Por Patricia Blanco

La causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández seguirá tramitándose por ahora en los tribunales de Comodoro Py. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el juez de la Cámara Federal Eduardo Farah rechazó este lunes el planteo de la defensa del ex presidente para que el caso se mudara a los tribunales federales de San Isidro por entender que las acusaciones de la ex primera dama se referían a hechos que habían ocurrido en la residencia de Olivos durante su mandato. No obstante, el fallo dejó abierta la puerta a esclarecer, a la espera de más medidas, si efectivamente este debe ser un caso para el fuero federal.

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“La discusión entre las partes (fiscalía de primera instancia, querella y defensa) gira en torno a aspectos de la cuestión de competencia que no agotan todas las circunstancias que se deben considerar para su correcta definición. Creo que el Juez de primera instancia decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis al resultado de las medidas investigativas en curso”, afirmó en su resolución.

Según el fallo al que accedió Infobae, el juez Farah justificó su decisión en dos motivos. “El primero tiene que ver con precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos) que es necesario averiguar. Ellas permitirán establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción territorial”, señaló.

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El segundo de los motivos, añadió, apuntó a esclarecer si, efectivamente, este es una causa para tramitarse en la justicia federal, “una cuestión sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el Juez una vez que se completen esas medidas”. Subrayó asi a esclarecer “las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia, pues ésta es restrictiva y de excepción, para los supuestos que expresamente prevén los arts. 116 de la Constitución Nacional y 33 del Código Procesal Penal de la Nación”.

“Debe poder explicarse -en tal caso- la naturaleza federal de los hechos de la causa. En estos supuestos rige la regla que impone sostener la intervención del magistrado que previene a efectos de que, mediante las diligencias que correspondan, esclarezca los aspectos fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia, tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos denunciados”, afirmó.

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El caso se abrió a inicios de agosto cuando Fabiola Yañez denunció ante el juez federal Julián Ercolini al ex presidente de la Nación, luego de una primera decisión de no impulsar los hechos. El juzgado había tomado conocimiento de presuntas lesiones cuando entró diálogos de la ex primera dama y la secretaria del presidente, María Cantero, investigada en una causa por corrupción. Cuando el caso tomó estado público, Yañez decidió acusar al ex presidente. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. En ese contexto, el juez Ercolini decidió varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

La causa está en pleno trámite delegada en el fiscal Ramiro González. Ya declaró Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos, la periodista Alicia Barrios y para este jueves se espera la declaración de Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médico Presidencial, y a la esteticista Florencia Aguirre que presentó la querella. Luego queda por escuchar a la madre de Fabiola y Sofia Pacchi, entonces amiga de la ex primera dama. La Fiscalía ya trabaja en una nueva batería de medidas de prueba.

Fabiola Yañez declaró durante cuatro horas por zoom y el fiscal imputó al ex jefe de Estado por nueve hechos. Habló de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama. Según sostuvo, Yañez sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”. En su denuncia Fabiola Yañez incluyó hechos de violencia que habían comenzado en el departamento que compartía con Fernández en Puerto Madero, antes de que su pareja se convierta en presidente de la Nación.

Eduardo Farah, el juez de la Cámara Federal

La defensa sostuvo que el caso debía tramitarse en los tribunales de San Isidro. Tanto la fiscalía como la querella rechazaron ese pedido. El juez Ercolini convalidó esa decisión. Pero la defensora Silvina Irene Carreira, apeló esa decisión. “Debo hacer la aclaración que entre el tiempo transcurrido desde la interposición de la presente incidencia hasta la resolución de la misma ha ocurrido un devenir de la causa que sorprendió a esta parte y que hacen que no pueda dejar de asumir que esta investigación tiene ribetes en los cuales no interesan los derechos de mi representado. Se ha hecho una maniobra por la cual el Sr. Juez se quedó con la pesquisa a pesar de tener un conocimiento inicial de que los supuestos hechos habrían ocurrido en San Isidro”, afirmó la defensora.

Ese planteo fue el que analizó el juez Farah, quien convalidó que el caso permanezca en los tribunales federales de Comodoro Py a la espera de más medidas. Sin embargo, condicionó esa permanencia a lo que pueda surgir, incluso planteando si el caso no debería tramitarse como un caso de violencia entre una pareja común, sin evaluar la condición del ex presidente.