Como parte del juicio político llevado adelante por el Concejo Deliberante y aprobado por seis votos a favor y una abstención, 8.600 electores están habilitados para sufragar por el “Sí” o por el “No” que la jefa municipal termine su mandato en diciembre del año próximo. Se necesita el 50 por ciento de los votos más uno para remover a Olmos de su cargo.

El juez electoral Carlos Pelliza, junto a dos directoras de escuela, será el responsable de 25 mesas habilitadas en ocho establecimientos, de 8 a 18.

Gestión polémica. Los hechos se desataron en el seno del Concejo Deliberante capillense cuando el edil kirchnerista César Imbellone impulsó por tercera vez el juicio político a Olmos. La acusó de “corrupción administrativa”, endilgándole supuestas irregularidades como contratos de obras públicas superiores a los autorizados, pago de viáticos a agentes municipales que figuran como monotributistas y gastos no autorizados en una muestra cultural, entre otros.

Imbellone logró la aprobación de sus pares, con una abstención. La intendenta Olmos fue notificada de la decisión del referéndum revocatorio, pero no fue apartada de su cargo. Este hecho fue calificado como “ingenuidad política, le dejaron el manejo municipal en una instancia crucial” por parte de un alto funcionario provincial de primer nivel.

Las últimas semanas han arreciado en las radios FM regionales una profusa difusión oficial, publicitando obras y la posición política de la intendenta, impulsando el voto a su favor.

Desde que asumió el cargo en 2007, la intendenta debió afrontar tanto problemas financieros, como ríspidas relaciones con diferentes sectores de la ciudad, incluso reproches públicos a su antecesor Gustavo De Figueredo (PJ). La frutilla de la torta lo constituyó un robo nunca esclarecido en las dependencias municipales, tanto dinero en efectivo como valores: los autores entraron al lugar con las llaves y se llevaron una caja fuerte empotrada en la pared.

A esta cuestionada circunstancia se le agregó recientemente la adulteración de firmas en cheques, por parte de un empleado. “Eso fue político”, aseveró Olmos a este diario.

La jefa municipal parece tenerse confianza para el lance y aseguró que “el radicalismo y la gente” la apoyan. “Nadie quiere interrumpir el proceso democrático, esto es un real golpe de Estado y no les saldrá bien”, dijo.

No fue de la misma opinión la concejal Gabriela Castellá (PJ), a cargo de la presidencia del Concejo. “El juicio político es un resorte democrático, al que tuvimos que apelar representando al pueblo disconforme de esta gestión municipal, más allá de las irregularidades denunciadas: la intendenta jamás instó al diálogo y al consenso”, disparó la concejal.

Por el su parte el denunciante Imbellone no se quedó atrás. “Esto no es una gestión de gobierno, se han dilapidado 100 millones de pesos de ayuda de la Provincia y Nación, no hay una sola obra terminada. He denunciado penalmente además a la intendenta, cualquiera el resultado del referéndum revocatorio deberá responder a la justicia”, enfatizó.