"Enel marco del desempeño funcional de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba, parte de su personal se habría valido de su estructura para llevar a cabo una serie de maniobras ilícitas, con total desprecio al derecho que gobierna la función policial y como capital simbólico, a las obligaciones que ello conlleva”.

“Aprovechándose claramente de la autoridad interna y externa que su calidad policial significa e impone y con la gravedad especial que ello representa, habría habido una logística y en particular un manejo técnico y de manipulación de datos e instrumentos jurídicos, con total menosprecio de la legalidad a pesar de la condición de funcionarios públicos”.

De esta manera, el juez federal Ignacio Vélez Funes, de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, justificó la ratificación de los procesamientos dictados contra los policías acusados del “narcoescándalo”, fallo que se conoció ayer y que volvió a darle un nuevo impulso a la causa, al avalar lo actuado hasta ahora.

En igual línea, otro de los camaristas, Carlos Lascano, explicitó que las sospechas contra los efectivos antidrogas son graves. “En el caso bajo análisis, existen elementos de prueba suficientes para sostener con el grado de convicción exigido para esta instancia procesal, que un grupo de policías integrantes de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba acordaron ser parte de una organización que tenía por fin la comisión de diferentes ilícitos descriptos en el auto de procesamiento y vinculados a su oficio en dicha dependencia, reconociendo a Rafael Gustavo Sosa como jefe de la misma”.