Se trata de un plan oficial para reinsertarlos socialmente. Más de 90 internos ya recibieron formación.
¿De qué? Sí, así es. Obviamente dependerá de la demanda, pero al menos ya están formados como colocadores de malla antigranizo, un oficio que promete darles alguna salida laboral, incluso como emprendimientos propios o pymes de servicios.
Es lo que se desprende de los cursos que, con fondos BID canalizados por la Unidad de Financiamiento Internacional a través de Mendoza Productiva, una fundación dedicada a la capacitación empezó a dictar durante el segundo semestre de éste año para un sector de la población penitenciaria.
El que componen quienes purgan sus penas en Gustavo André, el establecimiento de calle Boulogne Sur Mer y en San Rafael, y están cerca de lograr su libertad.
La fundación Juventud en Marcha, que funciona desde 1994, ganó una licitación dentro del llamado Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad, para dictar los cursos de Instalador de Sistema de Malla Antigranizo, con apoyo de profesionales del INTA Rama Caída.
Si bien el convenio con la Provincia no garantiza inserción laboral al salir a la calle, una Bolsa de Trabajo que funciona gracias a otro acuerdo con bodegas de San Rafael sienta un precedente sobre las chances de que los ex presidiarios logren ser prestadores de servicios para el agro más allá de los prejuicios que aún subsisten.
Desde la forma de cálculo para la colocación de postes y tensores, hasta el módulo sobre Proyecto Ocupacional, que brinda información sobre cómo constituír una pyme, el programa apunta a una especialización. Para el presidente de Juventud en Marcha, Walter Zamora, "en el mercado hay demanda suficiente para ése perfil de mano de obra. Lo difícil es conseguir financiamiento".
En cuanto a costos comparativos, Zamora pone un ejemplo: una mipyme formada por ex capacitandos en la zona Este ofrece su servicio por hectárea hasta en un 60% por debajo de los valores de plaza.
Trabas a la inserción laboral
Puesto que ninguno de los más de 90 internos cursantes recupera su libertad todavía, no hay ponderación sobre los resultados. Sí un compromiso de seguir con el programa (por convenio tiene una vigencia de 2 años), supeditado a contar con la asignación de fondos necesaria, que éste año fue de $100.000.
"Es la intención para 2013, pero no depende de nosotros. La prioridad siempre es la gente que está cerca de cumplir su pena y salir en libertad", señala el director del Servicio Penitenciario Provincial, Sebastián Sarmiento.
Lo cierto es que, más allá de cada situación particular, por contar con módulos técnicos más complejos el curso no es para todos. Según la definición del mismo Sarmiento, se requiere "un nivel de desarrollo académico. No se trata de buena voluntad sino de acreditar terminalidad educativa, algo que habrá que corregir".
Algunos datos curiosos: la formación estuvo abierta también al personal penitenciario, quienes participaron junto a los internos de la parte práctica: ni más ni menos que la instalación de algunos paños de malla antigranizo en los predios, que ya son propiedad de la granja de recuperación en Lavalle, como también en Capital y San Rafael.
Los insumos (postes para la estructura, malla y demás) fueron provistos por la misma Fundación, y el resultado es propiedad del Servicio Penitenciario.
De cara a lo que les espera ¿qué porcentaje de los recuperados consiguen trabajo? ¿Existen pruritos en las empresas que demandan recursos humanos? Según la responsable de la Dirección de Promoción del Liberado, Mariana Gardey Merino, sí.
Su área tiene 430 tutelados a su cargo, canaliza subsidios y planes para emprendimientos productivos, y con ésas condiciones a mano monitorea cómo se insertan quienes cumplieron sus condenas como también a los que están bajo el Régimen Progresivo de la Pena (salidas transitorias, al menos hasta la sanción de la ley que las limita, al completar un 75% del período en prisión).
La DPL maneja un dato por declaraciones y por lo tanto poco riguroso: 60% de los varones ex convictos se desempeña en la construcción. Pero logró formar en San Rafael una bolsa de trabajo por convenio con algunas bodegas. Y gestiona replicarla con las mineras del Sur provincial.
"Notamos que entre las empresas de la zona hay una mayor conciencia", reflexiona Gardey. Por lo demás, no usa eufemismos. "Intentamos colocarlos en empresas que piden mano de obra calificada. Pero a la hora de los trámites, chocamos con el tema del certificado de buena conducta, que no se puede obtener hasta que se cumpla con 1/3 de su condena en el exterior. Por eso, si se puede evitar identificarlos con la DPL para que consigan trabajo, lo hacemos".
Suficiente para haber logrado que un joven recuperado trabaje hoy como chofer de transporte público, y que "un grupo de chicas que sean proveedoras de insumos para el Estado.Aunque no tengamos datos, al menos intentamos constatar que sea trabajo en blanco".
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