Las últimas campañas electorales para las elecciones de 2015 están bajo la lupa de la Justicia para determinar si fueron instrumento para lavar dinero.

La investigación, realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fue publicada por La Nación, será presentarda ante el fiscal Jorge Di Lello.

Las irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria y Compromiso Federal dan cuenta de dinero negro proveniente de "de donaciones escondidas de empresas con estrechos vínculos con el Estado o mediante el blanqueo de recursos de los que ya disponían las fuerzas políticas, las tres con gestión de distintos estratos del Estado".

La Justicia deberá determinar el origen de los fondos utilizados para financiar las campañas electorales de los candidatos.

El informe menciona a tres empresarios cercanos al empresario K Cristóbal López, quienes donaron $ 340.000 a la campaña del FPV.

Se trata de Carlos Fabián de Souza, socio de López en C5N; Ricardo Benedicto, socio en Casino Club; y Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos.

Para la campaña de Macri  se menciona a jóvenes de 20 a 32 años, quienes aportaban para la financiación por cifras superiores a los $ 50.000 y que despiertan la desconfianza de la Justicia.

La campaña del puntano Rodríguez Saá esta bajo la lupa por los 4,3 millones aportados por 12 empresarios.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también participó del informe de la Procelac, por el cual los partidos políticos podrían recibir sanciones, que según la ley de financiamiento podría llegar hasta una pena de inhabilitación de 6 a 10 para ejercer cargos públicos.

La decisión estará en manos de María Romilda Servini, quien deberá decidir si aprueba los informes de las últimas campañas presidenciales.