Los juicios que se llevan adelante en todo el país forman parte de una trayectoria histórica, política y de movilización que debe ser rescatada en sus líneas de continuidad, al mismo tiempo que es necesario comprender los avances conseguidos en los últimos años en toda su dimensión y profundidad.

El Juicio a las Juntas marcó las bases, al probar la existencia del plan sistemático de desaparición y exterminio que constituyó el núcleo del funcionamiento represivo. En los análisis reivindicatorios de este hito del proceso de Memoria, Verdad y Justicia suele omitirse que la Cámara Federal, en su histórica sentencia, recomendó la investigación de las responsabilidades de los mandos inferiores. El efecto directo de esta recomendación fue la apertura de cientos de causas en todo el país, interrumpidas más tarde por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y obturadas definitivamente luego de los indultos. La reapertura, en los últimos años, del proceso de justicia y la consolidación de las investigaciones respecto de los responsables directos del plan sistemático de desaparición y exterminio ha generado las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que esos delitos fueron cometidos y las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos– que facilitaron esos crímenes o se beneficiaron de ellos. Por otra parte, ha permitido ampliar ciertos límites temporales y territoriales en la investigación y sanción de los responsables por crímenes de lesa humanidad.

El marco temporal, hasta hace poco restringido a las violaciones cometidas durante la última dictadura militar, se ha extendido hasta abarcar hechos muy anteriores, pero estrechamente vinculados a la represión, como la Masacre de Trelew. También se ha avanzado en investigar delitos perpetrados por grupos paraestatales como la Triple A y la CNU, ejecutados durante el breve período democrático entre dictaduras.

También se amplió el alcance territorial de este proceso: en 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral y público por el Plan Cóndor, causa en la que se investiga la coordinación represiva de las fuerzas armadas y de seguridad, servicios de Inteligencia y cuerpos diplomáticos de las dictaduras de la región, para la persecución y eliminación sin fronteras de los opositores políticos. Nuestro país es el primero en Latinoamérica que asume el compromiso de investigar y juzgar la coordinación represiva de los regímenes dictatoriales de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. Tal como ha sucedido en diferentes momentos de este largo camino de lucha, quienes en cada momento histórico han detentando o detentan espacios de poder presionan para dilatar o entorpecer las investigaciones y encuentran eco en núcleos de resistencia institucional, sobre todo en el seno del Poder Judicial. Así lo demuestran los argumentos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la reciente falta de mérito al empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y del juez subrogante Claudio Pontet para liberar de responsabilidad al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. Este entramado de resistencias no debería sorprendernos. La construcción de justicia por estos delitos ha sido consecuencia de la militancia social y de las decisiones políticas y judiciales que se comprometieron con esa lucha en un proceso dinámico que, desde la Conadep y el Juicio a las Juntas militares hasta nuestros días, ha tenido avances y retrocesos.

El impulso que al convertirse en política de Estado tuvo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia lo fortaleció como una oportunidad histórica para conocer y sancionar los delitos de lesa humanidad y reparar a las víctimas. La confluencia de la militancia social con decisiones tomadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial consolidó un amplio consenso condenatorio de las violaciones a los derechos humanos del pasado. Hoy, la vigencia de los derechos humanos como tema central en la agenda política y social argentina nos plantea otro desafío: que este consenso abarque a las violaciones que ocurren en el presente, aunque ya no en forma masiva, sistemática y centralizada.

* Director ejecutivo del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales.