En febrero, se desplomó el consumo en supermercados y en autoservicios mayoristas. Esto se explica por la abrupta caída de los ingresos de la población.
Por: Sebastián Premici.
“La mano invisible del mercado vació las billeteras antes de que llegaran a los locales”. La ironía esbozada por un empresario vinculado al supermercadismo devela la profundidad del programa de miseria planificada ejecutado por el Gobierno nacional. La administración de Javier Milei apostó desde el inicio de su gestión a la destrucción del mercado interno a través de un fuerte disciplinamiento social. En febrero, el consumo en los supermercados se derrumbó un 11,4% interanual; mientras que las compras en los autoservicios mayoristas cayeron un 6,2% interanual. Los sectores medios, trabajadores y jubilados dejaron de comprar comida, artículos de limpieza, y de cuidado personal.
Entre diciembre y marzo de este año, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 20,6% y el de las jubilaciones mínimas un 34,4%, indicaron desde el Foro Economía y Trabajo (Foroeyt).
Detrás de la destrucción del mercado interno, la administración de Javier Milei persigue una mayor primarización de la economía. Sin consumidores, podría prescindirse de cualquier mínimo desarrollo industrial con valor agregado. El Foroeyt, integrado por referentes de la CGT, ambas CTA, cooperativistas y pequeñas y medianas empresas, lo definió como la pretensión de instalar “un país factoría”.
“Tener una economía donde los bienes son caros incluso en relación a los internacionales, y los salarios baratos en relación a los salarios del resto del mundo, no tendrá por resultado exportaciones con valor argentino agregado, ni mercado interno, ni desarrollo industrial propio. No podrá ser más que una factoría colonial exportadora de sus recursos naturales, que siempre han sido el objetivo de los países centrales”, puede leerse en el documento titulado “¿Nación o factoría?”, publicado el pasado 19 de abril.
El bienestar social, un beneficio exclusivo para la casta mileista.
En febrero de 2024, el índice de ventas totales en supermercados a precios constantes que difunde el Indec dio cuenta de una caída de 11,4% respecto a igual mes de 2023, mientras que en el acumulado del primer bimestre la merma alcanzó al 12,7%.
El derrumbe del consumo no solo se constata por el menor nivel de las ventas medidas a precios constantes sino en cantidad de operaciones. En diciembre del año pasado, las transacciones registradas habían llegado a las 88 millones, con un ticket promedio de 12.900 pesos; al mes siguiente, descendieron a 79 millones, mientras que en febrero fueron 75 millones. El ticket promedio se ubicó en los 15.797.
Los datos vinculados al consumo para el primer bimestre del año se encuentran en línea con el descenso de la activad industrial en las diferentes ramas de la economía; la recesión se detecta hacia el interior de cada fábrica cuyos niveles de utilización de la capacidad instalada apenas orillan el 50%.
Cuando se conozcan los datos oficiales para marzo no se modificará ninguno de los fotogramas de esta película de miseria planificada. El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que durante el tercer mes del año hubo un retroceso en el consumo calculado en 3,8% interanual.
“El rubro de indumentaria y calzado mostró en el tercer mes del año un decrecimiento estimado de 11,2% interanual. Se explica por la gran caída del ingreso de los hogares y la postergación de consumos no fundamentales para la vida cotidiana”, destacaron en su último informe.
Preguntas incómodas
Con el relevamiento cuantitativo sobre los niveles de consumo, el Indec también lleva adelante una encuesta cualitativa destinada a los directivos de las principales cadenas de supermercados y comercios de cercanía. “¿Qué factores limitan su capacidad para aumentar la actividad comercial?”. Esta es una de las consultas habituales.
En diciembre, el 56,4% de los encuestados sostenía que la principal dificultad para mejorar la actividad provenía de la demanda, es decir, por el lado de los consumidores y su capacidad adquisitiva. Para enero, ante la misma pregunta, el guarismo permanecía más o menos en el mismo nivel (55,9%).
Pero en febrero, la percepción se modificó. El 62.9% de los encuestados sostuvo que la principal dificultad para aumentar la actividad comercial proviene de la demanda. “No hay plata”, insistía Milei para justificar su ajuste de shock. “La mano invisible del mercado vació las billeteras antes de que llegaran a los locales”, ironiza, ahora, un supermercadista. Todo tiene que ver con todo.
“¿Qué cambios espera durante los próximos 3 meses respecto al número de personas empleadas en su empresa?”, preguntó el Indec. En diciembre del año pasado, el 21,8% de los encuestados respondía que tendría que disminuir personal en el corto plazo. Para febrero, dicho guarismo llegó al 25,8%.
“El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 20,6% entre diciembre y marzo de este año y el de las jubilaciones mínimas, un 34,4%, lo que los ubica por debajo de la línea de la pobreza”. Así lo informó el Foro Economía y Trabajo (Foroeyt), integrado por representantes de la CGT, ambas CTA, cooperativistas y pequeñas y medianas empresas.
Nada de lo que ocurre en el país podría catalogarse como un error de cálculo. La administración Milei ejecuta todos los días su programa de miseria planificada, que desde el inicio contemplaba la destrucción de los ingresos, el aumento de la precarización social y la pobreza.
“Con la ilegal vigencia del DNU 70/23 el Gobierno de Javier Milei desmantela el debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización solo favorece el aumento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios, yendo hacia un esquema mundial de precios que definen ellos”, agregaron desde el Foroeyt.
De acuerdo al documento titulado “¿Nación o factoría?”, que lleva las firmas de Felisa Miceli, Ricardo Aronskind, Roberto Feletti, Pablo Manzanelli, entre otros, las grandes corporaciones que manejan los precios en el país poseen una operatoria transnacional que les permite apropiarse del excedente económico argentino, “que debiera encauzarse hacia la inversión productiva”.
Cuando el Estado se retira, los privados mandan de manera autoritaria. “Agobia el aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas. Esto se suma a la desmesura de la mayoría de los precios, incluso de los alimentos, medicamentos e insumos difundidos, que no se corresponden con sus costos reales de producción. Así se compromete la vida de millones de argentinos, el entramado socio productivo de nuestro país y su integración nacional”, concluye el texto publicado por el Foro Economía y Trabajo.
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