En función de eso, la diputada provincial Patricia Jure (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de resolución en el que propuso que la Legislatura neuquina rechace “la calificación de terrorismo que los gobiernos nacional y provincial imputan contra los reclamos”, cuya violencia ha quedado en inequívoca evidencia.

Una de las funcionarias que salió a hablar de terrorismo fue la propia gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien inclusive presentó una denuncia judicial y (con mucho esfuerzo) logró que el gobierno de Alberto Fernández enviara gendarmes, para reforzar la seguridad en la zona andina.

Este martes, la gobernadora volvió a referirse al tema, en diálogo con un medio de prensa porteño. Dijo que el accionar de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) encuadra “en la descripción de organización terrorista”.

Pues bien, en su iniciativa la diputa Jure, principal referente del Partido Obrero (PO) en la provincia de Neuquén y candidata a diputada nacional, se pronunció contra lo que considera “la militarización en la zona cordillerana” y reclamó “el inmediato retiro de todas las fuerzas federales enviadas”.

Argumentó su proyecto en la necesidad de “oponerse con firmeza a un curso general de una política internacional e interior que refuerza la represión y la criminalización de los reclamos populares”.

El asunto este de los ataques incendiaros logró, incluso, que los habitantes de una y otra orilla de la consabida grieta nacional coincidieran en sus apreciaciones. “Cuando el bien vulnerado es la paz social, hablamos de terrorismo”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni (Frente de Todos). “En este caso no se necesita ninguna nueva ley, se debe aplicar la ley existente, lo que está sucediendo en Río Negro tal como lo definió la gobernadora (Arabela) Carreras y el propio (Sergio) Berni es terrorismo, y es un delito federal”, señaló por su parte la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio).