Por Antonio Rossi

El ministro de Economía, Luis Caputo comenzó a delinear la hoja de ruta para los aumentos de tarifas de los servicios públicos que regirán desde el 1 de febrero y que, tal como ha venido sucediendo en los últimos meses, estarán alineados con el doble objetivo de quitarle presión a la suba de precios y seguir apuntalando el descenso inflacionario.

Luis Caputo limita los aumentos en los servicios públicos en febrero

Para eso, la estrategia oficial se basa en la aprobación de ajustes tarifarios acotados que oscilarán entre 1% y no más de 2,5% en las facturas de los servicios luz, gas y AySA.

En el caso de los colectivos y trenes de la región metropolitana del AMBA, la administración libertaria buscaría, en principio, estirar un mes más el virtual congelamiento que está vigente desde agosto del año pasado tanto en el valor de los boletos, como en el monto de los subsidios destinados a las líneas privadas de micros y la estatal ferroviaria que opera los servicios de pasajeros.

La primera señal de continuidad de la política tarifaria condicionada a la expectativa inflacionaria se conoció mediante la resolución 11 de la Secretaría de Obras Públicas que depende de Caputo por la cual se aprobó un aumento del 1% a partir del próximo sábado para los servicios que presta la empresa estatal AySA.

En los fundamentos de la medida, la cartera de Economía consideró que en enero se ha repetido el sendero decreciente en los índices de precios en los meses anteriores y que ante esa situación "es dable considerar que la empresa AySA mantiene el nivel de equilibrio alcanzado en el año 2024 en las condiciones de servicio de eficiencia y sostenibilidad y sin hechos de relevancia que pudieren alterar la tendencia planteada hasta el presente".

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Por ese motivo —según la resolución publicada en el Boletín Ofical— "resulta viable extender en febrero la limitación excepcional del "Coeficiente de Modificación K" al 1% mensual que se había establecido para enero hasta tanto se realice la revisión integral de la situación tarifaria del año 2025, dado que ello no implica deficiencias para la adecuada prestación del servicio y constituye un beneficio a los usuarios".

Para dejar constancia que una de las principales prioridades de la gestión libertaria es llevar la inflación a un nivel inferior al 2% mensual, la resolución destacó que el ajuste limitado establecido para AySA "se adopta con el objetivo de contribuir a la normalización de la economía y facilitar a los usuarios del servicio el seguimiento de sus consumos y facturación, sin que se vean comprometidos los estándares de calidad y eficiencia en la prestación del servicio".

Con el aumento fijado de manera directa, Caputo dejó de lado el esquema de ajuste mensual automático que venía aplicando la empresa desde mediados del año pasado sobre la base de una fórmula polinómica que tomaba en cuenta el índice de mejora salarial (45%); la variación de los precios mayoristas (44%) y la inflación a nivel minorista (11%).

A diferencia de los servicios de luz y gas donde rige una segmentación y quita de subsidios según los niveles de ingresos de los clientes residenciales, en el caso de AySA los niveles tarifarios se basan en un esquema geográfico y de valuación inmobiliaria que diferencia tres bloques de usuarios que viven en "zonas de valor alto, medio y bajo".

La zona de alto valor —que engloba al 20% de la clientela residencial— comprende los barrios porteños de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito, Puerto Madero y Retiro. A ellos se suman los barrios privados y countries ubicados en la zona norte del Conurbano.  

Como hogares de nivel medio —que representan el 36% del total— quedaron incluidos, entre otros, los que están localizados en Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Almagro, Balvanera y San Nicolás.

En tanto, en la categoría más baja -donde se encuentra el 44% de los usuarios hogareños- abarca los barrios de Mataderos, Villa Soldati, Villa Lugano y en la gran mayoría de las localidades del norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Con el aumento del 1% aprobado para febrero, las facturas promedio de cada categoría zonal de los servicios de agua y cloaca ascenderán —según los ejemplos difundidos por AySA— a los siguientes valores:

Zona Alta: $ 26.540.Zona Media: $24.102Zona Baja: $19.367Facturas de gas

En el caso del servicio de gas natural, el aumento en juego para las distribuidoras y transportadoras privadas que están bajo la órbita del Enargas rondaría el 1,5%. Casi en forma simultánea con la aplicación de ese incremento, el Gobierno tiene previsto llevar adelante la audiencia pública donde se pondrá a consideración y análisis la "revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas".

Se realizará en forma virtual el 6 de febrero y además de tratar los aumentos tarifarios que regirán durante los próximos cinco años para pagar las obras e inversiones que realicen las empresas, pondrá sobre el tapete otros dos cambios relevantes: una nueva metodología de ajuste periódico de las tarifas y una modificación reglamentaria para no cortar el suministro a los usuarios que opten por no pagar las tasas y recargos ajenos al servicio que las provincias y municipios les impongan a las distribuidoras.

Audiencia pública para la tarifa de luz a fines de febrero

Por el lado del servicio eléctrico a cargo de Edenor y Edesur, el alza en las boletas no superaría el 2,5%. Al igual que con las gasíferas, Caputo también dio el visto bueno para que el ENRE convoque a audiencias públicas para delinear y aprobar las "revisiones tarifarias quinquenales" de las distribuidoras metropolitanas y las transportistas eléctricas.

Para las concesionarias que operan las redes y líneas de transmisión, la fecha de la audiencia pública ha sido agendada para el 25 de febrero. En tanto, la convocatoria para Edenor y Edesur se daría a conocer esta semana y lo más probable es que tenga lugar en los últimos días de febrero o en la primera semana de marzo.

Colectivos, en la mira

En cuanto a los colectivos, la intención oficial de mantener sin ningún retoque el actual esquema tarifario durante febrero. Frente a esa postura, desde la Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) salieron a advertir que la tarifa real actual sin subsidios en el AMBA debería ser de $1.393 por viaje, frente a los $927 que reconoce la estructura oficial de costos que fue aprobada en agosto pasado.

De este valor fijado por el Gobierno, quienes viajan en el transporte público abonan $371 y el resto es cubierto con los subsidios que desembolsan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la administración porteña.

Para no tener que reducir los servicios, ni despedir personal; las empresas de la región metropolitana reclaman que esa diferencia de $466 entre el costo real y el admitido en las planillas oficiales se compense con un ajuste en los boletos o con una suba en los subsidios.