Graciela Camaño presentó un proyecto para derogar el decreto de 2016 con el que Mauricio Macri eliminó un artículo de la ley de sinceramiento fiscal para permitir que los familiares de los funcionarios se sumaran al blanqueo.

No podían hacerlo porque cuando se aprobó esa ley, unos meses antes, Felipe Solá, que integraba el bloque de Sergio Massa presidido por Camaño, incorporó en el debate en particular el artículo 83 que excluyó del blanqueo a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de los funcionarios públicos de todos los poderes.

En aquel debate, fuentes de la oposición de entonces aseguraban que Macri presionó para que no se incorporara esa excepción y hasta habría hablado por teléfono con los referentes de los aliados para evitarla, casi a modo de "favor personal".  

No lo logró, pero la limitó en la reglamentación de la ley. Y en el artículo 6 del decreto 1.206 la elimina al permitirles blanquear "los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio". Camaño, en su proyecto, pide dejar sin efecto ese artículo y lo justifica en la necesidad de impedir que un Gobierno altere leyes sancionadas por el Congreso.

"Se consagró así una mutación ilegitima de la potestad constitucional que le asiste al Poder Ejecutivo, no tan solo para legislar en general, sino más aún para hacerlo en forma exclusiva y excluyente en la materia", señala en los fundamentos la diputada del interbloque federal. 

"Semejante atropello jurídico-institucional carece de toda virtualidad y valor, por lo que no puede tener eficacia ni derivar efectos que puedan merecer protección dentro del orden jurídico, habida cuenta de los principios y normas superiores puestos juego".

"En efecto, el Poder Ejecutivo no puede arrogarse atribuciones legislativas "per se", pero jamás en forma tajante podría mucho menos hacerlo en materia tributaria", señala la diputada, cuyo bloque está integrado en su mayoría por referentes de Juan Schiaretti, Roberto Lavagna y el socialismo santafesino, y le permite llegar a la mayoría simple al oficialismo. 

Su proyecto, de prosperar, pasaría sin problemas por el recinto y quedaría servido para ser sancionado por la mayoría oficialista de Cristina Kirchner en el Senado.