El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, recibirá hoy a los vecinos de Alta Córdoba que fueron víctimas de la explosión de Raponi Industrial Química, según confirmó el abogado Mauro Ompré.

Ompré señaló que “Capitanich dijo que la Nación estaba dispuesta a ayudar, pero que las autoridades cordobesas no le atendían el teléfono. Yo lo contacté directamente para que pueda hacerlo porque mis clientes no tienen que verse afectados por las disputas políticas” entre las administraciones nacional, provincial y municipal.

Diego Di Pascuale, propietario de una de las viviendas destruidas por la explosión de la planta de la firma Químicos Raponi, informó que lo llamaron desde la Jefatura de Gabinete de la Nación y lo convocaron a Buenos Aires para analizar de qué manera lo pueden ayudar.

Indicó que será recibido por el propio Jorge Capitanich; por la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, o por funcionarios de alguna de estas áreas del Ejecutivo nacional.

“La idea es ir en nombre de todos los damnificados, y más allá de la asistencia otorgada por la municipalidad o la Provincia, queremos pedirle a la Nación que nos ayuden”, señaló Ompré. 

Denuncia contra autoridades municipales

Por otra parte, Ompré confirmó además que un grupo de damnificados por la explosión de la planta química realizó ayer una presentación a la Justicia con un pedido de investigación e imputación contra el intendente Ramón Mestre por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La denuncia incluye además al secretario de Control y Fiscalización, José Fernández, al titular de la Dirección de Habilitaciones, Gabriel Tirante, y al segundo de esta dependencia, Roberto Eulmesekian.

Sobre las razones de la denuncia, Ompré sostuvo que hay pruebas importantes sobre las anomalías en los controles sobre el funcionamiento de Raponi Química Industrial, donde el jueves 6 de noviembre se produjo la explosión que causó cuantiosos daños además de una víctima fatal y más de 60 heridos, uno de gravedad. 

“La habilitación que tenía Raponi SRL de las cuatro parcelas se venció en abril de 2014. Recién el 18 de julio se pidió la renovación, porque se la había pedido mal en el CPC de Centro América. Recién en julio fueron a la Municipalidad para solicitarla, que es lo que corresponde por ser una actividad de alto riesgo. Desde entonces el trámite está paralizado. Renovaron el pedido de habilitación en septiembre por última vez, y de acuerdo a los datos informáticos municipales, se encuentra aún la gestión paralizada. Al día de la explosión, Raponi no tenía habilitación en ninguna de las parcelas”, sentenció el abogado a Canal 10.

El defensor de un grupo de damnificados de Alta Córdoba entiende que en ese lapso de tiempo, los organismos de control deberían haber intimado al menos tres veces a la empresa y haberla clausurado.