Un proyecto firmado por diputados del interbloque Cambiemos promete generar revuelo en la vida interna del Congreso. El oficialismo promueve una iniciativa para que los empleados legislativos, que desde 1948 son cautivos de la DAS (Dirección de Ayuda Social) puedan optar por otra obra social, algo que tienen prohibido por ley a diferencia de cualquier otro trabajador.

La propuesta consiste en modificar el artículo 10 de la Ley 13.265, que estableció el reglamento de la DAS, la obra social vinculada al gremio APL (Asociación del Personal Legislativo), que conduce desde 2004 Norberto Di Próspero. El objetivo es que los empleados del Parlamento puedan disponer libremente de sus aportes.

La norma que rige actualmente indica que “la condición de agente permanente del Congreso de la Nación, cualquiera sea su categoría, confiere la calidad irrenunciable de afiliado activo de la DAS”. El proyecto de Cambiemos incorpora a los empleados de planta transitoria, y a todos les confiere “el derecho de ser afiliado activo de la Dirección de Ayuda Social”.

Asimismo, se agrega un segundo párrafo, que señala que “todos los afiliados podrán optar libremente por cualquiera de las entidades comprendidas en el decreto 504/1998 o la norma que lo reemplace”.

La iniciativa fue suscrita por Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Lucas Incicco, Leandro López Koenig y David Schlereth por parte del Pro; Luis Petri y Gabriela Burgos en nombre de la UCR; y Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann, Héctor “Toty” Flores, Alicia Terada, Orieta Vera González y Leonor Martínez Villada por la Coalición Cívica. También adhirieron la tucumana Beatriz Ávila -integrante del interbloque Cambiemos- y Carla Carrizo, de Evolución, el bloque de Martín Lousteau.

“A diferencia de todo el colectivo de trabajadores de nuestro país con raras excepciones -el Poder Legislativo es una-, todos tienen consagrado el derecho de opción desde el año 1993” a través del decreto 576/93, especifican los diputados oficialistas en los fundamentos del proyecto.

Sostienen que a través de los años y de las distintas regulaciones, “la tendencia ha sido ampliar la facultad de opción para todos los trabajadores, sin que exista justificación alguna, salvo la preservación de acuerdos político-gremiales que ameriten que el personal legislativo permanezca cautivo”.

Además, los diputados advierten que la DAS no está incluida en el régimen de obras sociales (Ley 23.660) y por lo tanto queda afuera del control de la Superintendencia de Servicios de Salud.

En el proyecto, los oficialistas hacen un diagnóstico de la situación actual de la obra social, y alertan que “en los últimos años ocurrió la pérdida de importantes prestadoras del servicio de salud a los empleados del Congreso, como los son la Clínica Bazterrica, los hospitales Italiano y Británico, y recientemente –en noviembre de 2018- la Fundación Favaloro, por una deuda que mantiene la obra social con la institución”.

También señalan la “tercerización de determinadas prestaciones, mediante la firma de un convenio con OMINT, lo que no deja de ser llamativo (por lo irregular) ya que los empleados tienen atención en algunos casos por DAS y en otros por OMINT, dependiendo de la especialidad y teniendo que contar con dos carnets para requerir la prestación”.

La DAS funciona bajo la órbita de los secretarios administrativos de ambas Cámaras. Tiene dos fuentes de financiamiento: las partidas previstas en el Presupuesto y lo recaudado por los aportes de empleados legislativos.

“Sería de toda justicia y saludable, incluso para la DAS, permitir la opción de elección de obra social por parte de los trabajadores, ya que le generaría (a la obra social) una competitividad que actualmente no tiene”, subrayan los autores del proyecto.