El ex juez federal presentó el proyecto junto al diputado nacional del Frente de Todos, Roberto Mirabella, y su par de la UCR por Santa Fe, Juan Martín. Con esta iniciativa sebusca agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal, a fin de brindarle más herramientas y dotarla de mayor eficiencia en su lucha contra el narcotráfico. 

Concretamente, el proyecto promueve la implementación más rápida del nuevo Código Procesal Penal Federal y establece como fecha máxima para su puesta en marcha el 1 de enero de 2026. 

Según datos oficiales, la aplicación de esta norma permitiráreducir los tiempos de actuación de la Justicia Federal en un 50%, por lo que el promedio de duración de las causas pasaría de 6 a 3 años aproximadamente.

En la actualidad, la implementación del nuevo Código depende de una Comisión Bicameral creada con ese fin en el año 2014 mediante la Ley 27.063. Luego de 9 años, la Comisión sólo logró la efectiva aplicación de la norma en las provincias de Salta y Jujuy, con muy buenos resultados. 

El proyecto presentado por los legisladores habilita la implementación anticipada del nuevo Código por parte del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Justicia y a la Procuración General de la Nación. Sin embargo, las autoridades no podrán excederse de la fecha máxima establecida, a inicios de 2026.

Además, la iniciativa dispone que aquellos artículos del Código referidas a la mayor agilidad de los procesos en curso se aplicarán a todos los juicios orales iniciados por la Justicia Federal luego de la sanción de la ley.

En los fundamentos del proyecto de ley, se propone un plazo entre dos y tres años, como máximo, para que los poderes públicos involucrados procedan, en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar las adecuaciones de espacios físicos y reorganización de recursos humanos para asumir, en la fecha tope establecida, los cambios de roles, funciones y gestión de casos que implica la entrada en vigencia del nuevo Código.-

Sin embargo, el proyecto puntualiza que, previa consulta con la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Resolución conjunta del jefe de Gabinete y el Ministerio de Justicia de la Nación, se podrá ordenar la implementación anticipada en aquellas jurisdicciones que se encuentren en condiciones organizacionales de hacerlo.