En tal sentido, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos y embargos dispuestos a Carlos Alberto Salvatore, Silvia Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba y Carla Yanina Salvatore por el delito de lavado de activos

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Carlos Sansserri, titular de la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

El 15 de abril de 2015, la titular del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Salvatore, Silvia Valles, Santiago Valles Ferrer y Gassan Saba y les trabó embargos sobre sus bienes, por sumas que van desde los 265.816.296 hasta los 759.653.024. Por su parte, Yanina Salvatore y el abogado marplatense, Mariano Castelucci, fueron procesados sin prisión preventiva y afrontaron un embargo sobre sus bienes por 6 millones y 16 millones de pesos, respectivamente.

Las defensas apelaron la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la cual resolvió confirmar los procesamientos de los imputados, dictar la falta de mérito en favor de Castelucci y reducir los montos de los embargos.

Contra ello, el fiscal general Federico Carniel interpuso recurso de casación, que al ser denegado motivó su queja, la cual fue admitida y mantenida por el fiscal general ante Casación Penal, Javier De Luca. Por su parte, la Cámara Federal de Resistencia había bajado el monto de los embargos, que iban desde los 265.816.296 hasta los 759.653.024. La Cámara de Casación revocó aquella decisión y los ratificó.

En su presentación, el fiscal Carniel cuestionó la modificación del encuadre efectuada por el tribunal de alzada. También se agravió de que se haya dejado sin efecto la imputación a Salvatore, respecto del delito de asociación ilícita y que se le haya dictado la falta de mérito a Castellucci por la comisión de lavado de activos de origen ilícito.

El apoderado de la Unidad de Información Financiera (UIF), Alejandro Emanuel de Dios Montiel, interpuso recurso contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. También cuestionó que se hubieran disminuidos los montos de los embargos y el criterio adoptado respecto a Castelucci.

En ese contexto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Gustavo Hornos e integrada por Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, resolvió hacer lugar parcialmente a las presentaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y la UIF y confirmar los procesamientos y embargos dispuestos oportunamente por la jueza Niremperger.

Por otra parte, esta Sala IV rechazó la presentación efectuada por la defensa de los imputados, por cuanto “las críticas ensayadas por los recurrentes sólo evidencian su discrepancia con la valoración de los hechos y el derecho aplicable”.

El 8 de marzo de 2012, cerca de la localidad portuguesa de Cabanas do Chao, se halló un cargamento de carbón, que había sido despachado por la empresa Carbón Vegetal del Litoral S.R.L., desde la ciudad chaqueña de Quitilipi. En el mismo había ocultos 380 kilos de clorhidrato de cocaína. Cinco días después, al requisarse dos contenedores de la misma firma, que estaban en el puerto de Buenos Aires a la esperaba de ser embarcados hacia Portugal, se hallaron 519 kilos de cocaína.

El 11 de abril de ese año, en el puerto de Lisboa se secuestraron casi 152 kilos de cocaína, del interior de un contenedor de la empresa, los cuales habían sido acondicionadas dentro de bolsas de carbón vegetal. Las investigaciones efectuadas permitieron establecer que los envíos fueron hechos por la banda que encabezaba Carlos Salvatore e integraban Silvia Susana Valles, Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba, Carla Yanina Salvatore y Mariano Jesús Castellucci.

Además, se los investiga por conformar una organización que adquiría o creaba sociedades –que no tenían operatividad- con diversos objetos societarios, cuya finalidad era inyectar en el mercado lícito de capitales, sumas de dinero cuyo origen ilícito provenía del narcotráfico.