El intendente subrayó que Montecino, propietario de un taller, ocupó ilegalmente el predio y efectuó una construcción no autorizada por el municipio, de modo que reiteró que "son unos caraduras" por pretender defensa en cuestiones que son indefendibles.

Además, Buzzi llamó la atención de los contratistas que requieren los servicios "de esta irregular empresa que tiene conductas y prácticas irregulares en la ciudad" y reivindicó el accionar del municipio, que se reiterará ante cada caso de esta envergadura.

También se refirió al respecto el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, que si bien manifestó desconocer el contenido formal de la denuncia, recordó que el procedimiento se encuadra en las consideraciones de obra ilegal, tras la aplicación del Código de Edificación y que la orden de demolición fue librada por un juez de faltas. "Hicimos todo los pasos y continuamos con todas las garantías que indican las normas de procedimiento municipal", enfatizó.

Echelini puso el acento en que se trata de una obra que no recibió autorización de la Dirección de Obras Particulares del municipio, que es esto lo que la constituye como obra ilegal, punto sobre el que sí tiene facultades de actuación un tribunal municipal, pese a que se encontraba en un predio usurpado al Estado nacional.

Por otra parte, Echelini enunció que será la justicia quien decida si una denuncia de este tipo es legítima, sobre la base de la tenencia de títulos que puedan acreditar los denunciantes. Y hasta donde entiende el municipio, Montecino es uno de los tantos ocupantes ilegales del predio y fue notificado de las faltas al Código de Edificación, argumentó el secretario de Gobierno.

En este punto relativo a las usurpaciones, Echelini diferenció el caso de las viviendas particulares porque en esas situaciones se suma el componente de las familias que los habitan, de modo que no se puede cometer la destrucción de las construcciones sino dar intervención a un juez para que dicte el desalojo.