Por: Sebastián Lacunza.

Como una sombra ubicua, el camino de Axel Kicillof hasta las elecciones de medio término y más allá estará acompañado por cantos de sirena sobre la “crisis de la inseguridad”, el “baño de sangre” y “los progres cómplices de los delincuentes”. Rostros desgarrados por el dolor serán empujados por sus entrevistadores a asociar al gobernador a quienes aprietan el gatillo en una esquina del conurbano.

En su hora política más desafiante, bajo fuego de los hermanos Milei mientras tramita su emancipación de los Kirchner, Kicillof enfrenta una paradoja. Durante su primer mandato en La Plata, eligió como ministro de Seguridad a Sergio Berni, un exteniente coronel que integra el club de la demagogia punitivista junto a quienes ahora forman fila para disparar contra el “inútil” y le piden la renuncia.

Los adversarios del mandatario bonaerense tienen con qué caldear el ambiente. Por empezar, un elenco de dispuesto a lanzar llamaradas a favor de meter bala a niños de 14 años desde la pantalla televisiva y posteos de Twitter escritos con mayúsculas. Insultos a repetición recrudecerán la indignación. Javier Milei suma el taladro a la motosierra y le da duro. Sus probables candidatos —José Luis Espert, Manuel Adorni, Daniel Parisini, Patricia Bullrich— y los aspirantes a recibir un dedazo de Karina —Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro— se pasean lanzallamas en mano.   

El “combate a la delincuencia” es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil. La lección nunca aprendida indica que bajar la cabeza ante los argumentos y las prácticas del enemigo es un pésimo negocio.

El 'combate a la delincuencia' es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil.

De Morena a Kim

Las primarias presidenciales de 2023, aquellas que para sorpresa del mundo ganó el ultra y lo pusieron camino a la Casa Rosada, se llevaron a cabo bajo la conmoción del asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años ultimada cuando entraba a la escuela en Villa Diamante, Lanús, Gran Buenos Aires.

Ese crimen, cometido cuatro días antes de la votación, desató un festival de operaciones, arrestos ilegales y miserabilidades que tuvo a la cabeza al entonces interino y candidato a intendente de ese partido, Diego Kravetz. Este karateka armado fracasó en el intento municipal, pero logró ubicarse dos años más tarde como el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado bajo la gestión Milei.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano. Agitan la agenda y generan imitadores. Al cálculo polítco se suma el instinto, imperante hace décadas, de una televisión capaz de dedicar un noticiero completo a una transmisión en vivo de las reacciones ante un homicidio. Así, con esa impronta de cadena nacional privada, con ese alcance, con esa escasez de enfoques y creatividad, ocurre en pocos países del mundo, si es que en alguno.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano

La muerte de una niña de siete años, Kim, arrastrada durante varias cuadras por dos adolescentes no mucho mayores que ella, es noticia relevante por donde se la mire. No por ser tema ineludible para un medio de comunicación que pretenda conectar con los intereses de su audiencia, cualquier recurso periodístico es “natural”.

Aunque parezca mentira, hay medios del mundo que por práctica profesional se privan de recabar el testimonio en caliente de familiares directos de una víctima de un asesinato. Primero, para proteger la intimidad de familias atravesadas por un dolor inenarrable, y segundo, bajo el entendimiento de que la conmoción puede dar lugar a mensajes públicos que multipliquen la violencia y disparen ideas y acusaciones que esas mismas personas no dirían en una situación más calma. Ciencia ficción para la topadora mediática argentina.

Marcha en reclamo de justicia por el asesinato de Kim Gómez en La Plata, 27 de febrero de 2025 UCR La Plata

Fobia a la estadística

En ciertos asuntos, el debate público argentino se vuelve impermeable a la cita de una estadística fundamentada.

Ante un número constatado por fuentes validadas, la discusión pierde su eje, se termina de obnubilar, apela a explicaciones meramente emocionales, o terraplanistas, o fraudulentas.

No es sólo cuestión de los oportunistas que medran en el dolor. Existe una lógica en políticos y periodistas que no abrevan en “el que mata tiene que morir” de la diva Giménez ni reclaman pena de muerte para adolescentes, pero no se atreven a asomarse a números estadísticos bajo la lógica de que “el asesinato de una hija es el 100% para una familia”. “Andá a explicárselo los padres de Kim”. Los padres de Kim merecen otras explicaciones, lo que no excluye la posibilidad de razonar y proveer el contexto adecuado, para evitar quedar tildados en una frase y pormenores atroces.

Por motivos que los expertos no terminan de explicar, la tasa de homicidios en Argentina cayó a casi la mitad en la última década. La baja en uno de los períodos económicos más sombríos que se recuerden es gradual y marcha a contramano de lo ocurrido en Chile y Uruguay, dos de los países social y culturalmente más parecidos. Hoy, Argentina es el país con menos homicidios por cantidad de habitantes de Sudamérica y uno de los mejor posicionados en América. No es algo nuevo. Desde siempre se ubicó en una zona privilegiada de la tabla.

Un descenso tan pronunciado en el orden nacional no podría darse si no fuera acompañado en la Provincia de Buenos Aires, donde viven 37% de los habitantes en el país.

Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Provincia de Buenos Aires Dirección Provincial de Estadística - PBA

Los números provinciales marcan un pico histórico de asesinatos en 2002 (2.492), plena debacle económica y social. A ese récord le siguió un pronunciado descenso en los años inmediatos, para volver a subir. En 2014, los casos dolosos fueron 1.478, según datos de la Procuración General, organismo autárquico dirigido por Julio Conte-Grand, hombre del PRO designado durante el mandato de María Eugenia Vidal.

El descenso abarcó el último año en La Plata de Daniel Scioli, los cuatro de Vidal y los cinco que lleva Kicillof. El último registro de la Procuración, que comenzó bajo el mismo método en 2013, constatado en expedientes judiciales y otras estadísticas públicas, corresponde a 2023, cuando tocó 852 víctimas fatales. En 2024, según datos preliminares que maneja el Gobierno provincial, habrían sido 811. El indicador de enero pasado confirma la tendencia interanual a la baja.

Esos números, que ubican a la provincia de Buenos Aires mejor que Santa Fe, Salta o Tucumán, son indispensables a la hora de abordar la inseguridad, pero están lejos de explicar la foto completa y de garantizar su continuidad. No es lineal, pero el resquebrajamiento de la cohesión social y la dificultad para cubrir la mesa de los hogares, combinados con el desmantelamiento negligente del Estado que arbitran los hermanos Milei, pueden tener una consecuencia lógica en el aumento del delito.

Delitos cometidos en Provincia de Buenos Aires en 2023 y 2024 Dirección Provincial de Estadística - PBA

En 2024, la “sensación” expresada en diálogos cotidianos y los medios tuvo un correlato en la cantidad de asaltos y robos. El registro del Ministerio de Seguridad de la Provincia muestra un ascenso interanual en todos los tipos delictivos, del orden del 8%, menos los homicidios, que decrecieron. La cantidad de hechos reportados es abrumadora, 570.588, en una provincia con seis millones de hogares, con el agravante de que muchos delitos no engrosan la estadística porque ni siquiera se denuncian ni hay actuación de oficio de organismos estatales, a diferencia de los asesinatos.

No entra una incoherencia más

Como gobernante y eventual candidato, Kicillof está obligado a elaborar una respuesta a uno de los problemas que encabezan las preocupaciones de los bonaerenses.

Razonablemente, su entorno asume como un hecho que la ofensiva orquestada por la Casa Rosada y sus satélites tendrá próximos capítulos. Va más allá de los hechos. El primer bimestre de 2025 marcó un recrudecimiento de la violencia narco en Rosario, con dos triples crímenes, y se sumaron varios hechos aberrantes en Mendoza. Sus gobernadores, semialiados de Milei y Macri, gozan del beneficio de no estar apuntados por el foco mediático oficialista.

Axel Kicillof junto al nuevo obispo de Mar de Plata, Ernesto Giobando, el 22 de febrero de 2022. Prensa Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La respuesta de Kicillof podrá ser garantista, clásica o manodurista. El menú no debería incluir la incoherencia en un peronismo que en su última década abrumó a la sociedad con la consumación de hechos y políticas tan distanciados del discurso que vaciaron las palabras.

La impronta de Berni en la misma línea de Bullrich y Victoria Villarruel —“las quiero en mi equipo”— no se limita a fuegos artificiales y alguna línea precaria dictada por un asesor que cobra fortunas por transmitir tonterías.

Las estadísticas de violencia policial, carcelaria e institucional de la Provincia de Buenos Aires reportadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional no difieren demasiado de otros distritos cuyos gobiernos se muestran más despectivos de la agenda de derechos humanos.

El asesinato en Mar del Plata de Matías Paredes, el albañil de 26 años ultimado en febrero por lobos policiales que salieron de caza, guarda muchas similitudes con el del futbolista Lucas González en Barracas, en 2021, o el de Blas Correas en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Córdoba, en 2020.

Un distrito es gobernado por un peronista de centroizquierda, otro por un conservador y el tercero, por un provincialista. Ninguno de los tres casos citados, entre cientos, se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos policiales elementales, deficiencias de formación, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros de Seguridad con lenguaje malevo.

Allí se anota la trama de Berni, a quien en el entorno de Kicillof explican con argumentos pueriles, mientras exhiben agendas de asistencia a las víctimas y desarticulación de sórdidas tramas policiales. En el segundo mandato, Berni legó el puesto a uno de sus hombres, Javier Alonso, menos afecto a la provocación y la riña callejera.

Ninguno de los tres casos —en Mar del Plata, CABA y Córdoba— se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos elementales, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros con lenguaje malevo

El desarrollo de políticas simultáneas que marchan a contramano lastró el Gobierno de Alberto Fernández. Un ministro trataba de ahorrar en subsidios favorables a los ricos, el otro los multiplicaba; uno promulgaba restricciones a la circulación por la pandemia, el otro negociaba aperturas. Kicillof aportó lo suyo cuando toleró que Berni provocara y hasta apelara a la violencia física contra el segundo de su colega de Nación Sabina Frederic, quien, en los papeles, tiene una cosmovisión sobre la seguridad más próxima al mundo del gobernador que un exmilitar carapintada.

La agenda de seguridad encuentra a Kicillof en un punto en que debe desanudar sus propias contradicciones y profundizar políticas en las que ha demostrado un rumbo autónomo, separado de prácticas tóxicas asentadas en capas geológicas del movimiento. En ése y otros ejes se juega el destino del único intérprete potencial de nuevas melodías que asoma en el peronismo.

Kicillof también supone una incógnita para enemigos y adversarios, con el antecedente de dos elecciones para gobernador provincial en las que obtuvo un apoyo muy superior al previsto.

En las últimas semanas, Milei viró su mira desde Cristina al mandatario bonaerense. Algunas miradas arriesgan que el Presidente, con su advertencia de intervención provincial, pagó el costo de unir al peronismo, hipótesis que sectores próximos a Kicillof y los Kirchner se ocupaban de desmerecer con el transcuroso de las horas. Esa mentada unión difícilmente pase la prueba de fuego si a alguien se le ocurre disputarle a La Cámpora un lugar en la lista de concejales de Carlos Casares.

Sobre la expresidenta, podría decirse que la derecha conoce su techo. Con Kicillof, deberá probarlo.