Ayer se dio la primera evidencia de que Jorge Capitanich no está dispuesto a comprar conflictos que vienen de antes y menos quedar sospechados de los tejes y manejes que precedieron a la amañada privatización de los casinos.

Fuentes confiables revelaron a este medio que pasadas las PASO Capitanich estaría dispuesto a cumplir a rajatabla sus compromisos asumidos el mismo día que desembarcó para reasumir el Gobierno aquel 25 de febrero.

En espacios habitualmente bien informados se da por cierto que con los elementos de juicio acumulados el Estado estaría en condiciones de disponer la rescisión del contrato con lo cual Coqui daría algo más que un golpe de efecto.

La calma relativa que vive el ámbito político chaqueño podría cesar una vez que la batalla proselitista de cara a las elecciones generales haga aflorar las cuitas de cada bando en la cadencia de denuncias seriales que se configuró en la previa de las PASO. Y se descuenta que llegado el momento la cuestión de las privatizaciones en Lotería Chaqueña vuelva a la palestra con todo lo que ello implica para la actual administración. De ahí los reflejos del primer mandatario.

La denuncia por irregularidades en la enajenación de los casinos del interior tuvo su pico de ebullición en la campaña pasada y desembocó en una medida cautelar del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky que puso en ascuas a la plana mayor de Lotería Chaqueña dado que peligra un negocio millonario para la empresa que ganó la licitación.

La convocatoria había sido formulada por el entonces gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff entre gallos y medianoche, con un sigilo que le permitió actuar sobre los hechos consumados. Cuando algunos críticos del proceso como el defensor del pueblo Gustavo Corregido y el diputado nacional José Mongeló pudieron tomar fehaciente nota de lo que estaba pasando, las casas de juego ya estaban en manos privadas.

Se alegó en ese momento que la privatización no se ajustaba a los principios constitucionales que consideran esa posibilidad en tanto se establezca la medida como una política de Estado anudada a un emprendimiento turístico. La presentación fue realizada por Corregido ante la Justicia provincial, pero las instancias intervinientes consintieron la prosecución del traspaso a pesar del fuerte rechazo social.

El hecho es que los casinos quedaron en manos de una empresa privada que deberá -en teoría- compartir sus dividendos con Lotería, pero a cambio el Estado se privó de administrar una parte medular de la industria del juego que según los últimos cálculos generaría alrededor de $4.500 millones durante los próximos 20 años, ya concesionados a una empresa privada.

Pocos días después de finalizado el proceso, que contó con el entonces subsecretario legal y técnico Pedro Miró como estratega en las sombras, volvió a hacerse cargo del Poder Ejecutivo provincial el gobernador Jorge Capitanich, tras renunciar a la Jefatura de Gabinete.

En el discurso inaugural de su reasunción, cuando medio Chaco criticaba severamente al gobernador interino saliente y la otra mitad de la provincia le dedicaba la mayor de las indiferencias, el mandatario titular se comprometió a revisar lo actuado e incluso -si correspondiere- retrotraer la situación a cero.

Eso nunca ocurrió. Capitanich dejó pasar el tiempo, ratificó a las autoridades de Lotería que habían sido designadas por Bacileff y nunca le pasó factura a su vice al menos públicamente. Después vino la presentación de una de las empresas que se sintieron afectadas por el favoritismo del Gobierno hacia un grupo empresario en particular y el fallo de la Justicia Federal que reavivó el escándalo hasta transformarlo en una mancha para el discurso a favor de la transparencia que en su momento enarboló Coqui.

Esta historia no tuvo desenlace y todo indica que podría aflorar con mayor virulencia en medio de la campaña electoral que viene, con un alto costo para la administración del Frente Chaco Merece Más.