Un ex integrante del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército mencionó vínculos entre el diario El Día de La Plata con la última dictadura cívico militar al asegurar que desde el área en la que desarrollaba tareas se encargaba a esos medios de comunicación “encuestas encubiertas”. Lo mismo –dijo– se ordenaba hacer en Radio Provincia. La declaración fue realizada en el marco de una indagatoria por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, que funcionó detrás de la cárcel de Lisandro Olmos. Su declaración continuará el próximo miércoles. La audiencia se suspendió por un corte de luz.

Anselmo Pedro Palavezzati fue el último de los acusados en declarar pero el primero que aportó un dato nuevo y así abrió la puerta a una nueva arista investigativa: el rol de los medios de comunicación de La Plata durante los años de plomo.

Con tono pausado y claridad de docente, el acusado aseguró que desde la repartición en la que cumplió funciones en 1977 “se encargaban encuestas encubiertas al diario El Día y a Radio Provincia”, pero negó que las informaciones sobre “el humor social” hayan sido utilizadas para “tareas de inteligencia”.

El teniente coronel Palavezzati fue jefe de la sección Reunión Interior. Negó ser oficial de “operaciones” y dijo que su tarea era recabar información analizando medios de comunicación gráficos de la época. Luego elaboraba un informe y lo elevaba a sus superiores y dijo “desconocer” lo que la plana mayor militar hacía con la información colectada. “Nosotros colaborábamos en forma muy sencilla, hacíamos inteligencia primaria”, dijo ante los jueces.

La declaración de Palavezzati continuará el próximo miércoles 12 de febrero a las 10 en la sede de la ex AMIA La Plata, de calle 4 entre 51 y 53. Un corte de luz obligó al Tribunal a realizar un cuarto intermedio hasta esa fecha, cuando también comenzarán a declarar sobrevivientes del horror.

Escenarios. Con el dato aportado por el testigo pueden abrirse varios caminos. Los jueces tienen facultades para ordenar la apertura de una investigación judicial para determinar qué, cómo y quiénes formaban parte del vínculo entre represores y medios de comunicación mencionados por el testigo.

Otra posibilidad es que lo solicite el representante de la Fiscalía en el transcurso de los alegatos o lo hagan los querellantes particulares que participan en el juicio oral. Tampoco son ajenas las áreas de defensa y promoción de Derechos Humanos de la municipalidad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional.

El rol de los medios de comunicación durante la dictadura cívico militar es una de las tramas de los años de plomo que la justicia argentina y la sociedad aun no ha profundizado en el camino de la reconstrucción de la memoria social y colectiva. Sobre este tema el sitio web Otros Círculos publicó un puntilloso informe.

El caso. El tribunal decidió unificar tres causas en este proceso que tiene a 147 víctimas. Trece ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército (Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Luis Orlando Perea, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzati, Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla, Claudio Raúl Grande y Miguel Ángel Amigo, juzgado por una causa residual) junto a dos penitenciarios: Héctor Raúl “El Oso” Acuña e Isaac Crespín Miranda.

También están sentados en el banquillo de los acusados cuatro policías bonaerenses (Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones; Eduardo Gargano, director general de Seguridad; Horacio Elizardo Luján, jefe de la Unidad Regional La Plata, y Julio César Garachico, también de la Unidad Regional La Plata). Un militar retirado de la Armada, Juan Carlos Herzberg, integrante de la Fuerza de Tareas 5 y el civil, Jaime Lamont Smart (ex ministro de Gobierno).

Cabe agregar que dos importantes represores que estuvieron imputados se libraron del juicio por la llamada “impunidad biológica” ya que fallecieron durante la sustanciación de las actuaciones. Ellos son el ex jefe del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, coronel Arias Duval, y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean.

Entre los casos que se investigan en este megajuicio están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzga la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

Los represores bautizaron al centro clandestino ubicado detrás de la cárcel de Lisandro Olmos en honor a Cachavacha, la bruja de un dibujo animado de Manuel García Ferré. Su escoba tenía poderes mágicos: era capaz de hacer desaparecer aquello que barría. Estaba en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (Destacamento 101) y dependía operacionalmente de la Décima Brigada de Infantería de La Plata. Y reportaba, a su vez, a dos estructuras militares: al Primer Cuerpo de Ejército y al Batallón de Inteligencia 601.

El campo estaba entre calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), contigua al penal de Olmos, en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.

Cabe recordar que el pasado miércoles declararon Etchecolatz y Smart, dos piezas claves en la estructura represiva desplegada en la provincia de Buenos Aires durante los años de plomo. Las condenas a perpetua que ya están cumpliendo, dan cuenta de ello.