El diputado nacional electo José Cano dijo que la veeduría solicitada por la Nación en 33 causas de la Justicia provincial implicaba una oportunidad para fortalecer las instituciones y no el avasallamiento sobre el sistema judicial que advierte el Gobierno de Juan Manzur.

“Es curioso escuchar hablar de respeto por la independencia de la Justicia a quienes avalaron que el ex gobernador José Alperovich impusiera a sus funcionarios y familiares para tener mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, expresó el dirigente radical en referencia a las manifestaciones de Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y de Justicia de la provincia.

Vargas Aignasse y Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos, tienen previsto cuestionar el envío de veedores mañana, en la reunión que el Consejo Federal de Justicia celebrará en Mendoza, con la presidencia del ministro macrista Germán Garavano. La propia Corte tucumana aún no definió si dará o no el permiso para la observación que solicitó Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación.

Cano también defendió la decisión de nombrar como observadores a los abogados Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles: la primera es delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj mientras que el segundo procede de las filas radicales y litiga en el caso “Teves”, proceso con repercusiones institucionales intensas incluido en la lista de los veedores. “Se trata de dos profesionales intachables e idóneos para la tarea encomendada.

Es indispensable dejarlos trabajar y conocer sus conclusiones sobre causas que mucho tienen que ver con la calidad institucional que los tucumanos perdimos hace tiempo. Si no hay nada que ocultar, no deberían estar tan nerviosos o preocupados”, expresó en una declaración remitida a este diario.

Los nombres de los veedores habían sido cuestionados en el oficialismo. Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, había sugerido primero que existía una identificación explícita con Cambiemos. Luego, Vargas Aignasse arremetió: “se nombró a personas de reconocida pertenencia política y, lo que es más grave aún, uno de ellos está activo en el foro local y tiene una vasta trayectoria en el ámbito del derecho penal”. Según la funcionaria de Manzur, la iniciativa de la Nación no redundará en un fortalecimiento institucional: “(los veedores) no garantizan la imparcialidad necesaria para coadyuvar a la mejor administración de justicia, que es un anhelo de los tucumanos”.

Cano consideró que la figura del veedor judicial externo no era novedosa en Tucumán. “La causa ‘Lebbos’, que finalmente llegará a juicio oral el año que viene (empieza el 6 de febrero), retomó impulso por un veedor que designó la anterior administración nacional, y que realizó un trabajo impecable para demostrar las irregularidades de una causa impune y escandalosa”, dijo en referencia a la labor de Bernardo Lobo Bugeau, hoy funcionario del Ministerio Público de Edmundo Jiménez.

La tarea de este abogado de la Secretaría de Derechos Humanos kirchnerista encendió la luz sobre la inacción del ex fiscal Carlos Albaca, que terminó renunciando acorralado por las denuncias y que posiblemente también será juzgado en 2018. “Es evidente que en el Poder Judicial de Tucumán algo no está funcionando como corresponde y el Ministerio de Justicia de la Nación es muy valiente al haberse decidido a investigar qué sucede. Lo más prudente sería dejar trabajar a los veedores, pero es evidente que a muchos poderosos de nuestra provincia les molesta la verdad”, dijo Cano.