Por: Daniel Bilotta.

Un hito extraño que la Corte bonaerense calificó de “histórico” aunque sin connotación positiva. Lo hizo con la resolución 515 del 27 de mayo de 2020, por la que instó a “los poderes Ejecutivo y Legislativo” a “agilizar los procesos para la rápida cobertura de las vacantes.” El pronunciamiento distingue con claridad dónde está ubicado el obstáculo a ese trámite. “En los últimos tiempos, las demoras se producen desde que las ternas son recibidas por el Poder Ejecutivo hasta la remisión del pliego al Senado”.

Las 207 vacantes aludidas en la resolución equivalían al “15,24 por ciento del total de cargo de jueces”. Un año después esa cifra se duplicó. Pese a esa desactualización estadística, el mensaje al gobernador tiene vigencia. El 7 de septiembre del año pasado Kicillof firmó el decreto 773 pidiéndole al Senado la devolución de los 41 pliegos que la oposición aprobó en soledad en la sesión ordinaria del día 10. El Senado es la cámara que interviene en la designación de jueces. El gobernador carece de facultades para reclamar esa acción.

Si se aprueban en la Comisión de Acuerdos, la votación en el recinto es la única instancia que pueden recorrer los pliegos. A Julio Alak se le atribuye haber modificado el texto original del decreto que redactó Federico Thea. El ministro de Justicia hizo sustituir el verbo ordenar por el de solicitar para evitar que el gobernador bordease el ridículo. El sistema republicano de gobierno garantiza la división de poderes. Es decir que un poder no pueda darle instrucciones a otro. Detalle que habría pasado por alto el secretario de Legal y Técnica: el abogado Thea.

Para que su designación sea efectiva, esos 41 funcionarios dependen de un decreto que el gobernador no firmó. Una situación similar a la de las 142 ternas que mantiene sin resolver y las últimas 20 enviadas por el Consejo de la Magistratura que Thea acompañó con su voto. Quizás a modo de compensación: es el delegado de Kicillof en el cuerpo encargado de seleccionar a los aspirantes a jueces.

Más que una represalia, lo que persigue el oficialismo es suspender cualquier decisión que lo obligue a negociar con la oposición hasta que se modifique la composición del Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría propia: 26 sobre un total de 46 representantes. El resto responde al Frente de Todos. La realidad es el principal obstáculo con el que choca ese deseo.

La falta de vacunas, la recesión y la alta inflación hacen que los sondeos prevean por ahora una polarización electoral de la que se recortan tres escenarios hipotéticos. En ninguno Juntos por el Cambio no conservará 26 senadores. En dos, la oposición o el oficialismo alcanzarían la mayoría por solo un representante. En el tercero quedarían empatados y con el Senado dividido a la mitad.

Magdalena Goris tendrá un voto decisivo en cualquiera de ellos. La senadora del Frente de Todos tiene mandato hasta 2023 y es la esposa de Fernando Gray. El intendente de Esteban Echeverría hizo visible la resistencia del peronismo a que Máximo Kirchner presida el PJ. Algo que recién podrá lograr el próximo 17 de diciembre, cuando venza el mandato de sus actuales autoridades. Gray, su vicepresidente, entre ellas.

Para asumir antes, Máximo necesitaba la renuncia de los casi 80 miembros de la actual conducción. Ninguno la presentó. Lo que volvió una abstracción que la Junta Electoral del PJ lo proclame el 2 de mayo. Una derrota que La Cámpora pretendió enmascarar con la pandemia. La razón aparente para no montar una ceremonia de coronación que será imposible hasta fin de año.

Esa impericia dejó a Máximo sin el control del PJ en todo el proceso electoral. Por eso se vio obligado a establecer un acuerdo con los intendentes ligados a Alberto Fernández. Uno es Gustavo Menéndez. El de Merlo preside el PJ y pactó con La Cámpora una transición cuyo primer resultado es un documento crítico al aumento de tarifas propuesto por Guzmán. Forma parte de la unidad que debería reflejarse con otros. Hay otras cláusulas menos públicas.

Menéndez dejaría la intendencia a su hermana y concejal, Karina, para ocupar la Secretaría de Deportes de la Nación después de las elecciones y en 2023 ser candidato a diputado nacional. Ese proyecto depende de la apelación que presentó en la Cámara Penal de Bahía Blanca contra la condena por fraude al Estado bonaerense que le aplicó en 2018 la Justicia Correccional de Mar del Plata: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Juan Zabaleta es otro beneficiado. Fue designado interventor del PJ en Corrientes, que este año elige gobernador. El actual es el radical Gustavo Valdés. El intendente de Hurlingham es el más cercano al Presidente. Lo acompañó en el escenario durante el acto de Ensenada en el que reapareció Mario Secco para emular a Galtieri. “Si quieren venir, que vengan “desafió a la oposición. Tiene coherencia.

El 14 de diciembre de 2017 el intendente de Ensenada copó la Legislatura bonaerense que debatía leyes para transparentar la administración pública. Desde mediados de 2020, el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 2 de La Plata (Silvia Hoerr, Liliana Torrisi y Joaquín Bernard) demora la elevación a juicio oral de la causa abierta en su contra por ese hecho. Secco es uno de los pocos intendentes con llegada a Kicillof y a Cristina.

Cristina avaló la negociación de La Cámpora con los intendentes. La inquieta el impacto de la situación social en el humor electoral. Pero también el control de los 9000 millones de dólares que ingresarán por la cosecha y los 4000millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Si no fuese por eso, podría coincidir con el ministro de Economía en desplazar por incompetente a Basualdo.

La vicepresidenta intercedió ante el subsecretario de Energía para que atienda a los intendentes, preocupados por los convenios firmados con su gobierno para ampliar la red eléctrica con obras realizadas por los municipios tras los apagones de 2013. Carecen de fondos para concluirlas y conectarse al sistema. Basualdo sigue sin responder. Pero el ajuste que Guzmán precisa realizar para que el presupuesto sea un programa económico tiene otras dificultades.

Daniel Arroyo logró suspender el corte total de ingresos a la ciudad que preveía efectuar ayer el Polo Obrero, mientras Fernández se reunía con el Papa en el Vaticano. Una protesta por los 50.000 planes sociales dados de baja en abril por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa tensión está extendiéndose hacia la Iglesia. Un sector de los curas villeros desaprueba el silencio de la Comisión de Pastoral Social ante el crecimiento de la pobreza. Su titular es Jorge Lugones. El obispo de Lomas de Zamora está identificado con Francisco. Igual que la mayoría de esos sacerdotes. La realidad compleja que Máximo y Menéndez intentarán condensar con su emprendimiento literario. El desafío que tiene el friendly party del PJ hasta diciembre.