El proyecto de reforma judicial presentado por el presidente Alberto Fernández es leído, mayormente, como la iniciativa para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y resolverle sus problemas. Es un análisis lógico y al mismo tiempo simplista. Quizá se trate de algo más y sirva para responder otra pregunta: ¿Por qué ahora? 

La necesidad de encontrar una agenda que vaya más allá de la pandemia se impone al mismo tiempo de lograr un avance cierto en un tema cuya coyuntura actual no está garantizada en el futuro. Nadie puede asegurar cual será el futuro del gobierno y el oficialismo luego de la pandemia. Las dudas sobre la economía y las tensiones sociales derivan en algo más inquietante. Se trata del tipo de representatividad política que vaya a quedar en pie. 

Mientras la mirada permanece sobre los anuncios judiciales, algunos episodios pasan desapercibidos para el gran público, pero explican un paso más en el avance de La Cámpora para consolidar su poder territorial en la provincia de Buenos Aires. Luego de varios días de intensas negociaciones, se terminaron de conformar las comisiones en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. 

La Cámpora

Una de las más discutidas, por su importancia estratégica es la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La presidencia de ella fue capturada por un hombre de Máximo Kirchner, el senador Emmanuel González Santalla. El joven encabezó la lista de legisladores por la 3ra. Sección Electoral, es de Avellaneda y tuvo un paso por el Gobierno de Jorge Ferraresi. 

Las conversaciones entre oficialismo y oposición se dieron en un marco donde no siempre el tono fue bajo y, por momentos, los frágiles acuerdos sólo eran cenizas de llamas que pulverizaban el mínimo compromiso. Lo cierto es que no sólo era tensa la relación entre el Frente de Todos y Juntos por el cambio, sino también puertas adentro de cada espacio.

Así las cosas, las negociaciones en el Senado provincial habrían incluido la visita de la vice gobernadora Verónica Magario al municipio de Merlo para destrabar la situación y afinar la letra chica. Fue tras esa reunión que luego se conoció el test positivo del alcalde Gustavo Menéndez por Covid-19, lo que obligó a Magario a auto aislarse por unos días. 

Una negociación decisiva

¿Por qué la reunión en el distrito de la zona oeste destrabó la situación? De allí es el senador Gustavo Soos, con amplia experiencia en los temas institucionales del Derecho por haber integrado el Consejo de la Magistratura. Ahora él será el secretario de la comisión, aunque el 'resultado fino' de la negociación se plasmaría -foto mediante- en los próximos días. Y va más allá del Senado bonaerense. La vice presidente será Nidia Moirano (Juntos por el Cambio).

El propio Gustavo Soos, mano derecha del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, presidirá la Comisión de Obras y Servicios Públicos, aunque es sabido que por sus vínculos se convertirá en nexo entre el Consejo de la Magistratura y la Comisión de Acuerdos.

La clave de esa comisión, por si hace falta agregarlo, es el paso casi final para la designación de jueces y fiscales en la Justicia bonaerense. Los tramites se inician con los concursos de los aspirantes, las entrevistas con el Consejo de la Magistratura, la elevación de la terna de parte del Poder Ejecutivo y la concreción o no en el Senado, previo paso por dicha comisión. 

Ahora sí, pareciera que el Senado bonaerense se encamina hacia el pleno funcionamiento. Con los condicionamientos que, lógicamente, acarrea la pandemia y los nuevos desafíos políticos que imponen los acuerdos necesarios para la aprobación del endeudamiento en ambas Cámaras Legislativas, donde los senadores Gervasio Bossano y Roberto Costa tendrán nuevamente centralidad en la negociación. 

El funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial es otra de las obsesiones de Alberto Fernández desde sus tiempos de candidato. 

Mario Ishii

Para analizar el tema solía recomendar un trabajo realizado por el actual secretario general de la Gobernación, Federico Thea, cuando desarrollaba tareas como Rector de la Universidad de José C. Paz, distrito que ha estado en boca de todos estos días por los dichos de su intendente Mario Ishii, en una aclarada discusión con choferes de ambulancias que pararon el servicio. 

El primer apoyo desde el Gobierno bonaerense para el alcalde paceño llegó de parte del ministro de Seguridad, Sergio Berni -hace horas renunció su jefe de gabinete, Mario Baudry, con criticas al vocero presidencial-. Luego se sumó el jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, e intendentes.  

Con pocas horas de distancia, Berni hizo dos consideraciones favorables sobre el jefe comunal de José C. Paz. 

La primera de ellas fue tras los dichos de Ishii, quien aventuraba que muy pronto la situación de inseguridad y económica sería peor a la crisis del 2001. 

“Nadie puede desconocer la experiencia territorial de Mario (Ishii)”, sostuvo Berni, a quienes, aún sus más duros críticos le reconocen que dice lo que muchos callan por omisión o, simplemente, por desconocer la realidad del conurbano. 

La polémica en torno a la frase sobre drogas en las ambulancias, abre una nueva oportunidad de discutir cuál es el verdadero contexto en el cual les toca gobernar a los intendentes del Gran Buenos Aires. 

La famosa expresión de ser “el primer mostrador” del Estado, por momentos se vuelve muy peligrosa si las respuestas no llegan y las responsabilidades le exceden a sus funciones.

La pandemia

Es por ello que se sigue muy de cerca la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva en el Gran Buenos Aires. 

Sin la correspondiente atención médica no sólo se elevarían el numero de muertes sino que crecería la violencia en los nosocomios. Nada que no se haya advertido desde estas columnas en su momento, sólo basado en experiencias anteriores donde, cuando delincuentes heridos acuden a las guardias hospitalarias y exigen ser atendidos con premura a punta de pistola. ¿Qué pasaría si algún familiar de esa mismas personas no encuentra cama ante síntomas de Covid 19?

Otro foco de tensión creciente es la falta de información por la lentitud en procesarse las muestras de PCR. 

El retraso en los estudios es muy amplio y la carga de la información en el SISA (Sistema integrado de Información Argentino). Hay empleados municipales que ya tuvieron que soportar reclamos subidos de tono cuando personas con síntomas son hisopadas, pero su resultado no se carga en 14 días y tienen que darle el alta sin saber si fueron o no contagiados. Realidades de un Conurbano que cuestan ser analizadas sin transitar el territorio.