Por Ramiro Melucci

Puede decirse de mil modos y contarse de manera más o menos directa, pero el instante político de Mar del Plata se resume en una sola frase: Guillermo Montenegro no cree en las buenas intenciones de Fernanda Raverta.

La discusión sobre el uso del Fondo de Promoción Turística en el Concejo Deliberante es un fiel reflejo de esa desconfianza entre el intendente y la jefa del Frente de Todos local, que es recíproca.

El bloque opositor reflotó un proyecto de ordenanza con cuyo espíritu nadie podría estar en desacuerdo: devolver aquella partida, que se financia con el cobro de un 10% adicional en la tasa de Seguridad e Higiene, a su fin original. Sería lo más natural del mundo que una sobretasa que se creó en 2010 con un propósito –promocionar a Mar del Plata como destino turístico– lo mantuviese.

Pero el fondo se desnaturalizó enseguida. Ya en tiempos de Gustavo Pulti, su creador, existían reclamos para que no se utilizara para otra cosa. Y la gestión de Carlos Arroyo, con la inspiración de Hernán Mourelle, instituyó el desvío por ordenanza: fijó que esa plata también podía usarse para pagar el operativo de seguridad en playas. Este año, $ 300 millones de los aproximadamente $ 390 se destinaron al servicio de guardavidas.

Marcos Gutiérrez redactó el proyecto de restitución después de aquella modificación normativa. Era presidente de la comisión de Turismo y había escuchado el pedido del directorio del Emtur. Ahora lo desempolvó con el argumento de que, una vez superados los estragos de la pandemia, es el momento ideal para mejorar la promoción de Mar del Plata, en un contexto en el que el programa Previaje despierta entusiasmo.

El oficialismo no le cree. Piensa que lo hizo para congraciarse con un sector poco afín al kirchnerismo en plena campaña y para darle un sacudón a las cuentas de la comuna. “¿De dónde saldrían los $ 300 millones para los guardavidas si no es de allí?”, se preguntan los voceros oficiales.

En el gobierno citan el antecedente del plan de asistencia tributaria para hoteles. La presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, le introdujo más beneficios de los que contemplaba la redacción original. Y el oficialismo, sin votos para resistir los cambios, los aceptó a regañadientes. Prefirió el costo fiscal adicional antes que desilusionar al sector.

La gestión de Arroyo, con la inspiración de Mourelle, instituyó el desvío por ordenanza: fijó que esa plata también podía usarse para pagar el operativo de seguridad en playas.

Las alusiones al desfinanciamiento que hubieran sufrido las arcas municipales si se aprobaba la devolución al turismo de la totalidad del fondo promocional a partir de enero de 2022 fueron el denominador común de las exposiciones del interbloque de Juntos por el Cambio en el recinto del Concejo. El intendente tuvo además la colaboración de los gremios de guardavidas, alertados ante la posibilidad de que no estuvieran los fondos para pagarles los sueldos. No hace falta ser adivino para imaginar el diálogo entre funcionarios y gremialistas: “Les dimos la municipalización, banquen en esta”.

Daniel Rodríguez, que hace tiempo no es el miembro informante del Frente de Todos pero no pierde la lucidez, le reclamó al oficialismo que “bajara los decibeles conspirativos porque no los hay”. “¿A quién se le ocurre que queremos desfinanciar un municipio que pretendemos conducir? Es una locura”, respondió.

Sívori apuntó que el gobierno municipal llegó a la conclusión del desfinanciamiento “sin un solo número sobre la mesa”. Puntualizó que no hubo un cálculo de cuánto más se podría recaudar en Seguridad e Higiene si se lograba atraer a una mayor cantidad de turistas, y que ni siquiera se estimó cuánto impacta en esa tasa cada peso invertido en promoción.

El hilo argumental opositor mantuvo la lógica circular: más fondos para promocionar la ciudad, más turistas; más turistas, mayores ingresos para la comuna; más ingresos, mejores posibilidades de seguir promocionando a la ciudad. En ese marco virtuoso, buscar una nueva fuente de financiamiento para el operativo de seguridad en playas no representaría una dificultad para el secretario de Hacienda.

Es evidente que Montenegro no comparte la hipótesis. Hace dos semanas juntó a los referentes de las cámaras turísticas y les dijo que era imposible restituir el fondo de un día para el otro. Se comprometió a llevar adelante un esquema gradual. Es decir, a utilizar la partida cada vez más para promocionar la ciudad y menos para el operativo playero. Lo mismo repitió el secretario de Hacienda, Germán Blanco, ante los concejales de la comisión de Hacienda. Incluso sostuvo que eso ya está ocurriendo: en un principio se destinaba el 85% a los guardavidas y este año, tras una baja paulatina solo interrumpida en 2020 por la pandemia, bajaría al 70 o 75%.

Al compromiso oficial le falta aún un cronograma escrito, concreto, que no solo sea una mera manifestación de buena voluntad. El Ejecutivo dejó pasar el debate impulsado por la oposición sin redactarlo. Sería conveniente que no ocurriera lo mismo en la próxima instancia, que según prometió el oficialismo será durante la discusión del presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva.

Al compromiso oficial le falta aún un cronograma escrito, concreto, que no solo sea una mera manifestación de buena voluntad.

Aquel encuentro del intendente con los empresarios tuvo una versión adicional, según hizo trascender la oposición, que dialoga con los mismos actores. Habría existido un pedido para que no participaran del debate legislativo. Algunos igual lo hicieron. Y todos dejaron en claro dónde estaban parados recién después de que el proyecto de Gutiérrez, por el apoyo de Acción Marplatense a la renuencia oficialista, no obtuviera las adhesiones para ser aprobado.

“Firmemente reclamamos a futuro que se cumpla el objetivo del fondo tal cual fue creado”. Que el mensaje haya sido difundido tras la vuelta a comisión del expediente representó un alivio para el Ejecutivo. Los miembros del directorio del Emtur evitaron presionar al gobierno municipal antes de la sesión –acaso para que nadie lo interpretara como una confabulación política–, pero marcaron claramente su disconformidad con el uso que se hace del fondo. Tomaron distancia, de paso, con el vicepresidente del ente a cargo de la presidencia, Bernardo Martín, que horas antes de la sesión refrendó la postura oficial.

El aire espeso que se palpa en el ambiente exhibe otra muestra. El proyecto del Frente de Todos para declarar la emergencia en seguridad avanzó en la comisión de Legislación después de haber dado un primer paso en la de Seguridad. El oficialismo procuró añadirle la palabra “administrativa” y un artículo que ratificara el reclamo por la vuelta de las fuerzas federales. La oposición desestimó los cambios, por lo que el jefe del bloque de Montenegro, Agustín Neme, retomó el argumento del intendente de que no existiría la intención de agilizar los procesos administrativos para comprar elementos de seguridad, sino que se pretendería el título de “Mar del Plata en emergencia” en el tramo final de la campaña.

Lo cierto es que una declaración de ese tenor facultaría al Ejecutivo a acelerar trámites en un asunto central como la seguridad. El propio secretario, Horacio García, lo consideró fundamental. De hecho son los gobiernos los que suelen proponer las emergencias para deshacerse de ataduras al momento de realizar compras y contrataciones. “Le queremos dar esa herramienta”, insiste el bloque de Raverta. Y el de Montenegro, para variar, mira con desconfianza las buenas intenciones que se manifiestan en el proceso electoral.