La Comisión de Presupuesto de Diputados emitió dictamen este jueves de la ley que prorroga por un año el consenso fiscal entre Nación y las provincias firmado en 2017, con una adenda que les permite a los gobernadores aumentar los impuestos locales y fue suscripto por los mandatarios radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). 

No adhirió Horacio Rodríguez Larreta, molesto por la merma de recursos de la coparticipación que le había sumado Mauricio Macri por decreto en 2016 como parte del traspaso de la policía federal. La salida le permite aumentar los impuestos sin límites. 

En 2020, el jefe de Gobierno envió a sus diputados a respaldar la adenda que también autorizaba a los gobernadores a subir ingresos brutos y sellos, en la reforma original de 2017 se pretendían reducir y reemplazar por impuestos a las posesiones. 

La sesión terminó con una votación dividida del PRO y discursos disonantes, pero esta vez fue todo más homogéneo, con la mayoría de los diputados cambiemistas despotricando contra los retoques al pacto fiscal que avalan los radicales que gobiernan. 

"Nos pone en condiciones de aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos, pero en Jujuy seguimos por debajo de algunas provincias", argumentó el radical jujeño Jorge "Colo" Rizotti, durante la comisión.

División de Cambiemos en el Senado para votar el consenso fiscal 

En el Senado también hubo respaldo de radicales que gobiernan, pero en la Cámara baja el tono de confrontación fue mayor, a tal punto que preparan un dictamen de minoría para materializar el rechazo. La voz en contra la llevó Luciano Laspina, del PRO, quien trabajó en la versión original del pacto fiscal en 2017. 

"Entendemos las necesidades de muchas provincias en el marco de la pandemia, pero por una cuestión de coherencia debemos rechazar la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal. Aquel acuerdo se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos", recordó.

Aquel acuerdo se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos. Por coherencia, votamos en contra. 

Le respondió el riojano Sergio Casas. "A nadie le gusta perjudicar a la gente, ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los intendentes; el fin último es trabajar para la gente, pero acá pareciera ser que cuando se está participando del gobierno se ven las cosas de una manera, y cuando se está en la oposición es más fácil ver la paja en el ojo ajeno", cuestionó.

Ocurre que el pacto fiscal contemplaba algunos beneficios para la Nación con la renuncia de las provincias a los juicios que iniciaron en la Corte Suprema, uno de los aspectos en los que tampoco se podía comprometer Larreta.

"No es que ahora estamos aumentando los impuestos. La situación económica es espantosa, el Estado Nacional no puede sostener más aportes a las provincias, y las provincias tienen que generar sus propios recursos", se defendió la catamarqueña Lucía Corpacci. 

"Argentina es uno de los países más gravosos del mundo. No lo digo yo ni la oposición, lo dice el Banco Mundial en un estudio del año 2020 sobre 190 países somos el número 189. Solamente nos supera en ese ranking de países más gravosa las Islas Comoras del África", respondió el radical misionero Luis Pastori.

Hubo más radicales que se opusieron al consenso firmado por sus correligionarios gobernadores, como el puntano Alejandro Cacace. "El Gobierno se ha propuesto deshacer las medidas económicas de la administración anterior, pero el problema es que elimina temas positivos, como la coordinación fiscal que se había logrado para gradual y progresivamente reducir los impuestos a los ingresos brutos en las provincias, que son profundamente distorsivos de la actividad económica". 

El nuevo consenso incluye además limites al endeudamiento en dólares de las provincias y ratifica que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, como exigía Larreta con la policía. 

Tampoco adhirieron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y el de La Pampa, Sergio Ziliotto, pero porque tampoco adhirieron al texto original de 2017. Sería ley la semana que viene. Con los votos de varios radicales.