El sistema penitenciario invierte entre seis mil y ocho mil pesos por mes en cada preso de acuerdo con información oficial. La cifra global es de unos 21.000.000 mensuales, pero la sobrepoblación y la falta de personal especializado como psicólogos sigue siendo un problema que atenta contra el objetivo de la reinserción.

A pesar que desde que asumió Juan Manuel Urtubey se han realizado obras infraestructurales, los internos siguen rebasando la capacidad de alojamiento de las unidades penales.

Actualmente, todas las cárceles y alcaidías cuentan con una capacidad de alojamiento total de 2.531 plazas; sin embargo, la población carcelaria supera los 2.650 internos.

No obstante, el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de Salta, Martín Martínez, asegura que mientras los internos se incrementaron en un porcentaje menor al 50% desde que empezó su gestión en 2007, el personal penitenciario creció más del doble.

Según Martínez, los empleados a su cargo pasaron de 890 a 2.500 en ocho años al frente de la repartición gubernamental, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Pamela Calletti.

A pesar de ese crecimiento en la planta de empleados, Martínez admite que aún hay solo 10 psicólogos para toda la población carcelaria.

El funcionario reconoce además que por cada interno se gastan hasta 8.000 pesos, por eso considera que es necesario pensar en "mecanismos alternativos de cumplimiento de pena".

"Si bien nosotros no construimos un establecimiento penitenciario grande, tuvimos una meta final muy grande: poder construir 600 plazas nuevas", resalta el funcionario. Sin embargo, el balance sigue siendo negativo y no dejó de haber hacinamiento.

En el penal de villa Las Rosas, la Unidad Carcelaria Número Uno, el cupo de presos permitido es de 1.010, pero actualmente hay alojados 1.129 hombres. La otra situación destacada en lo que a superpoblación respecta se registra en la Unidad Carcelaria Número Tres de Orán, donde la relación es de 325 plazas para 366 personas.

En ese sentido, Martínez trastabilló al ser consultado por este medio y estimó que "el alojamiento real excede en sólo 70 personas a la capacidad".

Nuevos espacios

En 2014, según consta en un informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (Sneep), en Salta había siete espacios para alojar a presos: seis unidades y una alcaidía.

Por esos momentos la sobrepoblación desbordaba en 520 personas a la capacidad de alojamiento: había 1.896 lugares para 2.416 internos. Cinco de esos siete espacios padecían la superpoblación.

En la actualidad se acrecentó la cantidad de prisiones del sistema penitenciario y, por ende, se redujo la brecha. La Provincia cuenta con tres alcaidías, una granja penal y ocho unidades penitenciarias. La creación de 600 nuevas plazas, según estima Martínez, no fue suficiente para resolver el problema que se diagnosticaba hace dos años.

Justamente en enero de 2014, el Ejecutivo provincial adhería a la ley de microtráfico y desfederalizaba la persecución de la venta al menudeo.

Los presos debían ir a parar a la flamante cárcel federal situada en la localidad de General G�emes. Entonces, esta población volvía a ser responsabilidad del sistema penitenciario salteño.

Martínez estima que han sido unos 400 los presos que ingresaron a las cárceles desde que se emprendió la "lucha contra el microtráfico".

Sobre la muerte de René Ortiz a fines de mayo del año pasado, una situación dudosa porque el interno se incineró solo en una cárcel de máxima seguridad, Martínez afirmó que los videos de las cámaras de vigilancia ya están en el expediente. También dijo que puede dar fe de que los agentes penitenciarios hicieron todo para tratar de salvar al extinto.