La poderosa exposición de Cristina de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal N°8 por el caso del Memorándum con Irán inauguró un nuevo registro. El llamado “Lawfare” quedó de lado y pese a que pareció dominar un discurso político que enhebró la supuesta persecución judicial a una motivación económica impulsada por los fondos buitre, su alegato tuvo una mayor densidad jurídica, más ajustada a los fines que se había concedido la audiencia.

El viraje no es sutil, y marca una diferenciación con el camino que pretende iniciar -ante los tribunales- su antítesis, Mauricio Macri. Si Macri va a alegar también Lawfare, lo mejor será marcar entonces que para que una persecución judicial se lleve a cabo deben existir motivos supranacionales que la fogoneen. Es un argumento al que el ingeniero no puede hacerle copy-paste.

El cambio de hoja de ruta disparó, por coincidencia o no, un debate estrictamente jurídico en el nivel de los tribunales orales. ¿Pueden los fiscales de juicio y los propios jueces que están llamados a realizar los debates convertirse en una última instancia de revisión de lo que hicieron (en líneas generales mal) sus colegas en instrucción?

Eso les daría un poder enorme, distinto del rol de presentar hecho y prueba en el desarrollo de un juicio. Sin merituar la justeza de lo decidido, la secuencia de lo ocurrido con la fiscal Gabriela Baigún en el caso Qunita fue tema de conversación en las salas de chat. El decreto de inexistencia de delito sin otra querella precipitó un final. ¿Es la solución a las arbitrariedades que esa instancia -frecuentemente más alejada de las influencias del poder político y distanciadas en el tiempo del fragor de las investigaciones- las corrija a sola firma? Las aguas aparecen divididas entre quienes asumirían ese papel y los que sostienen que los tribunales orales no son una cámara de apelaciones más.

De fondo está la batalla de siempre: muy malas investigaciones en instrucción se disuelven en los debates orales. Una diferencia. Antes ocurría con una década de diferimiento, tal como varios de los casos más resonantes del menemismo. A pesar de la lentitud que se le achaca al Poder Judicial, esos tiempos se abreviaron. También quedó demostrado otro punto: que las audiencias del estilo de las del viernes solo admiten estar reservadas a expresidentes. Ni siquiera exvicepresidentes. Amado Boudou puede dar fe de ello.

El contexto se completa con otra panorámica que ofreció la Corte Suprema en el caso que ordenó mantener la investigación y apurar un juicio contra el titular del Ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier. Esa decisión tuvo mensajes a varios frentes. Blaquier se llevó la marca. Pero uno de los dardos envenenados del máximo tribunal fue dirigido hacia la vapuleada Cámara Federal de Casación Penal. En resumen, le apuntaron a la injerencia indebida de ese tribunal en la colocación de obstáculos a la investigación.

“Habilitó su competencia por medio de un argumento que nada tiene que ver con lo dispuesto en el código adjetivo, y colocó su intervención dentro de un formato de procedimiento de consulta y control, que le es ajeno”, resaltaron sobre el desvío. El subtexto de lo decidido por la Corte es que le resta jurisdicción a la Casación, la que con frecuencia ejercía su poder en el destino de las instrucciones, sobre todo en lo atinente a Comodoro Py.

Los rastros de este tipo de accionar pueden rastrearse en múltiples causas, inclusive en el que dispusieron, apartados de cualquier precedente, prisiones preventivas como en Oil Combustibles. Pero la sacudida a Casación no tuvo solo por destinatarios a los jueces de la Sala IV -Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- en una tormenta permanente durante los últimos meses, sino a enviar un mensaje respecto a intervenciones cuando no se trate una sentencia definitiva o de imposible reparación.

En ese enjambre de yuxtaposiciones no pasó desapercibido que la Sala IV se desprendió del caso Memorándum y se lo remitió a la Sala I, precisamente el camino inverso al que había originado la reapertura de la causa. Casi una admisión de culpabilidad. Anotación al margen: el fallo Blaquier tuvo una mayoría con cambios de nombres. A la mayoría habitual para casos resonantes salió Ricardo Lorenzetti y votó con Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti la jueza Elena Highton de Nolasco.

Fue idéntica composición a un fallo con consecuencias previsionales firmado antes del inicio de la feria de invierno. Fue contemporáneo a otra novedad de última hora: la jueza Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán le denegó a la jueza de Casación Liliana Catucci un intento de medida cautelar para permanecer en el tribunal más allá del límite de los 75 años (que fue refrendado por la Corte). Ailán la fulminó escribiendo que no se encontraba “constatada la verosimilitud del derecho invocada”. Socia fundadora de la Casación creada en 1992, dejará una vacante próxima a abrirse para la primavera.

Los pronósticos sobre lo que pueda definir el Tribunal Oral Federal N°8 sobre Cristina y el Memorándum están abiertos. Si bien resulta plausible que los espantos de una instrucción defectuosa y politizada tengan un reflejo de corrección en esta instancia previa a un juicio con resultado puesto, el camino para hacerlo permanece difuso. Cierto es, como había adelantado Ámbito que la oportunidad de obtener dos chivos expiatorios (Hornos y Borinsky) para facturarles todos los desaguisados es inmejorable, también lo es que -técnicamente- para argumentar las nulidades pueden tener que sumarse otras consideraciones. Mal que les pese a quienes elucubran planes de impunidad sofisticados con cálculo milimétrico, la realidad es que la carambola es la norma. A su vez, es cierto que, como en dólar futuro, la inversión energética del kirchnerismo para tumbarlas es inversamente proporcional a su riesgo real.

Eso no quita un efecto cascada que puede ocurrir como onda expansiva a sentenciar que las relaciones impropias de Hornos y Borinsky ameritan anular sus decisiones por su proximidad con Macri. Durante varios años ostentaron el monopolio de crear mayoría en el 50% de los casos que escalaban a Casación (por su subrogancia de Sala) y prácticamente el 100% de las que involucraban kirchneristas. Hasta dónde arriesgará el fiscal de juicio Marcelo Colombo es otro de los interrogantes. De hecho, el único tribunal que tenía ganas de hacer este juicio era el fallido TOF 9, que no llegó a ver la luz y que fue fulminado por la Corte que leyó automáticamente lo que iba a ocurrir con un tribunal a dedo. Todo lo demás fueron peripecias del azar.

En charlas reservadas, algunas de la política en intersección con el mundo judicial comenzó a hablarse del teorema de la “tabla rasa”. De pizarrón solamente, la tesis explora la necesidad de superar la grieta (que se proyecta eterna) mediante la solución judicial de los problemas que rodean a Cristina pero que también ahora cercan a Macri. Vialidad y Correo, Hotesur y La Mesa Judicial, el menú está abierto. Un complicado mecanismo de borrón y cuenta nueva para evitar seguir dejando jirones de la vida política de la Argentina en los supuestos castigos que merecerían los protagonistas antagónicos. Eso explicaría la solicitud de membresía de Macri al club del Lawfare. Imaginaria o no, la “solución” deja vacío el cómo y el quién y se visualiza a sí mismo como la salida del laberinto por arriba. Una forma de ponerle fin a la “guerra de sensaciones” en las que se han convertido las causas judiciales de impacto político.

A ese experimento controlado le nació un cisne negro con la denuncia de Bolivia por el contrabando de material bélico, o a decir de Jorge Asís, “la Croacia de Macri”. Administrativamente, la documentación corrobora la ilegalidad de la acción. Fue un atentado a la lógica para un gobierno saliente que no pudo estar solamente motivado en la afinidad ideológica con los derrocadores. En el tramo local, la investigación le permitirá lucirse al juez Javier López Biscayart, sistemáticamente ignorado para los ascensos.