Los legisladores de Republicanos Unidos Roberto García Moritán y Marina Kienast firmaron un proyecto para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cobre por los servicios de salud y de educación que les presta a personas que no tienen domicilio en la Capital. Este universo es extenso, si se tiene en cuenta el elevado flujo de personas que recibe el territorio porteño cada día.

De acuerdo los fundamentos que plantea la iniciativa serían las administraciones de la provincias las que afrontarían esos costos.

El proyecto ingresó a la Legislatura porteña bajo el nombre de “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”, y plantea en su primer artículo la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional, para que actúe entre la Ciudad y las provincias, y que abarque a los sistemas de salud y de educación públicos.

La iniciativa prevé que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.

El proyecto de ley también determina la forma en que se notificarían esas deudas a cada jurisdicción y aclara: “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

En el tercer apartado, el proyecto especifica cómo deberá ser esa compensación para el caso de la educación. Allí consigna que los padres y tutores que tengan hijos o niños tutelados domiciliados fuera de la Ciudad, y que los inscriban en el sistema de educación pública capitalino, tendrían que registrarse primero en una página web, con la que la administración porteña evaluaría la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes.

“Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”, indica la iniciativa.

Kienast señaló: “Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”.

👩🏼‍💻 Presentamos un proyecto de ley para crear un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias, que abarca al sistema de Salud Pública y de Educación Pública. pic.twitter.com/LSEEyfDIII

— Marina Kienast (@kienast_marina) June 27, 2022