Si el titular de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy reconoce que Milagro Sala está presa porque si estuviera en libertad Gerardo Morales no podría gobernar; si documentos de la dirección de Protección a Testigos confirman que el ministerio de Justicia pagó un millón y medio de pesos a Alejandro Vandenbroele para que declare contra Amado Boudou, entonces Sala y Boudou son presos políticos, aunque se los acuse de cualquier otra cosa.

Esa lista podría continuar: si el perito trucho que declaró en la causa del gas contra Julio De Vido, era incompetente y se basó en recortes periodísticos, por lo cual está acusado de perjurio; si basaron la causa del memorándum de acuerdo con Irán en un artículo periodístico que no tenía fuentes para acusar de traición a la patria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, entonces De Vido es preso político y Cristina Kirchner y Héctor Timerman, perseguidos políticos.

El juez jujeño Pablo Baca deberá afrontar un juicio político pero, en realidad, los que tendrían que ser juzgados son los jueces que encarcelaron a Milagro Sala por orden del gobernador Morales, como lo reconoció Baca. Durante la dictadura militar, la mayoría de los presos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no tenían causas abiertas, con lo cual eran claramente considerados presos políticos. Pero también había una minoría que había sido juzgada por tribunales amañados por la injerencia de un gobierno de facto. Entonces también se los consideraba presos políticos.

Son tecnicismos, porque pese a que todos los calificaban como presos políticos, a los de este segundo grupo, en democracia no los reconocieron como tales y les retacearon la indemnización que les correspondía, o cobraron solamente por los días que habían estado presos sin condena.

La situación de los presos políticos que encarceló el macrismo representa un enredo difícil porque no hay un camino corto para resolverlo. Los presos fueron involucrados en la mayoría de los casos en causas por corrupción, armadas con la colaboración de los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones de medios y funcionarios judiciales. Si fueran causas por delitos vinculados con la acción política sería más fácil aplicar un indulto o una amnistía.

Pero con estas acusaciones, los mismos presos se resistirían a un indulto o a una amnistía, que sería el camino más concreto en caso de definirlos técnicamente como presos políticos. El reclamo no es el indulto o la amnistía, sino la revisión de las causas, lo cual en los tiempos judiciales implica un largo camino.

Los presos estarían dispuestos a encarar ese mecanismo pero reclaman con razón, que fueron encarcelados de manera arbitraria cuando no tenían condena en firme y la mayoría todavía no la tiene. En la mayoría de los casos fue así por la llamada doctrina “Irurzun” que convirtió a los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas en ciudadanos de segunda. Lo que se está planteando es que los acusados puedan seguir en libertad la revisión de sus causas.

La discusión sobre si son presos políticos o si simplemente fueron detenidos en procesos arbitrarios, no tiene sentido siquiera en un tribunal donde una u otra calificación implicaría caminos de resolución diferentes. Un gobierno democrático no puede tolerar presos políticos. Y tampoco puede hacer como si no los tuviera.

Si se trata de evitar el camino de los indultos o la amnistía que rechazan los presos, igual seguirán siendo presos políticos. Para que dejen de serlo, tendrían que estar en libertad para seguir la revisión de sus procesos. Sin que dejen de ser presos pollíticos, en este punto es clave la definición de “detenidos de manera arbitraria”, como los calificó el jefe de gabinete Santiago Cafiero con lo que se ganó una lluvia de críticas. Porque lo primero a resolver sería que recuperen su libertad sobre la base de esa calificación técnica.

A la salida de la dictadura, Raúl Alfonsin vio la necesidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos, en parte porque en su trayectoria como abogado había sido consecuente con ese principio. En parte también porque necesitaba desgastar el poder residual que les quedaba a los militares. Y en parte porque Madres, Abuelas, Familiares y demás organismos de derechos humanos empezaban a convertirse, para la construcción democrática, en uno de los pocos referentes éticos de la lucha contra la dictadura.

Pero para separar a la institución como tal, de los jefes y represores que serían juzgados, primero intentó que fueran las mismas Fuerzas Armadas las que los juzgaran. Y fue imposible. Lo único que conseguía por ese camino era un simulacro que buscaba justificar a las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente debió juzgarlos la justicia civil.

Al gobierno de Alberto Fernández tampoco le sirve dictar una amnistía porque resonaría como una condena al Poder Judicial como institución, lo que viene evitando también Cristina Kirchner en sus denuncias. La vicepresidenta nunca habla de la Justicia o del Poder Judicial como un todo, sino de un sector, o de funcionarios.

El gobierno prefiere que sea el mismo Poder Judicial el que enmiende las faltas cometidas. De esta manera, el encargado de revisar la irregularidad de las causas sería el mismo Poder Judicial que las instruyó, por lo cual la administración de Justicia caminaría por una cornisa muy finita. Hay fiscales y jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, muy involucrados en esa práctica del lawfare.

El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes por su funcionamiento y también por su estructura cuasi feudal. Y su renovación no se realizará de la noche a la mañana, sino en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, por lo menos el fuero federal tendrá que recuperar la credibilidad que perdió por la acción de varios de sus miembros.

Pretender un Poder Judicial aséptico, aislado en un frasco de mayonesa, sería irreal. Pero tiene que haber un Poder Judicial que sea creíble ante la sociedad para reglar un tipo de convivencia. Al igual que la ortodoxia marxista, el macrismo concibió al Poder Judicial, con su “Mesa Judicial” y fiscales y jueces amigos, como la extensión punitiva del poder de una clase dominante. Muchos jueces actúan de esa manera, sin necesidad de que los operen demasiado, como lo demuestran los que condenaron a Milagro Sala, como ella dice: “por negra y por coya”.

El gobierno de Alberto Fernández necesita que la libertad de los presos políticos y la revisión de sus causas no aparezca como algo más de lo mismo: antes estaba el macrismo que operaba para meter presos y ahora está el peronismo que opera para liberarlos. Con la dificultad extra de que las grandes corporaciones mediáticas también fueron protagonistas importantes del lawfare. Es difícil que pueda llegar a la sociedad con sus argumentos sobre este tema a través de esos medios.

Con la ayuda de las corporaciones de la comunicación cada desastre que dejó Mauricio Macri se agrandó con el trastocamiento de sentidos. Así, endeudar el futuro fue “romper el aislamiento”, el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres fue “transparentar la economía” y así los presos políticos son “políticos presos” o delincuentes comunes. En ese trastocamiento de sentidos hay una disputa de poder encubierta en la que intervienen los medios.

El gobierno y el oficialismo en general tendrán que usar todos las herramientas posibles para instalar en la sociedad esta problemática. Muchos ni se han enterado de las declaraciones de Baca o de la compra del testimonio de Vandenbroele, ni de la mesa judicial para operar sobre los jueces. O piensan que son temas sin importancia.

De todos modos siempre será menor el costo con la oposición si en ese proceso se libera a los presos políticos y se revisan las irregularidades en sus causas, que el costo que tendría en sus propias filas si los mantiene encarcelados. Y el tiempo que se demore en iniciar este proceso aumentará la injusticia.