golpe de Estado en Brasil y el posterior triunfo de la extrema derecha han permitido la imposición en ese país de una reforma laboral que acerca a sus trabajadores al trabajo esclavo. A muchos empresarios argentinos se les hace agua la boca: `Argentina no se puede aislar de lo que sucede en el mundo. Tenemos que ser competitivos´, van a decir”, compara Ramírez.

¿Y el Frente de Todos?

El gobierno de Alberto Fernández, con todas las críticas que le llueven de quienes fueron sus votantes y dirigentes del propio espacio, no encuentra punto de comparación con lo que proponen Rodríguez Larreta, Vidal, Losada o el propio Macri, quien este viernes volvió a calificar a los juzgados laborales como "una mafia" y a los abogados laboralistas como mafiosos.

Por el contrario, en tiempos de pandemia hasta pagó los salarios de trabajadores de empresas privadas para evitar la ruptura del vínculo laboral y en defensa de la estabilidad en el trabajo. Es lo que cabía esperar de un gobierno que llegó con el voto de las mayorías populares. Hacia adelante, el Frente de Todos deberá no solo sostener el empleo y buscar aumentarlo, como ha ocurrido, sino también conseguir más puestos registrados y, fundamentalmente, elevar los ingresos y los salarios que cayeron abruptamente los últimos seis años.

Nada de eso figura como objetivo de Juntos por el Cambio, sino que su plan es aumentar las penas a quienes protestan, quitar derechos a los trabajadores y mandar a la cárcel a los que se resistan.