Sucedió en Mar del Plata en 2015, cuando un agente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) engañó a Mario Edmundo Chávez, aprovechándose de su condición de analfabeto. Se trata de Guillermo Daniel Alcaraz, ex yerno del icónico político marplatense Juan Garivoto, quien realizó la maniobra delictiva que el juez ha calificado como concusión: le exigió a Chávez la entrega de $5.000 a cambio de haberlo acompañado y haber agilizado sus trámites jubilatorios. El procesamiento se dictó sin prisión preventiva, ya que la figura legal en cuestión no prevé condenas que resulten de cumplimiento efectivo para un acusado sin antecedentes, pero se le prohibió la salida del país, y se le trabó un embargo por $100.000.

De acuerdo a la resolución del juez federal Santiago Inchausti, la investigación se habría iniciado a partir de una denuncia efectuada por un hombre que relató que en septiembre de 2015 fue a la sede de la ANSES de la avenida Luro 4942, con el fin de averiguar por el curso de su trámite de jubilación. En la oportunidad fue atendido por el mencionado Alcaraz, quien le indicó que volviera a las 14 porque su trámite estaba listo. A esa hora, lo esperaba en la puerta del local con los papeles de la jubilación listos. Luego, el mismo empleado lo acompañó al Banco Industrial, de Colón y Francia, donde debía cobrar el retroactivo del beneficio, por la suma de $11.000. A la salida de la entidad bancaria, el ahora procesado le habría exigido la suma de $5.000 por haberlo ayudado con el trámite, pago que se concretó.

Relata el juez: “Alcaraz se ofreció a llevarlo a Chávez en auto hasta la parada de colectivo, y mientras realizaban el recorrido le habría exigido la suma de $5.000, diciéndole “bueno viejo…, me tenés que dar la plata de los chicos, me tenés que dar $5.000. $6.000 son tuyos, lo que es tuyo es tuyo, lo que es nuestro es nuestro”, a lo cual accedió la víctima, creyendo que era eso lo que tenía que hacer”.

“Lo nuestro es nuestro”, la cita que refiere las palabras textuales con las Alcaraz habría exigido un pago ilegal a cambio de un trámite oficial, muestra a las claras que el pago ilegal representaba dinero para sí mismo, y quizá para repartir con terceros implicados en la actividad indebida.

La prueba

En el procesamiento, el juez entendió, a partir de los elementos de prueba reunidos, que el agente Guillermo Daniel Alcaraz efectivamente se aprovechó de la situación personal de la víctima, que resultaba un hombre mayor, analfabeto y sin conocimientos de la realización de trámites. Dice de Alcaraz: “Arbitró los medios necesarios para acompañarlo a la sede del banco a cobrar, y luego de ello generó la situación para que ambos se encuentren a solas en el auto con el que habían ido -haciéndole creer a la víctima que sólo lo quería alcanzar a la parada de colectivo- para, en ese momento, exigirle indebidamente la suma de $5.000, a lo cual, por desconocimiento y encontrándose solo en ese lugar con el imputado, la víctima accedió”.

Podría entenderse de lo antedicho que la palabra de Chávez es la única prueba de la cuestión, pero no es así. Porque figuran en la causa tanto la palabra de la jefa de la oficina, Viviana Izquierdo, quien recibió la denuncia del perjudicado, como así también la del empleado del Banco Industrial que se desempeñaba en el sector de cajas, al que le pareció extraño que el jubilado estuviera acompañado todo el tiempo por un empleado cuya vestimenta tenía el logo de ANSES. Agregó que cuando le preguntó qué sucedía, Alcaraz le dijo “me mandó la jefa”.

Algo similar sostuvo el gerente de la entidad -específicamente de la sucursal 22-, quien agregó que días después el damnificado había vuelto a la entidad, y pedido hablar con él. Tras el relato de los hechos, el gerente le recomendó que se dirigiera a la ANSES a denunciar lo sucedido. El registro fílmico de la sucursal bancaria, que fuera aportado a la investigación de la Policía Federal, apoya los dichos de todos los empleados.

El juez ordenó el allanamiento del domicilio particular del acusado, sitio en el cual se secuestraron dos teléfonos celulares que son objeto de pericia, y que podrían arrojar nuevas líneas investigativas respecto de si existen otras personas de la entidad que estuvieran vinculadas con Alcaraz en el engaño, que puede haber sido una modalidad habitual.

El perseguido

El agente de la ANSES expuso su versión de los hechos, y dijo que el día en cuestión, una vez finalizado el trámite que había ido a realizar, el propio jubilado le pidió que lo acompañara al banco dado que no entendía los trámites que debía realizar porque era analfabeto, a lo cual accedió Alcaraz. Incluso, dado que la víctima no sabía escribir, le aclaró su firma en el ticket de cobro. También dice que al otro día, el ahora denunciante habría concurrido a llevarle sandwiches de regalo, en agradecimiento por las atenciones que había tenido.

Asimismo, el acusado sostuvo que a las “dos o tres semanas” el jubilado volvió queriéndole hacer la denuncia, pero no la hizo en ese momento y se fue. Que su jefa lo acompañó hasta la parada de colectivo y allí hablaron un rato. Lo que quiere decir Alcaraz es que existe una intencionalidad en las denuncias que ahora se erigen en su contra: “esta es una causa que me armaron en 2015”, dijo.

El agente de ANSES intentaba decir que la responsable era su entonces jefa de la dependencia, ya que -sostuvo en su declaración- él es delegado gremial, y al momento de los hechos protagonizaba un conflicto específico. Relata que en 2015 se habían cerrado las cinco oficinas de la  UDAI de la ciudad, y de esta manera, asegura, se habría generado un problema personal entre ambos. Así fundamenta que, a su criterio, la denuncia se trataría nada más que de una “persecución político–gremial en su contra”.

El juez, al disponer el procesamiento de Alcaraz, sostuvo que los hechos fueron comprobados provisoriamente, que es lo que se exige para la elevación a juicio. El principal sostén del proceso resulta ser que lo expuesto en la denuncia del jubilado es coincidente con lo declarado por los restantes testigos, como así también con la prueba producida, como filmaciones y expedientes administrativos. Agrega el magistrado Santiago Inchausti del Tribunal Federal N°3: “Ahora bien, la cuestión central es establecer si efectivamente dentro del auto en el cual se transportaron al Banco Industrial, y luego de haber efectivizado el cobro del retroactivo de la jubilación, Alacaraz le exigió a Mario Edmundo Chávez la suma de cinco mil pesos. En ese sentido, entiendo que los elementos incorporados en autos dan por confirmada la versión expuesta por la víctima”.

En cuanto al descargo efectuado por el trabajador, cuando consideró que la causa resultaba una persecución político gremial pergeñada por la jefa de ANSES, el juez sostuvo que la versión no le cierra, porque la víctima no había concurrido a ella en primera instancia, sino al banco en cuestión. A partir de allí, cuando ella toma conocimiento de los hechos, eleva la denuncia porque es lo que le corresponde como funcionaria pública.

Algunos indican que el exsuegro ya le soltó la mano. Otros, que nunca se la sostuvo. Lo cierto es que el caso despertó en la población una indignación exacerbada, que se sostiene en el rechazo generalizado que genera aprovecharse de un anciano que es además analfabeto, y que sólo atinó a responder, “si es así, tendré que dar”.

De todas maneras, como siempre sucede, la mano del poder sigue presente. El cerco informativo no había señalado hasta el momento la fina prosapia política del empleado. Pero este es el ejemplo de una simple y llana canallada, esa de la que el ciudadano común quiere liberarse de una vez por todas.