El gobierno de Alberto Fernández logró lo que no consiguió ningún otro que se precie de ser peronista: retirar de las calles a la mayoría de los movimientos sociales. Desde el primer minuto de su gobierno, convocó a los principales dirigentes sociales a ocupar espacios de poder en los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, Economía, Agricultura Ganadería y Pesca, Jefatura de Gabinete, Cancillería, Desarrollo Territorial y Hábitat.

Hasta esas oficinas recalaron dirigentes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, La Dignidad, Frente Transversal Nacional y Popular, y del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sus nombres sobresalen en la constelación de la militancia social: Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Edgardo Depetri, Daniel Menéndez, Rafael Klejzer, Miguel Gómez, Fernanda Miño y Juan Carlos Alderete. Este último es el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y su brazo político, el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Alderete no integra las filas del gobierno de Fernández, pero es diputado nacional y forma parte de la bancada oficialista que lidera Máximo Kirchner.

Los ahora funcionarios solían encabezar piquetes y movilizaciones contra todos los gobiernos, desde Carlos Saúl Menem hasta Mauricio Macri. Todos ellos ganaron peso político y territorio, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en parte como resultado del avance de la pobreza, la indigencia, la desocupación y la pandemia.

Sus comedores, merenderos y operativos de reparto de alimentos fueron y son imprescindibles. Crecieron, y lo siguen haciendo, desde la crisis del 2001, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. En el Gobierno no dudan en que esas organizaciones, gracias a su poder territorial y de contención, han evitado nuevos levantamientos y saqueos, sobre todo en distritos como La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Moreno, entre otros.

Durante la primera crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, estos movimientos, como también los piqueteros, fueron fundamentales en la difusión e implementación de las medidas de higiene, de auxilio y colaboración con los vecinos que debían permanecer aislados y sanitizando casa por casa, vereda por vereda.

“Ahora, cada uno de nosotros, va a poder trabajar para la gente desde el Poder Ejecutivo Nacional”, le dijo Navarro a Infobae apenas accedió a su despacho del primer piso de la Casa Rosada. “Vamos a poder tomar decisiones inteligentes para ser parte de la solución, no del problema. En vez de estar en la calle reclamando, vamos a utilizar ese tiempo y energía para buscar soluciones a problemas dramáticos como el hambre, la indigencia, la falta de trabajo y de vivienda”, sintetizó el Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.

Hasta ahora, cada uno de esos objetivos, no se alcanzaron, y las condiciones sociales empeoraron. Pérsico y Navarro entienden que la pandemia fue un factor determinante para que esto ocurriese. Esperan que en el 2022 las políticas y programas que impulsan desde el Poder Ejecutivo se concreten y que los sectores más postergados crezcan al ritmo de una deseada reactivación económica.

La movilización de estas organizaciones sociales en favor del presidente Alberto Fernández fueron claves en momentos críticos. Por ejemplo, organizaron un masivo acto antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. También organizaron una marcha en su apoyo cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo cuestionó con dureza a través de una carta abierta después de la derrota de las PASO, el 12 de septiembre, y solicitó renuncias en su gabinete. Finalmente la bajaron a pedido del propio jefe de Estado.

Con nombres propios

Hay otros referentes sociales de peso, vinculados al Frente de Todos, que no se deben omitir en la lista. No forman parte del staff ministerial: Juan Grabois, el lidere del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del Frente Patria Grande, un espacio político, cercano a Cristina Fernández de Kirchner que cuenta con tres diputados nacionales y legisladores porteños, una de ellas es Ofelia Fernández, la ex referente estudiantil.

Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un hombre, como Grabois, de estrecha relación con el Papa Francisco. De hecho, Castro es uno de los fundadores del Movimiento Misioneros de Francisco.

Dina Sánchez, la activista feminista, referente del Frente Darío Santillán e integrante de la mesa directiva de la UTEP y Gildo Onorato, el secretario sindical de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, la mayor organización social cuyas principales espadas son los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro.

Leyes y trabajo

El abanico de reclamos al gobierno de Fernández y los objetivos a alcanzar en 2022 es extenso. Dina Sánchez, la dirigente de la UTEP, lo pone en palabras de esta manera: “Es muy importante terminar el proceso de consolidación formal de la UTEP como herramienta gremial, trabajar la campaña de afiliaciones en todo el país”.

La militante se refiere a la incorporación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a la CGT. Esta posibilidad no es utópica. Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la principal central obrera del país ya se expresó a favor. También cuentan con el apoyo político de Alberto Fernández y de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. La cartera laboral ya le otorgó a la UTEP la “personería social” y ahora van por la gremial.

Tanto Sánchez como Juan Carlos Alderete incluyen en el horizonte 2022 que el parlamento trasforme en ley el proyecto elaborado por el dirigente maoísta Tierra, Techo y Trabajo (TTT). El proyecto de ley fue presentado por Alderete el 22 de septiembre de 2020 y está cajoneado. Del ingreso simbólico a la Cámara Baja participo Daniel Arroyo, por entonces ministro de Desarrollo Social y hoy diputado nacional.

La iniciativa propone la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional. La propuesta es continuadora de otros proyectos que fueron presentados en los últimos años para la urbanización de los 4400 barrios populares y el acceso a los terrenos. También plantea avanzar en la regularización dominial de los asentamientos urbanos y rurales, y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloaca, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales, veredas. El presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos.

“Este proyecto salió de la CCC, pero se transformó en el de todas las organizaciones sociales y en el de todo el bloque del Frente de Todos. Desde cada lugar se está aportando para que se trate en el Congreso Nacional y luego se apruebe”, le dijo Alderete a Infobae y aseguró que seguirá “bregando para que se trasforme en ley”.

Juan Grabois, impulsor de la ley de envases, también milita en cada una de las marchas que encabeza por “la Ley de las tres T”. En comunicación con este medio, el dirigente del MTE afirmó que en 2020 una de sus prioridades será que el Congreso apruebe la ley del Salario Básico Universal (SBU).

“Los planes sociales cumplieron un rol de complementar el ingreso de cooperativistas y en parte de generar una transferencia de ingresos. Hoy hay muchos planes destinados a generar trabajo y al mismo tiempo son una manera de que llegue plata a sectores populares”, le explicó a Infobae el diputado nacional Itai Hagman uno de los autores del proyecto junto a Grabois y el MTE.

Grabois y Hagman citan como modelo a seguir a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto es, que las transferencias las realizaría automáticamente la ANSES a quienes certifiquen anualmente que pertenecen a las categorías incluidas en el SBU.

Los dirigentes sostienen, con criterio, que convertirlo en ley eliminaría la discrecionalidad y la utilización política, como se sospecha que ocurre con algunos programas sociales.

Los montos que se sugieren en el proyecto de ley tienen que ver con una porción del Salario Mínimo Vital y Móvil (entre 30 y 50 por ciento), o bien el monto que equivale a la Canasta Básica Alimentaria como forma de mitigar la indigencia.

Dina Sánchez afirma que otro de los objetivos de los movimientos sociales para el 2022 será consolidar las herramientas que existen como el Programa Potenciar Trabajo y la urbanización de los barrios populares ya censados y registrados en el RENABAP.

Otros de los reclamos que con fuerza se le hace al gobierno de Alberto Fernández es el monotributo de la economía popular, el crédito productivo no bancario y el compre estatal.

El valor de estas iniciativas se explican de esta manera: “El monotributo social servirá para reconstruir la relación fiscal de los sectores de la economía popular; crédito no bancario a través de cooperativas y mutuales será para reconstruir la relación financiera; y el compre estatal para reconstruir la relación comercial de los productores de la economía popular”.

Desde lo político, los principales dirigentes sociales lucharán por que Alberto Fernández cumpla con la palabra empeñada y evitar el “dedo kirchneristas” en la conformación de las futuras boletas electorales.

Dentro del amplio espacio de los movimientos sociales alineados al Frente de Todos no todos piensan igual y lo hacen saber.

Un posible acuerdo desfavorable con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que incluya recortes a los planes sociales y otras áreas como obras públicas, una de las mayores generadoras de empleos, genera tensiones internas.

“(Martín) Guzmán esta pifiando con la política económica”, dijo Grabois sobre el ministro de Economía después de la dura derrota en las elecciones PASO, en sintonía con la carta de la Vicepresidenta que también pedía renuncias en el gabinete de Fernández, un hecho que ocurrió.

Daniel Menéndez, funcionario nacional y coordinador de Barrios de Pie, le dijo a este medio que “uno de los objetivos centrales de los movimientos populares es apoyar las medidas que tome el Poder Ejecutivo, y las que propondrá el espacio que representa para recuperar el poder adquisitivo del salario, avanzar en el crecimiento de las familias trabajadoras y en avanzar en el contrato social que firmamos en 2019″.

Alderete, desde la CCC, es el único que no duda en afirmar que si la administración de Alberto Fernández no cumple con el “contrato social” al que hace referencia Menéndez, su sector saldrá a manifestarse en las calles, como lo siguen haciendo “cuando hay que apoyar la lucha obrera”.

El referente de la Corriente Clasista y Combativa lo plantea así: “Seguiremos reclamando lo que tenemos que reclamar porque la gente en los barrios populares está muy mal, muy angustiada, no aguanta más”.