Un decreto de la Intendencia autoriza la entrega de subsidios a vecinos de distintas ciudades por $ 2,2 millones. Los concejales opositores advierten que se trata de una práctica clientelar. Ediles aliados a la Casa de Gobierno cuestionan un decreto firmado por Alfaro en septiembre
La entrega en subsidios municipales por más de $ 2 millones despertó el fantasma del clientelismo electoral, dos semanas antes de las elecciones para diputado nacional. Un grupo de concejales peronistas acusó al intendente, Germán Alfaro(Cambiemos), de entregar ayudas sociales de $ 1.500 a vecinos de toda la provincia para incrementar el caudal de votos de la lista macrista. “Esto es la compra de voluntades escondida en ayudas para micro emprendimientos, cuando no pueden pagar ni la luz”, arremetió el edil José María Franco.
El decreto 3.810 del 28 de septiembre de 2017, autoriza a la Secretaría de Gobierno de San Miguel de Tucumán a la entrega de $ 2,2 millones para al menos 800 personas. LA GACETA tuvo acceso a este instrumento, que lleva las firmas de Alfaro; del secretario de Hacienda, Cristian Abel; y del secretario de Gobierno, Walter Berarducci. Fuentes municipales explicaron que, por el monto, el cobro se realizaba en efectivo.
“Ante la cantidad creciente de vecinos que se acercan a estas oficinas solicitando la acción del municipio para ayudarlos a paliar la difícil situación económica por la que están pasando, la Dirección de Empleo y Emprendimientos ha tomado la decisión de elaborar una base de datos por las personas referidas, a quienes se les solicitó que formalicen su pedido por escrito y justifiquen someramente su situación económica, a través de la presentación de copia de DNI y cartas de pobreza”, explica el instrumento en los considerandos.
Los fondos para la entrega de estos subsidios corresponden a la Partida Principal 31, que en el presupuesto 2016 fue fijada en $ 72 millones (como el Concejo aún no aprobó el presupuesto 2017, la Intendencia recondujo el instrumento del año pasado). La Secretaría de Gobierno tiene asignados $ 41 millones del total de esa partida. Las erogaciones surgen de la sub partida Aportes a Actividades no Lucrativas. El decreto municipal enmarca las ayudas sociales en los artículo 9 y 10 de la ordenanza de Contabilidad (570/80), que autoriza los subsidios “a entidades o personas extrañas a la administración para contribuir a la realización de obras o trabajos o para inversiones”.
Desde la Municipalidad negaron cualquier irregularidad y aseguraron que ninguna norma prohibe entregar subsidios a vecinos de otros municipios. “Esta gestión trabaja con énfasis para ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad; a diferencia del alperovichismo o del manzurismo, donde los fondos del Estado van a parar a cajas de seguridad de funcionarios”, justificó Berarducci (se informa aparte).
“El intendente utiliza los fondos del municipio para comprar voluntades en lugar de brindarle servicios a todos los vecinos. Compran votos con subsidios sociales. Estamos ante un posible delito de malversación de fondos”, consideró el edil David Mizrahi, de la bancada Tucumán Crece-PJ. Adelantó que junto a los ediles del bloque trabajan en un proyecto de resolución para que el intendente informe cuáles son los decretos de ayudas sociales y los montos destinados. “Cotejamos las listas de beneficiarios del decreto y el 60% vive en el interior de la Provincia, sobre todo en los departamentos Leales y Cruz Alta: son dos de los distritos donde peores resultados electorales tuvo Cambiemos en las PASO. El intendente está desesperado para que su esposa (Beatriz Ávila) sea diputada nacional. Seguiremos cotejando datos porque pensamos que pueden haber beneficiado a personas fallecidas. No nos sorprendería porque ya estuvieron afiliando muertos para el Partido por la Justicia Social”, disparó el alperovichista. “El municipio no tiene Boletín Oficial ni distribuyen copias porque adoptan medidas como estas”, apuntó, a su vez, Franco (bloque Restauración Peronista).
“El dinero de los vecinos de la capital no tiene por qué ser utilizado en otras jurisdicciones. Desconocemos si existe una ley que lo impida, pero la ética nos dice que esto no puede suceder. Me parece una irregularidad manifiesta: el decreto fue firmado el 28 de septiembre y la campaña comenzó el 23. Ayudan a vecinos de Alderetes, Las Talitas, Los Ralos, Villa Padre Monti... justo donde perdieron en las elecciones y por paliza”, consideró Dante Loza, presidente del bloque Tucumán Crece (afín a Casa de Gobierno).
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