El lunes el presidente Maurizio Macrì firmó con los sindicatos de trabajadores de la construcción y de obras sanitarias y con la cámara patronal de empresas constructoras un denominado Acuerdo Federal, que en realidad es una carta de intenciones. Incluye capacitación para prevenir accidentes laborales, modificaciones legales que incentiven la construcción de viviendas para alquiler si el Congreso las aprueba, desgravaciones impositivas si los gobiernos provinciales y los bancos adhieren, créditos del Banco Nación a tasas y plazos que deberían ser atractivos, reducción de los precios de venta de inmuebles para sectores medios, si las empresas lo disponen. Anunciado luego de la movilización a favor del gobierno del sábado 1º y en la semana del primer paro general de la CGT, ese catálogo de propósitos edificantes intentó mostrar un gobierno activo que mantiene abiertos los puentes con los representantes de los trabajadores. Por eso desconcertó a propios y extraños que Macrì eligiera esa ocasión para emitir un ígneo discurso antisindical, frente a los oficialistas seriales Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, los dirigentes más dispuestos a conciliar con el Estado, cualquiera sea su gobierno. Aún eufórico por el acto del 1º de abril, contó que un cartel decía que “voté a Macrì porque no quiero más mafias” y prometió luchar contra los “comportamientos mafiosos, que están en los sindicatos, las empresas, la política, la Justicia. No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos”. Al día siguiente reunió a sus ministros y se preocupó por que trascendieran las palabras que les dirigió, a propósito del paro de la CGT que no podía impedir y que se concretó el jueves: “O los mafiosos van presos o nos voltean”.

Esta deliberada reiteración presidencial recuerda la primera denuncia contra las mafias de Domingo Cavallo, dos meses antes de la elección presidencial de 1995, es decir el mismo uso proselitista que le da hoy Macrì: presentarse como el bien en lucha mortal contra el mal. Teología Política I. Pero también hace pensar en una nota publicada en este diario hace un mes y medio. No tuvo la repercusión que merecía, acaso porque su título no permitía atisbar de qué trataba, tenía la prosa ascéptica de la academia y su fina ironía pasó inadvertida para el apurado lector de diarios. “Andragathos”, es el título. El texto explica que esa palabra proviene del grecoitaliano usado en Calabria y está constituida por andrós –hombre– y agathòs –bello y bueno– entendido como valeroso o corajudo. 

Andragathos no se refiere a los pequeños felinos que desde hace un tiempo entibian los sillones de la política argentina, como una novedosa invectiva adosada al apellido presidencial. 

En los dialectos calabreses andragathos da origen a la palabra ’ndranghita, que italianizada se vuelve ’ndrangheta. Esos términos están ausentes de la lengua y del léxico político argentino, pero reverberan en la teoría del Estado de un año a esta parte, sigue ese texto de admirable sutileza. Su autor, el filósofo Rocco Carbone, es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se reconoce discípulo de David Viñas e investiga sobre los discursos políticos y culturales. Para Carbone, ’Ndrangheta es poder. Espeso, antiguo, confiable, que concentra prestigio, control del territorio y dinero. Esa organización mafiosa calabresa descansa sobre una estructura familiar. La familia natural (’ndrina) se amplía hacia la familia mafiosa (’ndrangheta), que controla territorios muy definidos, sobre los que actúa como contrapoder de las instituciones democráticas. La ’ndrina es el secreto del éxito de la ’ndrangheta en el plano criminal, junto con el sigilo de quien, como forma de infiltrar la política y las instituciones, prefiere las bambalinas a las luces del escenario. Desprendida de sus orígenes rurales en el siglo XIX, la ’ndrangheta se especializó en la obra pública, edilicia y de infraestructura y articuló un nudo de intereses, lícitos e ilícitos alrededor de arquitectos, ingenieros y políticos. Ahora integran la ’ndrangheta modernos empresarios con doctorados de universidades muchas veces privadas, capaces de expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Para Carbone, la ’ndrangheta pone en diálogo lo local con lo global, en el cruce entre dos dimensiones antitéticas: lo arcaico, con sus ritos centenarios, y lo ultramoderno. Costumbres ancestrales y economía globalizada. Armas y drogas, como otras mafias italianas, pero también licitaciones y financiamientos públicos, inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. Nació en Calabria y desde ahí se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos políticos en aquellos países en los que la ’ndrangheta opera. Debido a la estructura familiar, los apellidos permanecen. Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca, ’Ntoni Macrì de Siderno, enumera Carbone. Macrì con acento grave en la ì, como lo escribo desde que conocí la historia familiar del actual presidente argentino. 

(O sea, Antonio Macrì, un nombre y apellido conocidos en la política argentina, agrego yo. Otro Antonio Macrì, Tonino para quienes lo conocieron en las actividades culturales y de beneficencia que lo ocupaban, era el hermano de Franco. Antonia Macrì es la hija del presidente).

Siderno queda a 30 kilómetros de Polistena, en los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora Giorgio Macrì, el padre de Franco, Pía y Tonino, abuelo de Maurizio y Jorge y también de Angelo Calcaterra, parte de la ‘ndrina y asociado en los negocios familiares. Según Rocco Carbone, el puerto de Gioia Tauro, el mayor de Calabria, fue construido y sigue bajo el control de familias de la ’ndrangheta.

Angela Nocioni escribió en el bisemanario Perfil que Giorgio Macrì era hijo de una familia de terratenientes y además recibió del Estado la concesión del Correo en la región de Roma. En las postrimerías de la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del Partido del Hombre Común, l’uomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. La ideología qualunquista era antipolítica, con desconfianza de lo público, rechazo al pago de impuestos y exaltación del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal de votos en la primera elección de posguerra, hasta que el Vaticano intercedió ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas aún ocupaban Italia, para que la fuerza escogida como contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana. Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años después lo siguieron sus hijos. Franco se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Calcaterra, el propietario nominal de las empresas familiares hasta el último acto de prestidigitación por el cual quedaron anotadas a nombre de Marcelo Mindlin, quien desde esta semana sucede a Claudio Avruj como presidente del Museo de la  Shoah. Con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores terratenientes del país. 

Los nombres Jorge y Antoni@, los latifundios agrarios, las empresas constructoras, la concesión del correo, la incursión en política con un partido individualista y antipolítico. Los corsi y ricorsi de Vico, en una misma familia, a caballo de tres siglos y dos continentes.

Transcribo en forma textual el remate del artículo de Rocco Carbone: “Los apellidos de estas familias se ampliaron regionalmente, a través de matrimonios. A nivel nacional e internacional, a través de los múltiples fenómenos migratorios de Calabria hacia el mundo. Una región pródiga para con la ‘inmigración colonizadora’ fue, por ejemplo, el Río de la Plata. Basta volver a los apellidos que soportan los personajes de la literatura social de Boedo. Pero también se encuentran en el mundo de la política local actual.  Apellidos y lógicas: maneras de hacer. La designación en el Gobierno de empresarios en áreas especializadas del Estado revela un reclutamiento de funcionarios entre amigos y familiares, vínculos ultracercanos. Estas elecciones están vinculadas a una lógica ‘familiar’. Porque la familia es un bien que hay que cuidar, en Calabria y en la Argentina. ¿Explicará esta lógica la condonación de la deuda (70.000 millones de pesos) del Correo Argentino, administrado por una empresa del grupo Macrì, para con el Estado nacional? ¿Será casualidad que hace unos días en el puerto de Gioia Tauro, construido y controlado por la ‘ndrangheta, hayan desembarcado 55 kilos de cocaína procedentes de la Argentina, por un valor estimado de 11 millones de euros?”. 

Rocco Carbone se radicó en la Argentina en 2004. Pero nació hace 42 años en Consenza, también en la región de Calabria, a una hora y media de auto de Siderno y Polistena. Es decir que habla con conocimiento de causa. ¿El presidente Macrì también?

El encubrimiento

Es difícil encontrar mejor ejemplo de conducta mafiosa que el encubrimiento del atentado de 1994 a la sede de la DAIA, el órgano político de las organizaciones sionistas en la Argentina, y la AMIA, la mutual de la colectividad judía en el país. Un fallo del Tribunal Oral Federal 3 anuló en 2004 todo lo actuado por el juez Juan Galeano “en beneficio de políticos inescrupulosos” y ordenó sentarlo a él en el banquillo de los acusados, junto con los fiscales de la causa y con otros responsables de desviar la investigación y encubrir a los autores del atentado. En la instrucción de la nueva causa a cargo del juez Ariel Lijo, también resultaron procesados el ex presidente Carlos Menem, sus ministros Carlos Corach y Hugo Anzorregui, el ex jefe de la División Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, Ruben Beraja, y el ex agente de la SIDE Patricio Pfinnen que pagó 400.000 dólares al desarmador de autos robados Carlos Telleldín para que acusara a una banda de policías bonaerenses, autores de muchos delitos comunes pero no del atentado. Luego de interminables dilaciones, el juicio por el encubrimiento comenzó en 2015 ante el Tribunal Oral Federal 2 que integran los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, que reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por el encubrimiento invirtió millones de dólares en la fiscalía especial creada en 2004 para reencauzar la investigación, a cargo del fiscal Natalio Alberto Nisman. Pero diez años después se confirmaron las denuncias de los familiares de las víctimas del atentado: Nisman usó ese dinero para viajar por el mundo bien acompañado y delegó las tareas de la causa a los aparatos de inteligencia local, israelí y estadounidense, que utilizaron el expediente para avanzar sus intereses en el complejo escenario de Medio Oriente, conformando así un segundo encubrimiento. Las filtraciones de Wikileaks mostraron que antes de presentar sus escritos el fiscal los sometía al escrutinio de la embajada de Estados Unidos, que le señalaba el rumbo a seguir. Cuando ya sobre el final de su mandato la ex presidente CFK quiso poner fin a ese escándalo, Nisman y sus mandantes la involucraron en una fantasiosa denuncia por traición a la patria. El actual gobierno impulsó la reapertura de la causa ya fenecida de la denuncia del fiscal, a la que intenta sumar la investigación por su muerte, que sin ningún elemento de prueba considera un homicidio y que la Corte Suprema de Justicia sin ningún fundamento extrajo de la justicia criminal y la depositó en el pantano federal de la avenida Py. En las audiencias del juicio por el encubrimiento, la querella de la DAIA trata de que no avance el esclarecimiento de las responsabilidades de su ex presidente Beraja, cuyo director ejecutivo en aquellos años fue el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La semana pasada renunciaron los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, porque el ministro Germán Garavano decidió sumarse a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti y no buscar la verdad sino la conveniencia política. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que habilita el juicio en ausencia, lo cual permitiría cerrar el caso con un fallo sólo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de Washington y Tel Aviv señalen. Tal como se anticipó el domingo pasado aquí, Macrì firmó ahora el decreto 229/17, que la propaganda oficial presenta como una orden de desclasificar toda la información de inteligencia sobre el atentado para ontribuir a su esclarecimiento pero que en la realidad significa todo lo contrario. El decreto 395/15, firmado por la ex presidente, ya había dispuesto esa desclasificación. La documentación fue entregada hace dos años a la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI/AMIA), junto con la llave de las bases de inteligencia donde se guarda, en el edificio Barolo, de Avenida de Mayo al 1300, ya que por su peso y volumen era imposible mudarla a la sede de la UFI/AMIA, frente a la Plaza de Mayo. El decreto de Macrì, Garavano y el jefe de gabinete Marcos Peña Braun entrega esos archivos en forma ilegal para su recuperación, conservación, digitalización, sistematización y análisis a la Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, creada en 2000 por Fernando De la Rúa y ahora a cargo del radical patagónico Mario Cimadevilla, junto con la partida presupuestaria que se le retaceó al Grupo Especial de Relevamiento Documental de la Procuración General (GERAD). Con Cimadevilla colaborarán especialistas de la Universidad de San Andrés, una de las canteras de reclutamiento de cuadros para el gobierno de los CEOs. Sólo la Fiscalía puede disponer cualquier tarea sobre la documentación y convocar a la UEI/AMIA del Poder Ejecutivo, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad de aeropuertos o quien considere necesario y no a la inversa, desplazar al Ministerio Público por una dependencia del gobierno nacional. La intrusión de este comisario político en una tarea que se venía realizando con seriedad profesional hace pensar que deben haberse encontrado allí materiales explosivos sobre la responsabilidad estatal y de las propias agencias de inteligencia, que antes del atentado tenían la tarea de impedirlo y una vez producido de investigarlo. La escudería Stiuso sabe lo que hay allí, y Marta Orly o Mirna Irigaray, reincorporada por la AFI en octubre pasado, lo sabe mejor que nadie. Ahora corre peligro de desaparición. “Con este decreto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de una de las asociaciones de familiares de las víctimas, porque “le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a…Arribas y Majdalani. Es una infamia”. Pasado mañana se lo dirá en la cara a Garavano, junto con la exigencia de “apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una Comisión Investigadora Independiente”.

El extravío

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención preventiva de Milagro Sala es arbitraria y dijo que la Corte Suprema de Justicia debe dejarla en libertad de inmediato. La Corte no tiene plazos para decidir, pero Avruj le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía, ANDHES y el CELS antes de su visita al país, a partir del 22 de mayo, porque para esa fecha esperaba que ya se hubiera pronunciado el máximo tribunal interno. Antes aún, el 8 de mayo visitará el país el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Dentro de diez días el Grupo se reunirá en Ginebra, donde Avruj podrá desplegar su meliflua seducción con el mismo propósito. Esos dos organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos opinaron que la detención de Milagro es arbitraria y que debe recuperar lo antes posible su libertad, tal como ha hecho ahora la Procuración General. Esto ratifica que en cuanto se deja atrás Macondo, sea en Ginebra, Washington o Buenos Aires, el derecho recupera vigor y la prepotencia del poder retrocede. No obstante, es preciso seguir con atención las maniobras que intente el asediado presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuyo juicio político fue solicitado por la legisladora de la Alianza Cambiemos Elisa Carrió. Lorenzetti tiene la fantasía de desasirse del clavo caliente de los dos recursos extraordinarios por la libertad de Milagro Sala, con una detención domiciliaria que la víctima no pidió ni consiente. “La detención domiciliaria es para los genocidas y yo no cometí ningún crimen” dijo cuando dos enviados de Garavano y Avruj la sondearon sobre esa propuesta extorsiva. Tal vez inspirado en esa frase, Lorenzetti pidió los distintos expedientes en los que militares privados de su libertad por crímenes de lesa humanidad, solicitan ser trasladados de unidades penitenciarias a su casa. La semana pasada Lorenzetti se fotografió flanqueado por el juez argentino Claudio Glock y el brasileño Sergio Moro, los perseguidores judiciales de CFK y de Lula. Moro fue invitado al país por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los estudios de abogados de grandes empresas, aquellos que en 1976 redactaron el decreto por el que el dictador Jorge Videla y su ministro José de Martínez de Hoz derogaron el artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial que impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”; que en la década siguiente diseñaron el modelo de privatizaciones que dilapidó el capital social acumulado por generaciones de argentinos y que ya en este siglo, litigaron contra el Estado en el CIADI. La misma mano se reconoce en el decreto 29 del 12 de enero de este año por el que Macrì, Peña Braun y Luis Caputo autorizaron la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares, renunciando a  oponer la defensa de inmunidad soberana ante “los tribunales estaduales y federales” de Nueva York y Londres. El decreto 231 concretó la misma resignación de soberanía ante los tribunales de la Confederación Helvética por 3.000 millones de francos suizos. Del presidente de la Corte, quien ha firmado un libro en el que se afirma que los juicios por crímenes de lesa humanidad son parte del contrato social de los argentinos, puede esperarse cualquier cosa porque ha extraviado el rumbo y se siente acorralado. Cuesta creer que Elena Highton, Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tengan tan poco respeto por si mismos como para acompañarlo en la oprobiosa equiparación de la organizadora social jujeña con secuestradores, torturadores y asesinos.