Los Caputo corren a Sturzenegger y se quedan con el comité que aprobará los proyectos del RIGI

Los Caputo corren a Sturzenegger y se quedan con el comité que aprobará los proyectos del RIGI

LPO anticipó que el ministro de Economía pulseaba por quedarse con el régimen en una alianza con los grandes estudios. Junto a su primo Santiago definirá quien recibe los multimillonarios beneficios.

 

 

Luis y Santiago Caputo doblegaron a Federico Sturzenegger y se quedaron con el control y la administración del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que el gobierno espera que signifique el manejo de miles de millones de dólares.

LPO reveló hace diez días que el gobierno de Javier Milei había reglamentado gran parte del RIGI, pero llamativamente no había avanzado en una cuestión clave como la conformación de la comisión evaluadora que tendrá que determinar qué proyectos cumplen los requisitos para acceder a los beneficios del programa.

La omisión, que había causado sorpresa en el mundo empresario, estaba vinculada a un tironeo interno en el gobierno entre Toto Caputo y Sturzenegger, lo que había generado que Milei demorara la decisión.

Este martes la pelea se saldó con una resolución publicada en el Boletín Oficial y quedó claro que la disputa se inclinó para el lado de Toto Caputo, aunque su primo Santiago también tendrá peso en el manejo del RIGI. 

La administración del RIGI abre otra interna entre Toto Caputo y Sturzenegger

El Ministerio de Economía publicó una resolución (que insólitamente tuvo que ser corregida en la misma edición del Boletín Oficial) en la que creó el Comité Evaluador de Proyectos RIGI y la Unidad de Coordinación RIGI.

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El Comité Evaluador es el que tendrá la palabra final sobre los proyectos y estará integrado por varios funcionarios del Ministerio de Economía, además del vicefeje de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. Esta última es una funcionaria de extrema confianza de Santiago Caputo.

Rolandi entró al gobierno de la mano de Nicolás Posse y se terminó acercando a Santiago Caputo. Su inclusión en el Comité Evaluador fue llamativa porque en una primera versión de la resolución de Toto Caputo no estaba mencionado, pero luego fue incorporado en una nueva resolución. Esta desprolijidad dejó en evidencia la pulseada de Santiago por meterse en el negocio y evitar que todo quede en manos de su primo.

La necesidad de que haya un "comité evaluador" de los proyectos genera suspicacias en el sector privado, donde se preguntan por qué no pueden aprobarse por criterios objetivos lo que lo haría más transparente

Los funcionarios de Economía que integran el Comité Evaluador son los secretarios coordinadores de Energía y Minería, Daniel González; el de Producción, Juan Pazo; y el de Infraestructura que todavía no está designado oficialmente pero sería Martín Maccarone, un empresario de la construcción ligado al ministro. Completan el comité los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno; de Hacienda, Carlos Guberman; y de Legal y Administrativa, José García Hamilton.

 

En tanto, la Unidad de Coordinación RIGI, que tendrá el manejo administrativo de todos los proyectos, quedará en manos de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería que conduce Daniel González, ex CEO de YPF durante el gobierno de Macri y que ahora responde a Toto Caputo.

Con el aval de Caputo, los grandes estudios ganarán millones de dólares por "hacer los papeles" del RIGI

LPO también reveló que Toto Caputo tiene un acuerdo con grandes estudios para queden a cargo de "hacer los papeles" del RIGI, esto es el asesoramiento a empresas para que puedan presentarse y acceder a los beneficios del programa. Por ese trabajo los grandes estudios están cobrando entre el 1% y el 3% de la inversión total de los proyectos, que tienen de base los 200 millones de dólares pero que pueden llegar a superar largamente esa cifra. En resumen, sólo el "papeleo" es un negocio millonario.

La necesidad de que haya un "comité evaluador" de los proyectos genera suspicacias en el sector privado, donde se preguntan por qué no pueden aprobarse por criterios objetivos lo que lo haría más transparente. El rol de los estudios de abogados "asesores" y de los funcionarios "evaluadores" ya empezaron a generar desconfianza entre los empresarios.

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