Como lo había adelantado DIARIO HUARPE, el Acuerdo San Juan (ASJ) fue la vía para que el Gobierno provincial avance en la modificación de la Ley de Regalías Mineras. Mandará a la Cámara de Diputados un proyecto para ponerle un cerrojo a la posibilidad que tienen los municipios de destinar los fondos que reciben a gasto corrientes, como lo hizo durante años Iglesia. De ahora en más, no habrá excepción alguna y el dinero debería ir sí o sí a obras y proyectos que generen un desarrollo sostenido en el tiempo de las comunidades.

La reforma legislativa es uno de los puntos más importantes que salieron del ASJ y está dentro del paquete de medidas que aplicará en lo inmediato la administración de Sergio Uñac. Se hace con el espíritu de retomar el plan original del desarrollo minero en San Juan: que la plata que dejen los grandes yacimientos de oro, plata y cobre se traduzca en obras que verdaderamente generen una transformación económica y que ayude a motorizar otras actividades para el día en que la minería no esté.  

Ese espíritu, acordado por los partidos políticos más importantes cuando se sancionó la primera Ley de Regalías Mineras, se vio distorsionado en la gestión anterior. En 2007, la Cámara de Diputados modificó la norma original, estableció excepciones a la obligación de que los recursos fueran a infraestructura y se abrió la puerta para que se usaran en gasto corriente, o sea sueldos, contratos, costos operativos, compra de insumos, etc.

Haciendo uso de la facultad que le dieron los entonces legisladores, el Gobierno giojista fijó en el decreto reglamentario que los municipios podían usar hasta el 20% de las regalías en gasto corriente y sin fijar un tope, habilitó como destino extra la prevención y reparación de siniestros. Fue una especie de vía libre para los municipios, especialmente para los hermanos Marinero en Iglesia y su política de despilfarro.

La administración de Uñac ya venía pensando en un cambio y a partir del ASJ, resolvió meterle mano a la ley y directamente volver a los orígenes. El proyecto que llegará a la Legislatura sepulta el artículo que establece excepciones y eso deja con las horas contadas al decreto del 20% para gasto corriente.

Las comunas que ya tienen yacimientos en explotación se llevan el 33% de lo que las empresas pagan por regalías mineras. A partir del cambio que impulsa el uñaquismo, Iglesia y Jáchal, los dos que por ahora cuentan con gran minería, y los que a futuro desarrollen un proyecto metalífero no tendrán otra alternativa que mandar la totalidad de los fondos a proyectos estratégicos que persigan un desarrollo económico del departamento.

Por pedido de los intendentes, la ley agregará un destino particular. Los municipios podrán invertir fondos de la minería en solucionar los problemas habitacionales que existan en la comunidad y construir viviendas.

A partir de ahora, la política de inversión de los fondos mineros de los municipios debería ser opuesta a la que fundaron Mauro y Marcelo Marinero, que gobernaron Iglesia entre 2007 y 2019. En sus gestiones aprovecharon los viejos cambios a la ley y aplicaron gran parte del dinero a dar contratos y becas con el objetivo de asegurarse votos, y muy poco fue a obras menores. Conclusión: el departamento está casi igual que antes de la minería.

La reforma de la ley es una bisagra y una gran oportunidad para reforzar la licencia social que cada tanto pierde fuerza. Los actores de la minería, contando a los empresarios y los trabajadores, coinciden en que las comunidades de los distritos con minería difícilmente terminen de digerir la actividad si en la actualidad no palpan profundas transformaciones que traigan crecimiento económico y desarrollo social en el futuro.