El juez Mario Juliano, director de la ONG Pensamiento Penal y reconocido magistrado, opinó con respecto a las declaraciones vertidas oportunamente sobre el anteproyecto del Código Penal, por la presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca Amelia Sesto de Leiva.

El jurista manifestó que las mismas “me llenan de perplejidad por el nivel de irresponsabilidad que reflejan. Y me atrevo a emplear el calificativo “irresponsable” (sin perjuicio del respeto personal que me merece la funcionaria) por venir las declaraciones de quien provienen (la titular de uno de los poderes del Estado catamarqueño) y por tratarse de una abogada que, se supone, debería tener una relación con las leyes que supere los estándares del conocimiento prosaico”.

En un contacto que de manera exclusiva mantuvo el magistrado con El Esquiú.com, Juliano sostuvo que “la señora Sesto de Leiva debería aclarar a qué se refiere cuando afirma que el anteproyecto es “modernoso”, ya que todos lo que lo leímos con detenimiento (incluido Roberto Carlés, secretario de la comisión redactora), coincidimos en que se trata de una propuesta bastante conservadora, que en poco o nada innova sobre el texto del Código actual y que, inclusive, retrocede en varios aspectos”.

En otro tramo de sus declaraciones, el juez indicó que la jueza “demuestra no haber leído el anteproyecto, o haberlo leído con superficialidad, cuando dice estar en contra de la desaparición de la reincidencia. Lo cierto es que (como lo admitió el propio Carlés en Catamarca) la reincidencia sólo desapareció en el nombre, pero sigue existiendo en el anteproyecto, tanto en las restricciones para el acceso a las penas sustitutivas a la prisión como en la suspensión del juicio a prueba”.

“Estas conclusiones fueron analizadas en el reciente encuentro celebrado en la facultad de Derecho de Catamarca, multitudinario evento en el que no tuvimos la suerte de contar con la presencia y puntos de vista de la señora Sesto de Leiva”.

Finalmente, el renombrado jurista manifestó que “la presidenta de la Corte catamarqueña tiene el derecho a coincidir o discrepar con cualquier proyecto de ley, pero a lo que no tiene derecho, por su rol institucional, es a opinar con desconocimiento de lo que dice, ya que ese proceder en poco contribuye a la construcción de un diálogo responsable sobre los temas que conciernen a toda la sociedad”.