Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que en enero había sobreseído a Macri, al exministro de Justicia Germán Garavano, a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña y al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

La denuncia señalaba que funcionarios visitaban o hablaban con los jueces para presionarlos o denunciarlos luego en los medios, en el Consejo de la Magistratura o en la Comisión de Juicio Político. A partir de estas maniobras, el kirchnerismo luego denunció “lawfare”. Este fallo ratifica la idea de la inexistencia de esa práctica.

“No se ha acreditado siquiera un estado de sospecha que conlleve a suponer la existencia de una asociación criminal tendiente a ejercer presiones sobre un conjunto reducido de magistrados, mediante acciones que resultaban absolutamente ineficaces para lograr dicho propósito”, dijeron los camaristas.

Y fueron más alla al señalar que “excede a cualquier razonamiento lógico, pretender intercomunicar denuncias penales, pedidos de juicio político, críticas y expresiones volcadas en medios de comunicación; todos actos sin relevancia penal, pero que además fueron ejecutados por razones disímiles y por un sinnúmero de personas pertenecientes a distintos ámbitos de la sociedad, sobre cuyas voluntades, los imputados de autos no han podido tener ningún tipo de injerencia”.

Dijeron los jueces que despues de cuatro años no hay ni un solo elemento que ponga en duda el sobreseimiento y que no se alcanzó “a demostrar una motivación suficiente como para reclamar la convocatoria de los imputados” a indagatoria.

La persecución judicial contra el kirchnerismo fue uno de los argumentos de defensa de la expresidenta Cristina Kirchner. En la causa se investigaron supuestas presiones a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a la exjueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, al juez federal Alejo Ramos Padilla, al excamrista Eduardo Freiler, al camarista Eduardo Farah, entre otros.

“No se desprende la intervención de los imputados, no constituyen conductas delictivas y, fundamentalmente, se observan como sucesos ausentes de capacidad para interferir indebidamente en el desempeño jurisdiccional ejercido por los magistrados”, dijeron Bruglia y Bertuzzi. Ambos camaristas intregan la Cámara Federal

“Todo funcionario público -no solo los magistrados- está expuesto a este tipo de exposición y resulta una sana práctica republicana, en cuanto favorece al control de su desempeño -fundamentalmente frente a los ciudadanos-, fortaleciendo los principios democráticos. En busca de estos valores, quien ostenta un cargo de relevancia pública, acepta una responsabilidad sobre su ejercicio en la función, cual es — entre otras- rendir cuenta a la sociedad a través de la publicidad de los actos de Gobierno -exigida normativamente por la ley 26.856- que están bajo su órbita y, pese a las repercusiones que puedan producir, ser impermeable a que ellas trasciendan a su fuero íntimo incidiendo en sus decisiones”, señalaron.

Dijeron que, “impedir o castigar esta actividad, conlleva a la gravedad de restringir el derecho a la libre expresión” consagrado en la Constitución Nacional y pactos internacionales.

“La hipótesis de un aparato conglobado para fomentar ataques a distintos integrantes del Poder Judicial se desvanece y no se condice con lo que pretende mostrar la fiscalía que aparece, a esta altura, como un ejercicio de fantasía destinado a satisfacer una acción política de reacción frente a la acción, incompatible con un proceso judicial”, escribió Llorens.

Dijo que no solo hay delito sino que se trata de “el intento de construir, a partir de un hecho objetivo que podía ser cierto (como una reunión protocolar), la recreación de un relato de ficción inexistente para abonar la tesis de una acción política”.