Este mes, le dieron $ 20,6 millones. El mes pasado, le mandaron $ 22,9 millones. Y en septiembre llegaron a esa cuenta $ 19,9 millones. En total, cuando resta un mes para que termine el año, la ciudad de Yerba Buena lleva recibidos $ 228 millones del gobierno peronista de Juan Manzur, en concepto de los dineros coparticipables. 

Puede que esos números no digan demasiado. Pero si se los compara con los $ 233,4 millones que recibió ese municipio en 2015, durante la gestión del otrora intendente Daniel Toledo, se advierte que faltan unos $ 5 millones para igualar las transferencias anuales -aunque todavía pende el depósito de diciembre-. Así las cosas, y a juzgar por los remitos previos, es probable que cuando caiga la última hoja del almanaque, este año Manzur les haya repartido a los yerbabuenenses unos $ 20 millones más que lo que les coparticiparon el año pasado. En promedio, $ 1,6 millón por mes.

Si se tiene en cuenta la inflación anual, las cifras toman su dimensión. Al menos eso plantea el intendente de ese distrito, el radical Mariano Campero, cuando dice que es necesario que la Provincia adopte una visión federal. “Nosotros no hemos recibido lo que nos correspondía. Nos han enviado casi los mismos fondos que en 2015, pese a que los índices de inflación indican hasta un 35 % de aumentos”, expresa.

La comparación entre los billetes coparticipados en los últimos dos años fue efectuada por la secretaría de Hacienda de ese municipio, a través de un entrecruzamiento de datos bancarios. En general, en el ítem correspondiente al Fondo Soja se observa una merma significativa. Desde junio hasta octubre de 2015 Toledo recibió, en total, unos $ 14,7 millones por ese concepto. A Campero le correspondieron, en igual período, $ 4 millones. 

“Hemos optimizado nuestras finanzas y ordenados las cuentas, para subsistir con la recaudación propia. Pero la situación es compleja. Yerba Buena tiene más de 100.000 habitantes, y recibe menos dinero que Banda del Río Salí”, ejemplifica.

En ese informe, se observa, también, que durante la gestión de Toledo las transferencias más abultadas se concretaron en agosto y octubre, con $ 24,1 millones y $ 28,3 millones, respectivamente. En el gobierno de Campero, el mayor desembolso se produjo en junio, con casi $ 27 millones. De acuerdo con sus explicaciones, ese envío cuantioso se debió a un reclamo suyo, puesto que pidió dinero para los actos por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia.

Cambios en el régimen

La distribución de la coparticipación (sistema por el que se reparten los recursos recaudados a través de los impuestos nacionales y provinciales) está regida en Tucumán por la ley N° 6.316, sancionada en 1991. La norma establece que el 16% de los montos nacionales deben ser redistribuidos. Con respecto a los dineros provinciales, el gobierno de Manzur comparte, únicamente, los impuestos Inmobiliario y Automotor. Hace unos meses, 14 de los 16 legisladores tucumanos de la oposición le pusieron su firma a un proyecto conjunto en el que instan a elevar esa masa nacional al 21%. 

Sobre las riquezas provinciales, sugieren que se incrementen los montos que se asignan para esos rubros, y que se coparticipen otros tributos, como Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos. 

De primera o de segunda

En los últimos años, distintos referentes políticos yerbabuenenses procuraron -también- que se ubique a ese municipio en la primera categoría del Régimen Orgánico de las Municipalidades de Tucumán, y no en la segunda -como ocurre actualmente-. 

El último intento fue llevado a cabo por la otrora composición del Concejo Deliberante, que había aprobado un proyecto de resolución para que el Ejecutivo municipal inicie gestiones con el objetivo de que se ascienda al distrito. Por aquel entonces, Osvaldo Jaldo, quien era ministro del interior, sepultó las pretensiones. “Ese tema no está en la agenda del Poder Ejecutivo”, había respondido. 

Qué dice la ley

La ley de las municipalidades, cuyo número es 5.529, establece la categoría que le corresponde a cada una. De acuerdo a la población y a las viviendas, se fija la primera, segunda o tercera categoría. Según la norma, son de primera las municipalidades que tienen una población permanente de más de 40.000 habitantes, y más de 7.500 propiedades privadas. Los sitios cuya población excede los 8.000 habitantes y tienen más de 4.000 propiedades privadas son considerados de segunda. Las municipalidades que no reúnen los requisitos anteriores caen en la tercera categoría.

Actualmente, sólo son consideradas de primera categoría las ciudades de La Banda del Río Salí, Concepción y Tafí Viejo.