Si se habla con funcionarios de cualquier ministerio, la excusa a mano para justificar mala atención, carencias o problemas de funcionamiento es "la falta de personal". Sin embargo si hay algo que sobra en el Estado es personal: son más de 100 mil los empleados públicos en Mendoza y la mayoría ha ingresado por amiguismo, muy pocos por concurso.

Lo que ocurre es que cuando se han habilitado vacantes para el ingreso al Estado se ha hecho en función de "necesidades funcionales". Pero rápidamente, los "amigos del poder" ubican allí a sus familiares y militantes, y los sacan de la tarea por la cual ingresaron para pasar a estar disponibles en funciones más cómodas, en el mejor de los casos.

MDZ dio a conocer el caso de las cárceles de Mendoza en donde son nombrados con altos sueldos, que no hay en otras dependencias, militantes y parientes. Pero no se quedan allí a cumplir con su tarea de "carceleros", sino que antes de pisar una celda fueron trasladados a dependencias que no tienen muchas veces nada que ver con su tarea.

Los hay haciendo tareas menores, pero también cubriendo cargos legislativos, asesorías de alto rango y hasta jueces que han preservado su cargo de carcelero congelado, "por lo que pudiera pasar" más adelante. Mientras tanto, cientos de agentes penitenciarios no son nombrados para cumplir efectivamente la tarea "por falta de presupuesto" -según la versión oficial- o porque no tienen amigos o parientes con suficiente peso.

El recambio de gobierno y la espera de que cada uno vuelva a su lugar

El carcelero que más protagonismo cobró durante el gobierno de Francisco Pérez es Gaspar Contreras. Se le evitó trabajar en alguna de las penitenciarías, aunque se le sostuvo su salario cobrado desde allí y hasta se lo recategorizó, un ascenso en función de su trabajo como "tuitero" del gobernador y de su señora, Celina Sánchez, bajo la coordinación de la subsecretaría de Información Pública de la provincia. Pero no es el único. Ni todos responden a la lógica del peronismo, sino que en otros casos responden a la de acuerdo entre poderes, un intercambio de puestos laborales del que se habla en silencio como método usual.

MDZ contó que, por ejemplo, que la hija de Carlos Salvador Farruggia, presidente del Tribunal de Cuentas, está incluida en la lista de empleados del Servicio Penitenciario. Su nombre es Mariana Elizabeth Farruggia y hasta el año 2007 tenía un contrato de locación de servicio con el Estado. Sin embargo, ese mismo año, durante el gobierno de Julio Cobos, fue designada en “carácter interino y/o hasta tanto se cubra el cargo por concurso, en el cargo Clase 009, Régimen Salarial 05, Agrupamiento 1, Tramo 03, Subtramo 07, del Ministerio de Gobierno”.

Pero eso no es todo, tres años más tarde Farruggia renunció al cargo antes mencionado y fue designada, por el entonces ministro de Gobierno Mario Adaro, como “Personal de Tropa” en el Servicio Penitenciario. Lo curioso es que fue adscripta al sector de prensa del Ministerio de Gobierno y siguió desempeñando un rol civil, tal como lo venía haciendo. Eso sí, bajo régimen especial y gozando los beneficios con los que cuentan los penitenciarios.

También se puede observar el nombre del hijo del senador provincial por el FPV, el secretario General del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio de Cuyo, José Escoda. Se trata de Mauricio José Escoda Guzmán, quien tiene la jerarquía de Agente, pero se desempeña en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobierno.

Algo similar ocurre Gabriela Pita Aveiro Martorell, hermana del intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. Ella es abogada egresada de la Universidad de Mendoza y se desempeña como Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo Justicia y Gobierno. Lo curioso es que lo hace con la jerarquía de Subadjutor del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Cuando Félix González era Ministro de Gobierno, sumó a su equipo a Soledad Benegas, quien fue jefa de su gabinete y ahora se reserva el cargo de Subadjutor en el Servicio Penitenciario. 

Hay casos en los que los "penitenciarios" dejan su puesto para ocupar algún cargo político superior. Sin embargo, dejan abierta la puerta para retornar cuando el destino lo depare.

Ése es el caso de la senadora María José Ubaldini, quien en julio del 2008 fue designada como agente del Servicio Penitenciario pero en septiembre del mismo año, al ser nombrada directora de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, se reservó el empleo en el Servicio Penitenciario.

Ubaldini no es la única que hizo uso de esta opción. Al igual que ella, también se reservaron el cargo José Alejandro Vanzo, Paula Andrea D'Alessandro Vilches, Gustavo Federico Flores Corvalán, Juan Leandro Carrillo Soler, Vanina Soledad Abraham García, María Soledad Benegas, Daniel Ignacio Diserio, Mariana Mercedes Gardey y Cecilia Juri Bombini.