El duro cuestionamiento fue expresado por los integrantes del Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, que entre el 13 y el 15 de septiembre debatieron la reglamentación de la Ley en Buenos Aires.

"El presupuesto previsto por la Secretaría de Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de los casos incorporaría 195 millones para un sector que desde 2015 reclama más de 1500 millones para hacer realidad la reparación histórica que plantea la ley", dijeron.

El Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena es un cuerpo integrado por 13 organizaciones campesinas e indígenas nacionales, que junto a representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA, asesoran a la Secretaría de Agricultura Familiar sobre la aplicación de políticas públicas para el sector. Se trata de una tarea que en el último encuentro, realizado en Buenos Aires, dejó a los campesinos con mucha preocupación por una eventual desarticulación de un área clave para miles de familias en todo el país.

Es que el Consejo se reunió a la espera de que la reglamentación de la Ley 27.118, denominada "De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar", se transformara en realidad y con ella se estableciera un presupuesto que permitiera pensar en la consolidación del sector en el próximo año, pero nada de eso ocurrió.

"En la última reunión donde teníamos mesa de diálogo, Oscar Alloatti (Secretario de Agricultura Familiar de la Nación) juntó coraje y dijo más o menos lo que están pensando sobre el presupuesto", dijo José Luis Castillo, integrante de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA).     El presupuesto histórico de la Secretaría es de unos 300 millones de pesos y Alloatti habría pedido un crecimiento del 65% para 2017, lo que representaría unos 495 millones de pesos de concretarse.

Pero las trece organizaciones del Consejo vienen esperando un presupuesto superior a los 1500 millones para la Agricultura Familiar ya desde 2014 cuando se sancionó la ley, por lo que ahora tampoco se concretará.

La cifra que garantizaron a los campesinos para 2017 desde el ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buryaile es todavía menor que la solicitada por la Secretaría de Agricultura Familiar, dijeron desde ACINA.

"El Ministerio de Agroindustria garantiza un 18%, que es lo que tiene asegurado desde el Ministerio de Economía, y eso daría un total de 45 millones de pesos, o sea, que eso es más lamentable y es como una sentencia de muerte para la agricultura familiar", expresó Castillo.

En 2015 la Secretaría de Agricultura Familiar cerró el año exigiendo 1500 millones de pesos para desarrollar el universo donde están registradas 300.000 familias a las que se suman otras 200.000 por fuera del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).

En 2016 la Secretaría funcionó con 300 millones de pesos y con las proyecciones realizadas en el último encuentro del Consejo Asesor, en 2017 el mejor escenario incorpora 195 millones y el peor sólo 45 millones.

"Con esos 300 millones de pesos no da ni siquiera para arrancar porque no olvidemos que entre el RENAF y el Monotributo Social Agropecuario se llevan un poco más de 200 millones de pesos, o sea, que le quedaría unos centavitos de 70 millones de pesos para cargar nafta y sacar la camioneta para que sigan girando Delegados provinciales, que no sé a dónde van porque cada vez que llamamos a un técnico no hay plata", planteó Castillo.  El campesino concluyó que "con esto nos convencimos que están dispuestos y decididos a destruir la Secretaría de Agricultura Familiar".