Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

El gobierno se encamina a tratar en el recinto del Congreso el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que incluye reformas en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y un nuevo blanqueo de capitales, mucho más generoso que los anteriores. Este último permitirá a quienes se vean beneficiados regularizar activos locales y en el exterior con alícuota 0% hasta determinados montos y sin ninguna penalidad, y es parte del llamado “paquete fiscal” que el gobierno sostiene en el marco de su objetivo de déficit cero, que incluye recortes en gasto público (36% en jubilaciones, 20% en salarios y 30% en subsidios al transporte, entre los principales) mientras, con esta medida, beneficiaría al 1% de la población más rica que evadió declarar su patrimonio.

Al respecto, un informe de especialistas tributarios indicó que al blanqueo de 2016 se presentaron 456.000 evasores, y en promedio cada uno declaró un patrimonio escondido de medio millón de dólares por lo que “blanquear no es para cualquiera”, sintetizaron. En esta edición se incluyeron además como beneficiarios a personas que renunciaron a la ciudadanía fiscal argentina para radicarse en países donde se pagan menos impuestos. En relación, desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) plantearon que “el problema de hacer tantos blanqueos tiene que ver con que la repetición de esta herramienta atenta contra la equidad, porque favorece a quienes tienen más recursos para ocultar su patrimonio, y también contra el cumplimiento”.

El conjunto de cambios fiscales también incluye modificaciones en el impuesto a los Ganancias, que hará que más de 1 millón de trabajadores vuelvan a tributarlo, a la par que sostiene condiciones favorables en Bienes Personales, el impuesto que grava el stock de riqueza acumulada. Se espera que e proyecto sea tratado el próximo lunes en una sesión convocada para las 11hs, en la búsqueda por parte del gobierno de avanzar también con la Ley Bases antes del "Pacto de Mayo”, pautado para fines de ese mes en la provincia de Córdoba. 

A quiénes beneficia el blanqueo

El proyecto de ley del oficialismo fija en su Título II un Régimen de Regularización de Activos que beneficia a “sujetos residentes y no residentes” que pueden adherir al mismo hasta el 30 de abril del 2025, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio de ese año. ¿Qué es el blanqueo de capitales? Según el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) debe entenderse como “un perdón a los evasores de impuestos, que a cambio de declarar su riqueza oculta son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios”. Según detalla el texto del proyecto, los primeros USD100.000 regularizados no tributan el impuesto, y quienes adhieran  "quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones".

En segundo lugar, ¿cuáles son las características? Los especialistas fiscales señalaron que “este blanqueo es el más favorable de la historia para las personas de altos ingresos”. Y ejemplificaron que aquel que se implementó en 2016, en la gestión de Mauricio Macri, eximió del pago de impuestos bienes de un valor menor, menos de US$16.000, mientras que en el actual se exceptúa a los de menos de US$100.000, que no tendrán ningún recargo. Para quienes declaren más de ese monto, el blanqueo estará dividido en tres fases. La primera desde el día siguiente a que entre en vigencia el régimen hasta fines de julio de 2024, y determina una alícuota de ingreso al régimen del 5%, la segunda etapa va desde el 1° de agosto hasta el 30 de septiembre con una alícuota del 10% y la última desde octubre al 30 de noviembre, con una alícuota del 15%. “Adicionalmente, si adelantas el pago de Bienes Personales del 2023 al 2027 lo haces a una alícuota de 0,45% por año (2,25% por los 5 años, pagaderos al tipo de cambio oficial). Esto te da derecho a no tener que presentar declaración jurada hasta el 2028, y estabilidad fiscal hasta el 2038″, señaló el ministro Caputo en sus redes sociales, sobre otro beneficio extra.

Los bienes incluidos, que estén tanto en Argentina como en el extranjero, abarcan un abanico más amplio que en años anteriores. Incluyen moneda nacional o extranjera, sea en efectivo o depositada en cuentas bancarias o de cualquier otro tipo de entidades, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos u otros tipos de patrimonios, títulos valores, créditos de cualquier tipo o naturaleza, criptomonedas, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, queda en evidencia que los más beneficiados son quienes más riqueza concentran, lejos de la realidad de la mayoría de las y los trabajadores. “El blanqueo de 2016 se presentaron 456.000 evasores, el 1% de la población. En promedio cada uno declaró un patrimonio escondido de medio millón de dólares, blanquear no es para cualquiera”, explicaron desde el ETFE. Asimismo alertaron que “en este blanqueo se incluyeron como beneficiarios a personas que renunciaron a la ciudadanía fiscal argentina para radicarse en países donde se pagan menos impuestos”.

En relación, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analizó el impacto fiscal del proyecto del Ejecutivo comparándolo además con el Régimen de Sinceramiento Fiscal lanzado en 2016 (Ley 27.260 de Reparación Histórica) destacó que “mientras el Régimen de Regularización de Activos actual contempla un mínimo no imponible de USD 100.000, el Régimen de 2016 tenían un mínimo distinto para bienes inmuebles y otros bienes, sumando entre ambos un monto cercano a los USD 70.000” . Una segunda diferencia es que el blanqueo libertario “abarca a no residentes que hayan sido residentes previamente” y en tercer lugar señalaron que “lo recaudado en el marco del Régimen de Regularización de Activos no tiene una asignación específica, en cambio el Régimen de 2016 sí contó con una asignación específica a ANSES”. 

¿El único camino?

Respecto del impacto concreto de esta política, desde la red de especialistas fiscales señalaron que “el problema de hacer tantos blanqueos es que la repetición de esta herramienta atenta contra la equidad, porque favorece a quienes tienen más recursos para ocultar su patrimonio, y también contra el cumplimiento” es decir que “pueden servir como una herramienta eficaz cuando son parte de una reforma integral del sistema impositivo que implique la mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión, sin embargo no está planteada esa perspectiva en nuestro país”. En cuanto a una posible reforma tributaria, indicaron que “debería adoptar la revisión de toda la legislación tributaria en línea con el criterio de la realidad económica, que permita al organismo recaudador recalificar a las y los contribuyentes de acuerdo con su realidad económica independientemente de la forma jurídica que hayan adoptado, por ejemplo, ante los diseños que adoptan grandes grupos económicos”.

A su vez, el espacio propuso una serie de cambios en algunos impuestos que “podrían representar una solución de corto y mediano plazo para incrementar la recaudación y reducir la desigualdad”. En lo concreto, “aplicar la devolución del IVA de bienes de primera necesidad mediante el reintegro en cajas de ahorro, en el marco de una estrategia más amplia de bancarización real de los sectores populares”, así como “actualizar la base imponible del impuesto inmobiliario (rural y urbano) en forma automática y teniendo en cuenta los valores de mercado en todas las jurisdicciones”. También sumaron la necesidad de “ampliar la escala de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales con una tasa marginal máxima de 5% y gravar inmuebles rurales, hoy exentos”. A contramano de los mayores beneficios para quienes pagan este tributo que propone el gobierno, reflexionaron que “se debe incorporar a la base imponible la tenencia de bienes indirectos, para ‘transparentar’ las estructuras offshore (fideicomisos, trust, fundaciones, etc.)”. En cuanto al impuesto a las Ganancias, mencionaron que “se podría modificar el tramo de ingresos del impuesto y ampliar la escala de alícuotas con una mayor progresividad y una alícuota marginal máxima de, al menos, 45% para personas humanas” así como “incrementar la alícuota de ganancias para la distribución de dividendos (actualmente es del 7%, mientras que en países OCDE en promedio, está entre 10% y 15%)”.

Finalmente se destacó como otra medida  “aumentar las alícuotas de los derechos de exportación que gravan commodities agropecuarias y productos vinculados al sector energético y minero con alícuotas diferenciales segmentadas, en contexto de alza de precios de productos exportables”.