La CGT oficialista que conduce el metalúrgico Antonio Caló se sumó ayer a los sectores que rechazan los textos de ley de reforma judicial impulsados por la Casa Rosada y reclamó al oficialismo que "revise el proyecto" y acceda a "un debate amplio con la participación de todos los sectores".

De acuerdo a la central obrera, la iniciativa oficial contiene "aspectos positivos" pero también "puntos que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores que no se pueden acompañar”.

En ese marco, pidió la "revisión del proyecto" y la necesidad de "encauzar una discusión parlamentaria con los tiempos necesarios y permitiendo la participación natural de todos los sectores interesados".

"Compartimos las iniciativas tendientes a favorecer la accesibilidad igualitaria de todos los ciudadanos para ingresar a cualquier estamento del Poder Judicial y la posibilidad de conocer con mayor celeridad las decisiones judiciales de los tribunales superiores", sostuvo la central.

Sin embargo, manifestaron su "preocupación" por la "excesiva reglamentación del ejercicio individual o colectivo del derecho de amparo y el uso de las medidas cautelares, frente a decisiones, actos u omisiones del Estado".

"La minuciosa reglamentación aprobada en la Cámara de Senadores y las limitaciones temporales contenidas, tornan casi ilusoria la posibilidad de ejercer los derechos", planteó la CGT.

Además, consideró que "resulta excesivo el poder que se arroga el Estado en el artículo 17 de la reglamentación del derecho de amparo en relación a los servicios públicos esenciales", ya que "si bien fue oportuna la reforma introducida en relación a los conflictos laborales, el texto es perfectible".

"Del mismo modo, vemos con preocupación la creación de la Cámara de Casación de Seguridad Social y del Trabajo, por considerar que una medida de esta naturaleza puede adoptarse sólo en el marco de una reforma integral del régimen procesal, de modo tal que tienda a agilizar los procesos y no a dilatarlos", puntualizó.

Y, también, la central mostró sus diferencias por "la celeridad impuesta a la agenda parlamentaria" y reclamó "un debate amplio y participativo, en atención a la importancia de los proyectos en tratamiento".