Por: Agustina Bordigoni.

Desde que asumió, entre designaciones, renuncias y reemplazos, el Gobierno publicó más de 1700 nombramientos. Según un relevamiento que hizo PERFIL en base a las disposiciones del Boletín Oficial, más de 780 funcionarios están exceptuados de cumplir los requisitos mínimos de contratación, como un título universitario o experiencia en puestos similares. Esto representa un 46% del total de quienes ingresaron desde el 11 de diciembre de 2023.

Hace unas semanas el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que "en línea con la racionalización del Estado que se viene haciendo desde el principio de la gestión, el Gobierno nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados” que trabajan en distintas dependencias de la Administración Pública Nacional. Y agregó que “esto está establecido en la ley Bases y va a ocurrir en diciembre, cuando estos contratos vencen”.

Efectivamente, el 5 de agosto el Gobierno publicó la Resolución 695/24 que reglamentó la modificación de la ley de Empleo Público (25.164). Ese mismo día, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó en su cuenta de la red social X que esta modificación incluye “un examen objetivo de competencias”, que “deberá rendir cada empleado público que ingrese”. En el mismo posteo celebró la medida como una disposición “anti ñoquis” que va en el sentido de “evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”.

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Mientras tanto, el 58% de los funcionarios designados por el Gobierno solamente en el mes octubre no cumple con lo establecido en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo para ocupar esos cargos, o al menos la exclusión de tener que cumplir con esta regla consta en 74 de las 126 disposiciones de este mes. La experiencia laboral acreditada, el título universitario o la especialización profesional figuran entre los requerimientos mínimos indispensables.

Por otro lado, también figuran, aunque en menor medida, otras particularidades en las reglas de contratación. Entre las más frecuentes aparece la de eximir a quienes ocupan altos cargos del cumplimiento del “artículo 5 inciso f) del Anexo de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional”.

Esto significa que los funcionarios están exentos de cumplir con la ley que determina que están inhabilitados para ingresar a esos puestos quienes “tengan la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad”.

En contrapartida, para el resto de los empleados estatales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dispuso esta misma semana, en la Resolución 3/2024, “intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”.

La decisión de obligar a quienes cumplan con la edad y años de aportes necesarios para jubilarse afectaría, estiman, a 10.000 personas. La medida está fundamentada, según la resolución oficial, en la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética declarada por el plazo de un año en la ley Bases y en la “reorganización administrativa” que esa norma estipula.

Según el último informe del Indec sobre la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, de diciembre de 2023 a agosto de este año la cantidad de personas que trabajaba en estas dependencias pasó de 341.473 a 309.849, lo que implica una baja de 33.504 puestos.

En promedio, el Gobierno designó, en el mismo periodo, a 8 funcionarios por día.